El camino hacia la nueva embajada colombiana en Ramala pasa por Jerusalén

Colombia cree que ha llegado el momento de abrir una embajada en territorio palestino en medio del peor momento en las relaciones con Israel. Una decisión que ha estado sobre la mesa en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, desde hace por lo menos un cuarto de siglo. El conflicto en Oriente Medio, sin embargo, es un asunto vidrioso y la tarea ha sido aplazada, o mirada de soslayo, por diferentes mandatarios. Con la llegada del presidente Gustavo Petro, un confeso admirador de la causa palestina, las cosas parecen haber cambiado y el proceso podría encarrilarse.

El anuncio, sin embargo, está revestido de un velo simbólico y el proyecto de sumar una bandera colombiana a las 40 sedes diplomáticas ya existentes en Ramala, la capital administrativa de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), se antoja lejana. Lo dice Alexander Moreno, experto en relaciones internacionales y director del Centro Colombiano de Estudios Árabes: “Se debe tener en cuenta que Israel controla toda la política migratoria de la zona, sea por tierra o por aire. Los Acuerdos de Oslo (1993) establecieron que les corresponde [a Israel] permitir, o no, el ingreso de las delegaciones diplomáticas que vayan para Cisjordania”.

Colombia es, desde 2018, uno de los 143 países de la ONU que reconocen el Estado palestino. Un proceso largo y tortuoso de relaciones exteriores donde cualquier movimiento diplomático puede ser interpretado como una afrenta por cualquiera de las partes. De hecho, la gran mayoría de países hoy no tienen oficinas diplomáticas en Ramala y suelen gestionar sus asuntos consulares desde Jerusalén o El Cairo.

“En Ramala ya hay misiones diplomáticas de Brasil, México, Chile o República Checa”, recuerda el experto en relaciones internacionales Mauricio Jaramillo Jassir. A renglón seguido reconoce que será un proceso dispendioso. “Habida cuenta de que no hay relaciones diplomáticas con Israel desde principios de mayo, me parece que no va a ser fácil porque en los acuerdos de Oslo se pactó que Israel debe dar el aval para la llegada de embajadores en Cisjordania”. Y el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu hará “hasta lo imposible” por bloquear la llegada de nuevas misiones diplomáticas, remata.

Conviene recordar que la creación del Estado de Israel, hace 76 años, supuso la partición del hasta entonces protectorado británico de Palestina. Desde entonces, el Ejército israelí ha ocupado, por un motivo u otro, extensas porciones de territorios vecinos en una historia de violencia, fanatismo religioso y desconfianza geoestratégica que ha privado de paz a la región y de un territorio a millones de palestinos hacinados en Gaza y en Cisjordania, dos zonas separadas entre sí. Para complicar más las cosas, la milicia radical islamista de Hamás, que tiene entre sus objetivos fundacionales destruir Israel, gobierna Gaza desde 2021.

El penúltimo capítulo en este conflicto ha eclipsado la posibilidad de avanzar hacia una negociación. Hamás perpetró el 7 de octubre del año pasado un ataque contra Israel que dejó 1.200 muertos y más de 200 secuestrados. La respuesta militar israelí se ha cobrado la vida de unos 36.000 palestinos. De poco ha servido la presión internacional para detener la operación de las tropas israelíes, que en los últimos días han atacado los últimos reductos de territorio sin bombardear en Rafah, la única salida a Egipto desde la empobrecida Franja de Gaza.

No es de extrañar que Alexander Montero añada las limitaciones materiales y de infraestructura de un territorio asediado por la guerra y que depende por completo de los puertos y aeropuertos israelíes a las dificultades para estrenar una representación diplomática en Ramala: “A la ocupación debemos sumar que, procedimentalmente, todo se canaliza a través de Israel. Los controles fronterizos y las autoridades migratorias. Todo”. Y detalla que tampoco será una movida con mayores efectos prácticos, ya que el intercambio comercial entre los dos Estados es marginal: “La capacidad exportadora de Colombia a Palestina es bastante reducida”.

La de Ramala será una de las diez nuevas embajadas que el Gobierno ha anunciado. De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores, el funcionamiento anual de la sede en Palestina tendría un costo de 464.480 dólares, sin contar los salarios de la plantilla (más barata que la nueva sede en Arabia Saudita y más costosa que la de Rumania). Por lo pronto no han sonado nombres para ocupar la legación y a día de hoy no se conoce el número exacto de colombianos residentes en territorios palestinos: “Es muy complejo tener el censo exacto. Sí sabemos que hay los suficientes para pedir asistencia consular. Hay un registro de reclamos de la comunidad colombiana porque el cónsul en Tel-Aviv, por orden israelí, solo tiene un día al mes para ir a Ramala”, asegura Montero.

Esa visita mensual, en las condiciones actuales, no está garantizado para los 200 o 300 ciudadanos que Montero calcula a vuelo de pájaro. El mensaje, para Jaramillo Jassir, es netamente simbólico. “Hay que ser muy pragmático. Esto, al igual que el reconocimiento de España, Noruega e Irlanda, es una forma de recordar que hay dos Estados. También es una señal de coherencia que empezó desde 1947, cuando Colombia se abstuvo en la votación de la resolución 181 de las Naciones Unidas [que definió la partición en dos Estados] porque se pensaba que podía afectar el derecho de los Estados árabes”.

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