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Petro busca las mayorías en la Comisión Séptima de la Cámara para aprobar sus reformas sociales

De los 21 congresistas que componen esta célula legislativa, 11 son de la bancada del Gobierno, 6 están indecisos y 4 hacen parte de la oposición. La mayoría se logra con 12 votos

Juan Miguel Hernández Bonilla

Los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes tienen en sus manos el futuro de las tres grandes reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro. La reforma pensional comenzará a discutirse allí el martes de la próxima semana, la laboral inició en ella su trámite en diciembre y la nueva reforma a la salud, que el Gobierno pretende presentar con mensaje de urgencia en los próximos días, llegaría a la misma Comisión. ¿Qué parlamentarios componen esta célula legislativa?, ¿tiene mayorías el Gobierno para sacar adelante sus proyectos de ley?, ¿le alcanzan los tiempos?

La Comisión Séptima está conformada por 21 congresistas. Como su homónima en el Senado, se encarga de discutir temas relacionados con la seguridad social. Por eso las reformas de salud, pensiones y de condiciones laborales se discuten y se aprueban allá. Además, trata asuntos como el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, la recreación, el deporte, las organizaciones comunitarias, la vivienda y la economía solidaria.

La bancada del Gobierno suma 11 representantes, uno por debajo de la mayoría necesaria para aprobar los proyectos. Son María Fernanda Carrascal, Alfredo Mondragón, Agmeth Escaf y Alexandra Vásquez (del oficialista Pacto Histórico); Martha Alfonso Jurado y Juan Camilo Londoño, (del ala gobiernista de la Alianza Verde); Juan Carlos Vargas Soler y Karen Juliana López, (de las curules de paz); Germán José Gómez, (de Comunes, el partido de las extintas FARC); Camilo Esteban Ávila (de la U, representante por el amazónico Vaupés) y María Eugenia Lopera (antioqueña, del Partido Liberal). Lopera es la presidenta de la Comisión, encargada de determinar el orden del día y ordenar el debate. En los últimos meses de la legislatura pasada, la congresista liberal, del grupo político del cuestionado exsenador liberal Julián Bedoya, fue una aliada clave para la aprobación en primer debate de la fallida reforma a la salud. También fue una de las primeras representantes que se distanció públicamente de César Gaviria, expresidente y director del Partido, para apoyar las iniciativas del Gobierno.

Entre los 10 congresistas restantes, 6 están indecisos. El Gobierno ha buscado acercamiento con ellos en estos días, tratando de conseguir los votos que garanticen el éxito de las reformas. Son Víctor Salcedo, vallecaucano del Partido de la U, cercano a la gobernadora Dilian Francisca Toro y quien ha apoyado algunos puntos de la reforma laboral y otros de la reforma a la salud; Hugo Alfonso Archila, Héctor David Chaparro y Germán Rogelio Rozo Anís, del Partido Liberal; y Gerardo Yepes y Jorge Alexander Quevedo, del Partido Conservador. En la anterior legislatura, Quevedo desobedeció las directrices de su colectividad y ayudó al Gobierno en el trámite de la reforma a la salud. Su voto fue negativo, pero su presencia en el recinto permitió el cuórum necesario para que se aprobara el proyecto de ley.

Los cuatro congresistas restantes hacen parte de la oposición: Jairo Humberto Cristo y Betsy Judith Pérez, de Cambio Radical; y Juan Felipe Corzo Álvarez y Andrés Forero Molina, del Centro Democrático. Forero, exconcejal de Bogotá, fue el representante que se opuso con más vehemencia a la primera reforma a la salud y se espera que ahora lidere las estrategias de la derecha para evitar que los proyectos de ley avancen.

La sombra de la UNGRD

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Uno de los argumentos más poderosos para frenar los proyectos es el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), que ya salpica al presidente del Senado, Iván Name y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Los exdirectivos de la Unidad Sneyder Pinilla y Olmedo López han acusado a Name y a Calle de recibir multimillonarios sobornos para supuestamente acelerar el trámite de las reformas de Petro. Esta polémica ha generado que el trámite de los proyectos del Gobierno en el legislativo se frene. Además, en los últimos días, medios de comunicación nacionales acusaron a la representante Lopera y su jefe político, Julián Bedoya, de tener cuotas políticas en la UNGRD, dada la relación de Olmedo con ellos y otros exponentes de la política tradicional en Antioquia. Esas denuncias podrían hacer más lento el proceso y asfixiar por un tiempo a las reformas de Petro.

Sneyder Pinilla y Olmedo López, en una imagen de archivo.
Sneyder Pinilla y Olmedo López, en una imagen de archivo.UNGRD (EFE)

Pese al escándalo, el Gobierno en cabeza del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y su colega de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, cree que es posible llegar a acuerdos con los congresistas para que la reforma pensional se apruebe pronto en la comisión. Los números les dan la razón en su optimismo. Con convencer a uno o dos de los representantes indecisos, avanzaría la reforma social del Gobierno que va más adelante en el trámite, y la que se ha convertido en la bandera de Petro, después del hundimiento de la reforma a la salud. Dos personas que trabajan de enlaces entre el Gobierno y el Congreso le confirmaron a EL PAÍS que en este momento hay ambiente para la aprobación del proyecto de ley, siempre y cuando se mantenga el umbral de cotización en los fondos públicos en 2,3 salarios mínimos como se acordó en el Senado y no en 4, como quiere el presidente. La representante Martha Alfonso, ponente de la reforma, ha dicho que subir el umbral a ese nivel en la ponencia implicaría un debate que puede hundir el proyecto, que tiene hasta el 20 de junio para ser aprobado en comisión y plenaria de la Cámara.

Frente a la reforma laboral, la expectativa del Gobierno es que se destrabe mientras se consiguen los votos para la pensional, y así se pueda evitar el hundimiento que se da si para el fin de la legislatura no ha sido aprobada en su totalidad en este primer debate. Hasta el momento, la comisión ha aprobado 16 de los 90 artículos que la componen, incluidos la estabilidad laboral reforzada, el pago de parafiscales para los empleados de plataformas digitales como Uber o Rappi y el contrato especial agropecuario para los campesinos.

Quedan cinco semanas para el final de las sesiones del Congreso. Mientras avanzan y se discuten las dos reformas que ya están sobre la mesa, el Gobierno tendrá que decidir si presenta su nueva reforma a la salud, y si lo hace, como ha anunciado el presidente, con mensaje de urgencia. De hacerlo, la deberían discutir en simultánea las comisiones de Cámara y Senado, con prioridad sobre los demás proyectos. En la práctica, eso dejaría muy apretados los plazos para la pensional y la laboral, a menos que Petro convoque a sesiones extras, que pueden ir hasta el 19 de julio, para darle oxígeno al paquete completo que, en cualquier caso, tiene un ambiente favorable en la comisión clave.

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Juan Miguel Hernández Bonilla
Periodista de EL PAÍS en Colombia. Ha trabajado en Materia, la sección de Ciencia de EL PAÍS, en Madrid, y en la Unidad Investigativa de El Espectador, en Bogotá. En 2020 fue ganador del Premio Simón Bolívar por mejor reportaje. Estudió periodismo y literatura en la Universidad Javeriana.
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