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La estafa digital de Daily COP deja una trama política borrosa que golpea a Petro

El caso reabre los interrogantes sobre el vacío regulatorio para las criptomonedas en Colombia

Venta de criptomonedas
Mujer vendiendo criptomonedas a través de un teléfono móvil.Xavier Lorenzo (Getty Images)
Camilo Sánchez

La estructura digital de Daily COP descansaba sobre los mismos pilares y trucos de las estafas financieras de siempre. Hoy los investigadores de la Fiscalía colombiana tratan de desenmarañar las tuercas y circuitos de la operación y localizar a todos los responsables del publicitado como primer criptoactivo colombiano. Una misión sujeta a la impenetrabilidad de ciertos agujeros negros del ciberespacio por donde se esfumaron parte de los 126.000 millones de pesos captados (unos 32 millones de dólares). Por lo pronto se ha determinado que el número de afectados asciende a 120.000 y que entre ellos se cuentan influenciadores como Yeferson Cossio o Elizabeth Loaiza, que se prestaron como carnada para catapultar el lanzamiento de la divisa digital en las redes sociales.

El penúltimo capítulo, y uno de los más borrosos, enlaza a la campaña presidencial de Gustavo Petro con el supuesto préstamo de un avión Súper King 300 adquirido, según uno de los 11 procesados por la estafa, por los directivos de Daily COP. La historia se conoció a través de Víctor Muñoz, del abogado de Omar Hernández, uno de los responsables dentro del caso de captación y estafa masiva. El penalista explicó a Caracol Radio que su cliente quiere colaborar con la Fiscalía y que, entre la información a revelar, está la compra de la aeronave. Luego, en su versión a El Tiempo, Hernández menciona dos reuniones en una pastelería del norte de la capital donde participaron, según dice, los impulsores de Daily, José Benavides y Sebastián Betancourt, así como el gerente de la campaña de Petro y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

La W Radio difundió hace una semana un comunicado en el que Betancourt, impulsor de la criptodivisa, refuta la tesis del abogado Hernández y señala que nunca hubo aportes en dinero o especie a la campaña presidencial del Pacto Histórico. Detrás de las reuniones, contraataca Hernández, se hallaba un trapicheo de favores económicos y legislativos para regular las cripto. Cuatro fuentes del mundo digital señalan que son insinuaciones sin sustento, para desviar el foco de las investigaciones y buscar un principio de oportunidades con la justicia. Los intentos para reglamentar el uso de las criptomonedas en Colombia, recuerdan, vienen de mucho tiempo antes de que existiera Daily COP.

La Fiscalía General acusó a los socios de Daily Cop como testigos claves de una presunta financiación irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La Fiscalía General acusó a los socios de Daily Cop como testigos claves de una presunta financiación irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro.Christian EscobarMora

Pero las declaraciones del desconocido abogado se han llevado todo el foco noticioso. Y por el camino las historias, tan escabrosas como difíciles de sustentar con exactitud, se han multiplicado. Basta recordar que Juan José Benavides, artífice del timo digital junto a Betancourt, reveló hace un par de años que fue secuestrado en Argentina durante 9 días por delincuentes que decían ir en nombre de alias Otoniel, el entonces jefe del Clan del Golfo. Desde entonces se ha especulado que narcotraficantes de la organización criminal se sirvieron durante algún tiempo de los servicios en la plataforma para lavar dinero.

Ninguna de las seis fuentes consultadas, todas bajo condición de anonimato, se atreve a negar ni a asegurar que los acercamientos entre Daily COP y los responsables de la campaña petrista se hayan materializado. Y las investigaciones periodísticas se limitan a soltar pistas y retazos de informes de la Fiscalía, o del Consejo Nacional Electoral, donde se indaga desde enero sobre el tipo de operaciones y funciones que cumplió la aeronave que ha saltado a los titulares.

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Para los investigadores, en todo caso, algo no cuadra en la operación del avión con matrícula HK5328-G durante esos días de 2022. ¿Fue comprado por los 2 millones de dólares mencionados en casi todos los informes de prensa? ¿De dónde provenía el dinero para su adquisición? ¿Quién asumió los costos del combustible durante el tiempo en que fue usado, supuestamente, por la campaña política? ¿Qué pasó con la aeronave tras la contienda electoral? Preguntas sin respuesta y que por lo pronto no admiten conjeturas en opinión de los entrevistados.

Mientras las autoridades resuelven los confusos nexos del entramado político y financiero, los detalles sobre el funcionamiento de la que fue presentada como la primera criptomoneda colombiana cada vez ganan más precisión. Se trata de un invento publicitado desde 2021 con la promesa a sus usuarios de una rentabilidad diaria del 0,5%, o 12% mensual de lo invertido. Pero su mayor atractivo era la promesa de que se convertiría en la primera “moneda estable” en Colombia. A saber, que se diferenciaría de las demás cripto colombianas en que su valor estaría eventualmente sujeto al respaldo del peso colombiano como valor externo para blindarla ante cualquier tipo de volatilidad en un mundo tan impredecible.

Este tipo de monedas son usuales en el mundo cripto con divisas como el Tether o USDT, las dos atadas al dólar. Sin embargo, la criptomoneda colombiana nunca contó con ninguna garantía sólida de respaldo y como cualquier esquema de estafa piramidal se derrumbó cuando sus usuarios empezaron a percatarse de que no les era posible retirar sus fondos de las llamadas billeteras digitales.

La estrategia de mercadeo ofrecía un servicio vacío y vaporoso. Sujeto, además, a una regulación que en Colombia ha resultado imposible. Si, por un lado, los últimos proyectos de ley han fracasado en su trámite legislativo, por el otro, los candidatos a asumir la vigilancia y control de la hipotética normativa han esquivado el tema durante años. La Superintendencia Financiera ha manifestado que no es un asunto de su jurisdicción porque las criptomonedas no son una “moneda de curso legal”. La Supersociedades ha respondido que tampoco le incumbe porque se trata de activos financieros. Y el Banco de la República ha ripostado con diplomacia que su función se limita a asuntos cambiarios y de política monetaria.

Ni el Congreso, ni las instituciones, ni los gremios involucrados se han puesto de acuerdo para sacar adelante un marco que alumbre la ruta por donde se mueven 26 billones de dólares anuales sin que nadie tenga certeza de su proveniencia o destino. De acuerdo con el último informe de la empresa de análisis estadounidense Chainalysis, Colombia ocupa el quinto puesto en compra y venta de criptomonedas en la región. Y si en algún momento llegó a ocupar el decimosegundo puesto a nivel mundial, el oscurantismo legal y otros factores han salpicado su rendimiento hasta jalonarlo al 32 y sumirlo en una zona de descrédito.

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Camilo Sánchez
Es periodista especializado en economía en la oficina de EL PAÍS en Bogotá.
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