Las dudas sobre la financiación de la campaña presidencial, más allá del choque entre Petro y Barbosa

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estuvieron atrapados por bloqueos para presionar la elección del reemplazo del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el pasado jueves, no han sido los únicos que han quedado en medio de la tensión institucional. También la búsqueda de respuestas sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 está en el centro del prolongado choque entre la Fiscalía y la Casa de Nariño.

El organismo investigador, que estará hasta este 12 de febrero bajo el mando de Barbosa —cercano al expresidente de derecha y antecesor de Petro, Iván Duque, quien lo ternó para el cargo y fue su antiguo compañero de universidad— adelanta un juicio contra Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Petro hijo, exdiputado del departamento del Atlántico y pieza clave en la estrategia electoral de su padre en el Caribe, declaró el año pasado que la campaña recibió dinero de forma ilegal, que una parte provenía de un exnarcotraficante y que hubo cantidades no declaradas. Aunque inicialmente había asegurado que, junto a su exesposa Daysuris Vásquez, se apropió del dinero a espaldas del candidato, cambió su versión en un giro del que se desprende en buena medida la confrontación entre su padre y el saliente fiscal.

Dos meses después de haber estado dispuesto a colaborar con la justicia, en septiembre de 2023, Nicolás se retractó: “me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre”, sostuvo. El proceso penal en su contra siguió avanzando, ahora sin su colaboración. Vásquez, por su parte, acordó un principio de oportunidad por el que durante dos años cesa la acción penal por la mayoría de delitos que le imputan, a cambio de entregar información efectiva. Hasta dónde llegarán sus confesiones es todavía una incógnita.

La Fiscalía no tiene competencia para investigar al presidente. Por su fuero especial, solo lo puede procesar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que abrió una investigación preliminar. Si encontrara fundamentos para acusar al mandatario, la plenaria de la Cámara tendría que aprobar por mayoría esa decisión, para luego iniciar un juicio político en el Senado. Pero la entidad liderada desde 2020 por Barbosa sí puede compulsar copias de sus hallazgos, aumentando la presión mediática y política, y procesar a particulares que hayan estado involucrados en algún delito asociado a la campaña presidencial.

Es en este punto donde la tensión entre el presidente y el fiscal próximo a terminar su periodo ha alcanzado la máxima temperatura, tras una seguidilla de enfrentamientos impregnados de divergencias políticas que vienen desde que Barbosa empezó a erigirse en una de las cabezas de la oposición política. A inicios de febrero, Petro advirtió sobre una supuesta ruptura institucional —una calificación errada, según los expertos—, como reacción a una inspección judicial a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el principal sindicato nacional de maestros, por una donación de 500 millones de pesos (unos 125.000 dólares) hecho al partido oficialista Colombia Humana y que presuntamente habría entrado a la campaña presidencial bajo cuerda.

La alerta de Petro surgió, además, cuando se movían rumores de una supuesta inminente imputación de cargos al exgerente de su campaña, Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera Ecopetrol, y a Dagoberto Quiroga, exdirector del partido y actual superintendente de Servicios Públicos. Esa decisión no se ha oficializado.

Tras las afirmaciones de Petro no han surgido nuevas decisiones judiciales, pero la Fiscalía mantiene algunas indagaciones preliminares. “Los hechos continúan siendo investigados conjuntamente por la delegada ante al Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción”, ha explicado la entidad.

El exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, un político de la izquierda liberal, considera que, al margen de la tormenta política, hay razones para indagar. “Por lo menos sí hay elementos relacionados con la financiación de la campaña. La violación de topes puede configurar un delito por parte del gerente. Si toca al presidente, hay elementos para que el Congreso adelante una investigación para determinar si los hechos pasaron o no”, indica. La Ley 1864 de 2017 contempla que “el que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.

El abogado penalista Fabio Humar coindice con la importancia de dar espacio a las investigaciones. “No sería la primera campaña que es escrutada por la Fiscalía. La de Juan Manuel Santos lo fue y su gerente estuvo preso, por ejemplo. Todo escrutinio, por severo que sea, debe suceder y es bienvenido”, señala.

Por su parte, la periodista y analista María Elvira Samper considera que se está creando un ambiente para deslegitimar a la justicia, motivado por la politización de la Fiscalía. “Petro todo lo que haga la justicia lo está considerando una persecución. Está construyendo ese relato del golpe blando encabezado por el fiscal, que, a su vez, ‘ha dado papaya’ y se ha extralimitado. El fiscal debería pronunciarse por los fallos de sus fiscales y no por sus puntos de vista políticos e ideológicos. Me parece que al presidente se le ha ido la mano en esta oportunidad”, opina. Y agrega: “No creo que haya una ruptura institucional, pero hay un choque de trenes que está escalando cada vez más y cada uno a su manera está jugando con fuego”.

A todo este escenario se suma el capítulo del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, uno de los alfiles del presidente Petro en la campaña presidencial. A mediados de 2023, antes de las primeras declaraciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía, se conocieron varias grabaciones en las que Benedetti, trenzado en una enemistad por celos políticos con su exsecretaria privada y entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, amenazó con correr un velo para golpear al Gobierno.

“Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”, decía en la discusión con Sarabia que fue publicada por la revista Semana. En su furia al sentirse distanciado del despacho presidencial, aseveró: “Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí no ganan”.

Esos audios le costaron a Benedetti una indagación de la Fiscalía por presunta financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. El expediente se sumó a otros que tenía a cuestas como excongresista: uno por delitos contra mecanismos de participación democrática en el que se indaga sobre posibles actividades ilícitas, como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y financiación de grupos paramilitares; otro por enriquecimiento ilícito de servidor público y uno más por interés indebido en la celebración de contratos.

Cuando Benedetti renunció a la embajada por orden del presidente, La Fiscalía envió sus procesos a la Corte Suprema de Justicia. Ahora ha vuelto al Gobierno como embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas”, le había advertido a Sarabia. La Corte evaluará si sigue a cargo de los procesos o si regresan nuevamente a la Fiscalía.

Sarabia, la exjefa de gabinete que también había salido en medio de una de las peores crisis del primer año de Gustavo Petro en el poder, regresó al Gobierno en septiembre como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), la entidad que maneja los subsidios a las familias más vulnerables del país. Afronta una investigación de la Fiscalía por el posible uso irregular del polígrafo a la exniñera de su hijo, Marelbys Meza, en un caso de hurto de una suma en efectivo en su casa, a comienzos de 2023. En el frente de la campaña, la funcionaria ha afirmado ante el Consejo Nacional Electoral que su rol era la construcción de la agenda del entonces candidato, sin relación alguna con la financiación.

Samper, la periodista, subraya que el presidente está sumido en una cantidad de escándalos causados por su círculo más cercano. “Está obedeciendo a una estrategia muy clara, que es que la mejor defensa es el ataque, poniendo en duda las decisiones de la justicia para mermar su credibilidad cuando están avanzando procesos que pueden incluso llevarlo a él a un juicio político”, argumenta.

Entre tanto, continúa en suspenso la elección de una nueva fiscal que debe hacer la Corte Suprema de Justicia de una terna de mujeres diseñada por el presidente y conformada por mujeres. El alto tribunal no tiene un plazo para decidir. Mientras lo hace, la vicefiscal de Barbosa, Martha Mancera, manejará la entidad. Una vez haya humo blanco, llegarán nuevas preguntas, como si el caso de Nicolás Petro amerita tener fiscal ad hoc.

Humar sugiere que los fiscales son autónomos, pero que sería una ingenuidad pensar que una nueva fiscal, ternada por el presidente, no tenga sentimientos de gratitud. “El deber de ingratitud es quizá el más importante pero el más difícil de ejercer en esos casos. Lo que sí es claro es que, dado el nivel de pugnacidad actual, nada fácil lo tendrá la nueva fiscal, quien recibirá cargas de profundidad de la oposición para que, precisamente, muestre su independencia”, añade.

Por conflictos como ese es que el exfiscal Gómez Méndez ha propuesto invertir el mecanismo de elección de fiscal: que la Corte envíe una terna al Presidente y que este elija. Sin esa reforma estructural, los casos de Nicolás Petro, el de Benedetti y el aporte de Fecode dejan preguntas abiertas. Interrogantes sueltos en medio de un enfrentamiento que ha motivado llamados de distintos sectores a la cordura.

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