Las grietas en la financiación de campañas, una amenaza recurrente a la democracia en Colombia

Como una antigua fotografía, lo que se observa de las campañas políticas –discursos, apretones de manos o acalorados debates– es apenas una parte de un mundo con escenarios de intriga. Lo demás, transcurre en el cuarto oscuro. Un espacio al que llegan pocos ojos y en el que algunos están dispuestos a lograr ventaja como sea frente a sus adversarios para acariciar el poder. En Colombia no se termina de revelar la imagen completa de las contiendas presidenciales de los últimos años, ni siquiera cuando la Fiscalía entra a investigar campañas, como está ocurriendo con la que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

La Constitución de 1991 y múltiples leyes posteriores establecieron límites al monto de los gastos en las campañas, cuantías máximas de las contribuciones privadas, así como la obligación de rendir cuentas públicas sobre el volumen de ingresos, origen y destino de los recursos. El fin último es evitar la filtración de dineros ilícitos y generar un equilibrio para impedir que el gasto excesivo defina el éxito de la elección de uno u otro candidato. En un escenario soñado, que las ideas sean las que triunfen.

Los aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras están prohibidos, y en el caso de la Presidencia, los de cualquier persona jurídica. El objetivo es evitar posibles injerencias de sectores privados en las decisiones gubernamentales. Pese a ese andamiaje legal, todos los mandatarios nacionales elegidos después de las normas consagradas en la Constitución han afrontado cuestionamientos o investigaciones por presuntas irregularidades, incluido Petro.

En su caso, las autoridades investigan si una donación por 500 millones de pesos (125.000 dólares) que hizo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) –el principal sindicato de maestros del país– al partido oficialista Colombia Humana fue a parar a su campaña presidencial de 2022.

Marlon Pabón, coordinador de administración pública y transparencia de la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte que uno de los saltos a la ley es la triangulación de recursos. “Lo que estamos viendo es que los privados están donando a los partidos políticos para que hagan aportes a las campañas, entonces los partidos reciben y, en últimas, parece que se están triangulando los recursos. Se está haciendo el quite a la legislación”, sostiene.

El de Fecode se suma a otros episodios relacionados con la campaña del presidente Petro que no se han cerrado. Por un lado, las revelaciones de su hijo, Nicolás Petro, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sobre eventos en el Caribe supuestamente patrocinados por personajes cuestionados, y que tampoco se incluyeron en los reportes electorales.

Esa versión se conoció el año pasado, meses después de las grabaciones en las que se escucha al exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, mencionar una suma de 15.000 millones de pesos (3,7 millones de dólares), mientras amenaza a la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, con revelar secretos de la campaña. Por otro lado, están los pagos a testigos electorales que no se declararon como gastos, según el portal La Silla Vacía.

La campaña de Petro reportó gastos por 28.384 millones de pesos (7 millones de dólares) en primera vuelta y de 13.169 millones de pesos (3 millones de dólares) en la segunda. Los topes eran de 28.536 millones de pesos y de 13.347 millones de pesos en cada una, por lo que oficialmente se gastó prácticamente todo lo que podía. Esos límites generalmente han sido motivo de debate. “En Colombia, no sabemos cuánto realmente cuesta una campaña electoral, no se ha hecho un estudio juicioso, entonces se terminan poniendo topes que no son acordes en la mayoría de los casos y que facilitan que se violen las normas. Tampoco está claro qué se entiende como gasto de campaña y qué no”, subraya el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Joaquín José Vives.

Los cinco antecesores de Petro también han tenido que dar explicaciones sobre sus financiaciones. En el Gobierno de Iván Duque se conocieron audios en los que se relaciona la supuesta entrada de aportes del asesinado ganadero y narcotraficante Ñeñe Hernández. Las investigaciones terminaron archivadas. En su defensa por el aporte del sindicato de maestros, el presidente Petro sacó a relucir la donación de una empresa inmobiliaria a Duque por medio de su partido, el Centro Democrático.

En las campañas de Santos de 2010 y 2014 hubo hallazgos sobre apoyos de la corrupta multinacional Odebrecht. La Fiscalía confirmó aportes por 3.540 millones de pesos (unos 885.000 dólares). El gerente de ambas, Roberto Prieto, aceptó cargos por financiación ilegal de la primera. Fue condenado a cinco años de prisión en 2019 y quedó libre en 2022.

De la segunda se sabe que el dinero no habría ingresado directamente, sino por medio del pago de contratos de terceros, conocido como el caso Gistic. El principal contrincante de Santos en 2014, Óscar Iván Zuluaga, enfrenta un juicio por el ingreso ilegal de dinero de esa misma firma a través de la financiación del fallecido publicista brasileño Duda Mendoça.

De otro lado, el expresidente Álvaro Uribe admitió en 2006 que su campaña de 2002 recibió dineros de Enilce López, alias La Gata, la fallecida empresaria del chance, condenada por homicidio y nexos con paramilitares. Uribe aseguró que en ese momento se desconocían sus vínculos con el lavado de activos.

Y hace tres años, en 2021, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali, señalaron al expresidente conservador Andrés Pastrana de haber recibido dineros en su campaña para el periodo 1998-2002, acusación que él negó de inmediato. La entrada de dineros de esa red de narcotráfico fue el centro del llamado proceso 8.000 contra el antecesor y rival de Pastrana, Ernesto Samper. Su exgerente de campaña y exministro de defensa, Fernando Botero Zea, fue condenado.

Los cuestionamientos recurrentes muestran que los mecanismos de control son frágiles. La MOE explica que la autoridad electoral no hace un seguimiento oportuno. “La debilidad institucional es un problema grandísimo en Colombia que no se ha resuelto desde los años 90. Encontramos una cantidad de normas, pero con una autoridad electoral obsoleta, sin capacidad administrativa, técnica, ni personal especializado para indagar durante la campaña, no después”, señala Pabón.

Esa autoridad está representada, principalmente, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo conformado por nueve magistrados elegidos por las bancadas presentes en el Congreso de la República, y que por lo tanto tienen una dependencia de los políticos cuyas campañas deben vigilar. El CNE es el responsable de la organización electoral junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además de reconocer y revocar personerías jurídicas de partidos y movimientos y realizar el escrutinio de las elecciones, el Consejo tiene obligaciones de vigilancia y control, entre otras. En la práctica, sin embargo, es una entidad poco robusta, centralizada y con escasa presencia en los territorios, el escenario natural para disputarse los votos.

Ante esas limitaciones, actúan otras instancias como la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. El exmagistrado Vives considera que esa dispersión es ineficiente. “No hay control, ni la gente está acostumbrada a que controlen, lo que hace fácil evadirlo porque cuando no se controla la financiación de una campaña en tiempo real, la historia la escriben sus actores sin que se les pueda controvertir”, enfatiza.

La preocupación se extiende a las elecciones departamentales y municipales. En octubre pasado, por ejemplo, el 91% de las candidaturas no había reportado ingresos, ni gastos de campaña, faltando tres días para las votaciones, mientras realizaban masivos eventos y la publicidad abundaba en calles y redes. Más de 120.000 candidatos buscaban votos para 20.000 cargos entre alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y Juntas Administradoras Locales.

Pabón, de la MOE, se pregunta: “¿Cómo vas a controlar si no están reportando lo que realmente gastan? La autoridad electoral no ha hecho nada para exigirles que cumplan con su deber de reportar en tiempo real y no esperar hasta dos meses después de las elecciones que es el último plazo que tienen”.

Todo esto sin mencionar transacciones irregulares en actividades como la compra de votos que llevó a juicio a la excongresista Aída Merlano. “Ni la Fiscalía entera a disposición del Consejo Nacional Electoral tendría la capacidad de supervisar a 120.000 candidatos”, añade Vives. Buena parte de las denuncias sobre inconsistencias en campañas electorales se han conocido por los medios de comunicación, más que por actuaciones oportunas de las autoridades electorales.

Esa ausencia de mecanismos de control favorece a aspirantes sin intención de respetar el juego limpio en la carrera hacia cargos de elección popular. Sergio Fajardo, candidato independiente a la Presidencia de la República en 2018, opina que el problema no es la falta de leyes o las imperfecciones que tengan, sino la ausencia de voluntad para cumplirlas. “Hay que hacer las leyes, pero lo que se necesita de fondo es transparencia. Es la voluntad política de actuar de manera correcta”, afirma.

Fajardo, exgobernador de Antioquia quien reportó gastos por 10.685 millones de pesos (2,6 millones de dólares) en la primera vuelta presidencial hace cinco años, quedó en tercer lugar con 282.000 votos de diferencia frente al exalcalde de Bogotá y exsenador Gustavo Petro, quien pasó a segunda vuelta con el también excongresista Iván Duque, el ganador en ambas fechas de la contienda. En la primera de ellas, Petro y Duque reportaron gastos por 23.897 millones de pesos y 24.174 millones de pesos, respectivamente (alrededor de 6 millones de dólares), de acuerdo con los datos declarados ante el CNE.

Las financiaciones de las campañas pueden tener impacto en la balanza de los resultados electorales, en las alianzas que acuerdan los gobernantes una vez llegan al poder y en la incipiente cultura en un país como Colombia de aportes ciudadanos a candidatos que sí los representan. La plata no registrada en la historia de las campañas electorales suma una cifra indeterminada. Su monto exacto no se conoce, pero sí cuánto lastima a la democracia.

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