“Yo te financio, tú me contratas”: Transparencia por Colombia alerta sobre la contratación pública de los financiadores de los alcaldes

Los 40 millones de pesos (alrededor de 10.000 dólares) que un financiador aportó en 2019 a la campaña de Álvaro Arley León a la Gobernación del Vichada, el segundo departamento más extenso de Colombia, se multiplicó más de cuarenta veces tras los resultados de las elecciones. La Gobernación de León contrató directamente al donante, Jorge Eliécer Forero Gaitán, para el suministro de alimentos a población vulnerable por más de 1.714 millones de pesos (428.000 dólares).

En Colombia, uno de cada cuatro financiadores de campañas de autoridades territoriales obtiene contratos estatales, una vez los aspirantes que han respaldado consiguen llegar al poder. Así se desprende del segundo informe de elecciones y contratos que acaba de publicar la corporación Transparencia por Colombia, una oenegé que promueve la lucha contra la corrupción desde hace más de 25 años.

La celebración de contratos con personas naturales o jurídicas que financian campañas no es irregular en sí misma, siempre y cuando no hayan realizado aportes mayores al 2% del tope establecido para el cargo. En el caso de las presidenciales, no puede haber aportes de personas jurídicas. No obstante, Transparencia sostiene que comprender la relación entre los financiadores de las campañas y los elegidos es esencial para garantizar un manejo responsable del dinero público.

Según el reporte, que analiza el cruce de información del aplicativo del Consejo Nacional Electoral ‘Cuentas Claras’ y de la plataforma estatal de contratación pública SECOP, 2.518 financiadores de campañas de autoridades regionales elegidas en 2019 celebraron 19.026 contratos por valores que ascienden a 5,3 billones de pesos (1.300 millones de dólares), un monto similar al que destinó el Instituto Nacional de Vías (Invías) al mejoramiento de la infraestructura vial del país en el último año.

Sandra Martínez, directora de programas en Transparencia por Colombia, explica que la mayoría de estos contratos se asignaron sin un proceso de selección abierta que considerara principios de objetividad y transparencia, pese a tener costos significativos. “Son modalidades simplificadas en las que hay una alta incidencia de un carácter más discrecional o directo de quien toma la decisión. El 85% de estos contratos se realizó particularmente por contratación directa (39%), régimen especial (32%) y selección abreviada (14%), en lugar de procesos asociados a concursos o licitaciones,”, explica la investigadora.

Algunos de los financiadores adquieren más de un contrato, aunque no necesariamente con la misma entidad a la que llega el candidato que han apoyado. Puede ser con entidades adscritas del mismo nivel departamental o municipal, o con otras instituciones del Estado. Las Gobernaciones fueron las que más contrataron a financiadores de campañas enganchando al 30,2% de ellos, mientras que las Alcaldías contrataron con un 23,8% de los aportantes. Esta práctica se repite en asambleas departamentales, concejos municipales y Juntas de Acción Comunal. Las Alcaldías fueron las que más contratos firmaron con un total de 8.815 adjudicaciones, que ascendieron a 2,4 billones de pesos (6.000 millones de dólares), casi la mitad del total.

En el orden nacional, algo similar sucede con los financiadores de candidatos al Senado de la República, donde se concentran los contratos de mayor valor, así como los aportes por valores más altos, en comparación con los financiadores de campañas a la Cámara de Representantes o a la Presidencia de la República.

La senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, asegura que en un país desigual y de desarrollo intermedio como Colombia es necesaria la financiación mixta de campañas, como pasa en la actualidad, con dinero público en la reposición de votos y aportes privados. Sin embargo, reconoce que es necesario fortalecer requisitos de transparencia. “Debemos regular con realismo y cerrando camino a rendijas. Creo que ayudaría, por ejemplo, que los financiadores de campañas solo puedan participar en mecanismos competitivos y reglados como los de Colombia Compra Eficiente o subastas inversas, no en contratación directa”, propone.

Cuando los aportes superan el 2% del tope, los aportantes quedan inhabilitados para celebrar contratos públicos con todas las entidades del mismo nivel de gobierno en el que se realiza la contribución. Esa inhabilidad cobija a los parientes cercanos del financiador, así como a las empresas jurídicas en las que participa.

El caso de Vichada, por ejemplo, donde el financiador contratado había realizado donaciones por el 3,62% del tope de la campaña a la Gobernación, terminó con la destitución de Ley de su cargo como gobernador, y una inhabilidad de ocho años para ejercer cargos públicos por orden de la Procuraduría General de la Nación.

El organismo calificó la falta como gravísima al explicar que “el gobernador vulneró el principio de igualdad, pues además de contratar de manera directa el suministro de los alimentos con alguien inhabilitado, afectó los derechos de otros ciudadanos interesados en participar en el proceso en idénticas condiciones y con las mismas oportunidades”.

El informe de elecciones y contratos destaca casos similares en el anterior periodo de alcaldes y gobernadores. Entre ellos, el del exalcalde del municipio de Cantagallo (Bolívar), Henio Ricardo Sarmiento, quien celebró contratos por 1.300 millones de pesos (325.000 dólares) con un financiador que aportó 20 millones de pesos (5.000 dólares), el 17% del tope de su campaña; el de la Gobernación del Atlántico que suscribió contratos con la firma Tasset S.A.S. que otorgó un crédito por el 6,23% del tope; o el de la Gobernación del Tolima y entidades adscritas a ella, que firmaron cuantiosos contratos con la empresa León Gráficas S.A.S., que realizó también un crédito por el 2,82% del tope.

Con los alcaldes y alcaldesas de más de 1.100 municipios, así como gobernadores y gobernadoras de 32 departamentos, elegidos el pasado mes de octubre y recién posesionados, Martínez alerta sobre la urgencia de cumplir la ley. “Hacemos un llamado para evitar la incidencia de intereses particulares en la gestión de los recursos o la contratación pública. Esto tiene que ver con que las contrataciones no sean un favorecimiento por financiación de campañas. Los criterios de equidad y transparencia deben primar”, subraya la experta.

Colombia enfrenta serios problemas de corrupción. El país se ubica en el puesto 91 entre 180 naciones evaluadas en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2022 que publica Transparencia Internacional. Descendió cuatro lugares en comparación con el ranking mundial de 2021 y con 39 puntos sobre 100, está por debajo del promedio de 43 puntos entre los países de las Américas. Según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la impunidad en los delitos asociados contra la administración pública es de un 94% por investigaciones que no avanzan oportunamente.

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