Paramilitarismo, apuestas y poder: la vida de Enilce López, alias ‘La Gata’

La vida de Enilce López fue una montaña rusa. Nació pobre, murió rica y en el proceso estuvo envuelta en un sinfín de escándalos y delitos con personajes de todo tipo. A los 72 años, con múltiples complicaciones de salud, falleció en un centro médico de Barranquilla, a donde había sido trasladada 10 días antes por el deterioro de su estado. Partió mientras purgaba una condena de 38 años por homicidio y con un nutrido prontuario que salpica a los miembros de su familia. La mujer que financió decenas de campañas políticas, incluyendo la primera aspiración presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002, no estuvo libre de escándalos ni hasta en sus últimos momentos.

López nació en 1952, en el municipio de Sucre, del departamento homónimo, pero creció varios kilómetros al norte, en Magangué (Bolívar). En aquel puerto fluvial caribeño, en la década de los ochenta, se cansó de ganar pocas monedas leyendo el tarot y fundó Apuestas El Gato, por lo que empezaron a llamarla La Gata, apelativo con el que se le conocería desde entonces. A través de la venta de chance —un juego de azar similar a la lotería, que usualmente maneja cifras menores y entregan los departamentos a privados como concesionarios—, extendió su presencia a otras poblaciones de la zona, especialmente después de que esta actividad fuera legalizada en 1982 por el Congreso.

Su éxito le sirvió para amasar una amplia cantidad de riqueza, pero también atrajo la atención de la guerrilla. Las FARC, que crecieron por la misma época por esa región, la convirtieron en uno de sus objetivos. Secuestraron a su padre, luego a Héctor Julio Alfonso, su esposo, y en 2003 asesinaron a uno de sus socios. La revista Semana, en diciembre de 2004, le dedicó una portada que tituló El enigma de La Gata, en la que contaba su influencia con los políticos de Bolívar y la describían como “una empresaria que es venerada por unos y muy temida por otros”. El reportaje también narraba la existencia del rumor popular que circulaba sobre un presunto nexo entre López y el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El mexicano, quien fue dado de baja en un operativo militar en 1989. Se decía que el capo había enterrado canecas con efectivo en una de las propiedades de López y que ella, luego de que este muriera, hizo pasar ese dinero como ganancias del chance que vendía. El supuesto vínculo, hasta hoy, no se ha comprobado.

Pero de lo que sí existe evidencia es de su estrecha relación con estructuras paramilitares. Fue capturada y acusada de lavado de activos por primera vez en 2006, pero recobró su libertad dos años después. Un reporte de la DEA, de octubre de 2009 y que fue revelado por El Espectador, daba cuenta de una red de compañías y personas que ocultaban el patrimonio de Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los líderes de aquel entramado ilegal eran Enilce López y uno de sus tres hijos, Jorge Luis Alfonso López, quienes recibían colaboración de antiguos miembros de la Policía para el capital de Mancuso.

En febrero de 2011, un juzgado de Bogotá le impuso nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir, tras determinar que las pruebas del expediente eran suficientes para confirmar “su trato cercano con los jefes máximos de la agrupación paramilitar, colaborando con sus pretensiones ilícitas”. El Tribunal Superior de Bogotá, en diciembre del año siguiente, revisó el caso y concluyó que López, además de brindar asistencia a las AUC, también coordinó con ellas el homicidio de Amaury Ochoa, un vigilante de peaje señalado de ser cooperante de la guerrilla. Su condena se aumentó a 37 años. López intentó llevar su caso hasta las últimas instancias, pero la Corte Suprema de Justicia no le concedió el recurso. Desde su primera hasta su última detención, padeció diferentes enfermedades y pidió en reiteradas ocasiones que se le permitiera estar detenida en su hogar. Sus abogados sostenían que si era enviada a un penal corría el riesgo de que le envenenaran la comida.

La pujanza de la madre impulsó a sus dos hijos mayores, Jorge Luis y Héctor Julio, a ingresar a la vida pública. Jorge Luis fue elegido alcalde de Magangué en 2003 y posteriormente separado del cargo por la Procuraduría por irregularidades durante su Administración. El primogénito de López confesaba que la familia se arrepentía de tomar ese camino. “Mi madre pensó que si nosotros participábamos en política podríamos hacer más trabajo social por la gente en la región, pero ella maldice la hora en que lo hizo. Dice que esa es la causa de su estrés y de nuestra desgracia personal”, le dijo a Semana en 2007.

Una década después, la Corte Suprema dejó en firme una sentencia previa del Tribunal Superior de Bogotá, condenando a Jorge Luis a 29 años de cárcel por ordenar el asesinato del periodista Rafael Prins, en 2005, cuando fungía como alcalde. Recientemente, volvió a ser noticia cuando un juez ordenó su libertad, ya que estaba en una lista de gestores de paz designados por el Gobierno de Gustavo Petro. El hecho causó un enorme revuelo mediático y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz echó para atrás el nombramiento.

La Corte actualmente procesa a Héctor Julio, el segundo hijo de Enilce López, por vínculos con paramilitares. El político llegó dos veces al Capitolio Nacional: como representante a la Cámara por Bolívar, en 2006, y como senador, en 2010. Su etapa de legislador no estuvo libre de sobresaltos. En 2007 renunció a su curul alegando quebrantos de salud y, cuando cumplía tres años como senador, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia demandó su elección por violar el régimen de inhabilidades. A la par que era congresista, una compañía suya había contratado con entidades públicas. El Consejo de Estado decretó la pérdida de su investidura.

El menor de los hijos de López, José Julio, no está exento de líos judiciales. Aunque se le presta menos atención mediática, en su contra cursan procesos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El pasado 10 de enero, en los días previos al fallecimiento de su madre, se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de José Julio de someterse a esa justicia transicional porque, en su criterio, “no cumplía con el compromiso claro, concreto y programado conforme a los principios del Sistema Integral para la Paz”. Con la misma suerte ya habían corrido su madre y sus dos hermanos.

El hoy presidente Gustavo Petro denunció en el Congreso, en 2005, que el dinero de Enilce López entró a las arcas de la campaña de Álvaro Uribe. Con la muerte de López, el expresidente Uribe se refirió a ese suceso en su cuenta de X. “Reconocimos en su momento que Enilce López aportó dinero, a través de una sociedad, a nuestra primera campaña presidencial. Dicho aporte quedó registrado en las cuentas”. Recalcó que nunca fue su intención ocultarlo.

Cuatro años después de aquella denuncia, el propio Petro, que se preparaba para su aspiración presidencial en 2010, le ofreció a López una vejez tranquila. En ese momento, si bien había sido acusada penalmente, sobre ella no pesaba ninguna condena. “A cambio que entreguen el poder, a cambio entreguen las tierras, a cambio entreguen la contratación pública en manos de los ciudadanos de su propia región. A cambio de que pidan perdón, a cambio de que reparen a sus víctimas”, afirmó el entonces congresista en un acto multitudinario.

El entierro de López se llevó a cabo en el cementerio Jardines de la Eternidad, en Barranquilla. Cientos de personas asistieron a darle el último adiós.

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