Vaciar las cárceles de madres pobres

El presidente Gustavo Petro quiere vaciar las cárceles de mujeres pobres con hijos. “5.000 mujeres saldrán de la cárcel 5 días a la semana para cuidar sus hijos. Recibirán una renta ciudadana del estado para ese fin. Creo que así se construye una mejor sociedad”, dijo este sábado en sus redes sociales. El Gobierno nacional ha venido explicando que el objetivo principal de la recién sancionada Ley 2292 de 2023 o de Alternatividad Penal con enfoque de género es que las mujeres cabeza de hogar que han sido condenadas por delitos leves como microtráfico, hurto o concierto para delinquir, con sentencias menores a ocho años, puedan prestar un servicio de utilidad pública que les permita conmutar sus penas. Para aplicar a la ley, las mujeres deberán demostrar que la comisión del delito estuvo asociada a la vulnerabilidad e incapacidad económica para alimentar a su familia.

El autor del proyecto de ley fue el exsenador Rodrigo Lara y fue aprobado sin muchos reparos en 2021 por el Congreso de la República. Después fue objetada por el entonces primer mandatario Iván Duque. Meses después de estudiar los reparos, la Corte Constitucional los declaró improcedentes. Ese trámite retrasó un par de años la sanción presidencial, que finalmente fue realizada por Gustavo Petro. El presidente aprovechó el Día Internacional de la Mujer para hacerlo. Ahora la tarea de expedir el decreto que regule su implementación ha quedado en manos del Ministerio de Justicia, que tiene un plazo máximo de seis meses para hacerlo.

Diferentes oenegés han señalado la importancia de esta decisión, que no cuenta con precedentes en la región e incorpora una perspectiva de género en la política criminal como lo orientan las Reglas Bangkok de la ONU. “Es un buen comienzo para adecuar la política criminal, entendiendo que las mujeres en nuestra sociedad enfrentan condiciones estructurales de desigualdad particulares que las hacen más vulnerables”, explica Juan Sebastián Hernández, investigador en el área de Sistema Judicial de Dejusticia.

La medida se respalda en la investigación Mujeres y prisión en Colombia: Desafíos para la política criminal desde un enfoque de género, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, el Comité Internacional de la Cruz Roja de y la Universidad Javeriana. El informe sostiene que el 75% de mujeres entrevistadas eran cabeza de familia y el 46% tenían hijos menores de 11 años. Igualmente, el estudio evidencia que las mujeres suelen ser los eslabones más bajos dentro de las organizaciones criminales.

Desde Mujeres Libres — corporación que agrupa mujeres que sufrieron la cárcel y a algunos de sus familiares — celebran la decisión: “Las mujeres siempre somos juzgadas, por un lado nos llaman malas madres porque no tenemos cómo alimentar a los hijos. Pero el Gobierno tampoco me brinda oportunidades para darle garantías a mi familia. Justamente, quienes más se van a beneficiar de la ley son las familias. El propósito del servicio comunitario es permitir el restablecimiento del tejido social afectado por el delito”, sostiene su líder, Claudia Cardona.

Otro hito es la orientación de los ministerios de Eduación y Comercio, encargados de diseñar una política pública de empleabilidad, formación y capacitación para las mujeres en prisión en un término máximo de dos años. De acuerdo con Hernández, esto es un paso medular para enfrentar la crisis carcelaria: “Uno de los problemas estructurales es que la resocialización es muy pobre. Las actividades de trabajo y de formación que le ofrecen a las personas privadas de la libertad no las preparan efectivamente para tener un trabajo en libertad. A las mujeres en particular les ponen tareas de resocialización que reproducen estereotipos de género”.

En estos seis meses, el Gobierno tiene la tarea de realizar una exhaustiva pedagogía. Inicialmente lo harán con los jueces, encargados de evaluar los planes de servicios comunitarios que presenten las mujeres y certificarán si las presas realmente estaban en condiciones de marginalidad y esto les impedía sostener a su familia al momento del delito.

En paralelo, el ministerio de Trabajo deberá poner en marcha jornadas de socialización de la medidas en los pabellones y prisiones femeninas. Cardona avizora que es crucial aterrizar el cómo funcionará la norma con las reclusas. “Hemos recibido muchísimas llamadas y muchos mensajes de las familias. Será imprescindible ir a las cárceles y explicar la ley. En la misma reglamentación va a quedar claro que son procesos que pueden realizar las mismas mujeres, sin depender de un abogado”.

Por su parte, Hernández apunta que la regulación debe ser precisa para evitar abusos a quienes presten el servicio, y apuesta por sanciones si fuera el caso. “Deben haber mecanismos para proteger a las mujeres de potencial explotación laboral y discriminación, que por supuesto es algo que le pasa a todas las personas que salen de prisión. Es necesario que se construya un sistema escalonado de respuesta y se proponga un régimen razonable para quienes incumplan”, dice el investigador.

La ley viene a aliviar las numerosas violaciones de derechos humanos que ocurren en las cárceles del país. La Corte Constitucional ha declarado en dos ocasiones estado de cosas inconstitucional el sistema penitenciario colombiano. “La deshumanización de las personas en los actuales contextos carcelarios es evidente”, consignó la sentencia del tribunal. Uno de las mayores problemáticas tiene que ver con el hacinamiento que conforme a datos del INPEC alcanzó un 20% en junio del 2022.

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