Sobornos, campañas e implicados ocultos: las preguntas no resueltas del ‘caso Odebrecht’ en Colombia

Saber mucho no significa que ya se conozca todo. Es lo que deja en el ambiente cada nuevo detalle que se revela sobre el capítulo Colombia del caso Odebrecht, la red de pago de sobornos que operaba la multinacional brasilera de ese nombre en una decena de países de América Latina y que destapó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a finales de 2016. Después de casi siete años, 11 condenas, múltiples confesiones, y un centenar de procesos penales contra exfuncionarios, congresistas, empresarios y un excandidato a la Presidencia de la República, la madeja de corrupción y poder no termina de desenredarse.

La Fiscalía General de la Nación ha querido dar por cerrado el horizonte de investigaciones esta semana. De un lado, el de los pagadores de coimas, anunció la imputación de delitos a 22 personas, entre ellas la cabeza de la compañía brasileña, Marcelo Odebrecht. Los señaló de haber creado “una empresa criminal para entregar más de 80.000 millones de pesos (unos 20 millones de dólares) en sobornos en Colombia”, según informó en un comunicado. Es la primera vez que las autoridades colombianas imputan cargos a los implicados brasileños, señalados de haber pagado sobornos para obtener la obra de un túnel de alcantarillado en Bogotá llamado Tunjuelo - Canoas, luego la concesión vial llamada Ruta del Sol 2, después una adición a esta conocida como transversal Ocaña – Gamarra y por último para tener las obras de navegabilidad del río Magdalena con la concesionaria Navelena. Para aceitar todo el mecanismo y tener buenas relaciones con los Ejecutivos, financió irregularmente campañas presidenciales en 2010 y 2014.

El anuncio del organismo se conoció apenas dos días después de que el presidente Gustavo Petro, empeñado en sacudirse de los escándalos por presuntos aportes irregulares a su campaña, reclamara castigos más fuertes por el caso Odebrecht, tras el acuerdo que el Grupo Aval– el conglomerado propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento que se alió por medio de su filial Corficolombiana con Odebrecht, para quedarse en 2009 con la Ruta del Sol 2, un tramo de la doble calzada que conecta al centro del país con la Costa Caribe – firmó en Estados Unidos, reconociendo haber incumplido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y comprometiéndose a pagar una sanción de 80 millones de dólares.

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“Esta Fiscalía sí dio resultados. Estos son resultados concretos, no son discursos, ni trinos”, respondió el fiscal general Francisco Barbosa en la rueda de prensa. Petro y Barbosa llevan meses trenzados en marcadas tensiones políticas.

El jefe de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, sentenció que “la Fiscalía ha develado casi por completo toda esta estructura de pago de sobornos. Ya se han judicializado, se han procesado, incluso condenado numerosas personas”. Sin embargo, en lugar de desaparecer, las dudas se siguen multiplicando.

La opinión pública, por ejemplo, todavía no tiene certeza sobre la identidad de uno de los tres funcionarios de alto rango relacionados en el acuerdo del Grupo Aval como beneficiarios del pago de coimas.

Se sabe, por el texto del acuerdo, que perteneció a la rama ejecutiva entre “en o alrededor de 2010 y en o alrededor de 2018″, es decir, durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, y que habría recibido pagos por 3,4 millones de dólares. El propio Santos se anticipó a tratar de despejar cualquier manto de duda.

“Si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente”, escribió en X, antes Twitter.

Aunque la Fiscalía colombiana colaboró con las pesquisas norteamericanas, la entidad dice desconocer quién sería el denominado “funcionario colombiano tres” y ha dado por judicializada a toda la cadena de implicados en el país. “No existe en este momento ningún soporte para iniciar investigaciones adicionales a lo que ya hemos esclarecido y judicializado previamente”, precisó el fiscal Jaimes, descartando nuevas indagaciones.

Los interrogantes que recaen en el expresidente Santos no paran ahí. La Fiscalía ha confirmado aportes no solo a la campaña del excandidato presidencial del uribismo Óscar Iván Zuluaga, a quien ya imputó cargos, sino a las de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, cuando fue reelegido. “El comprobado aporte a la campaña de Juan Manuel Santos de las dos campañas son 3.540 millones de pesos. Y a la campaña de Oscar Iván Zuluaga 3.045 millones de pesos”, afirmó el fiscal Gabriel Jaimes.

El gerente de las dos campañas de Santos, Roberto Prieto, aceptó cargos por la financiación ilegal de 2010, fue condenado a cinco años de prisión en 2019, y quedó libre en abril de 2022. Pero no hay claridad total de lo ocurrido en 2014, cuando el dinero no habría ingresado directamente a la campaña presidencial, sino que se habría ido a pagar contratos de terceros, según ha señalado la Fiscalía al acusar a varios privados por el llamado caso Gistic.

Como expresidente, Santos goza de fuero especial, por lo que le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes adelantar cualquier posible investigación en su contra.

Otro de los nuevos frentes que ha abierto la Fiscalía de Barbosa, ansioso por mostrar resultados antes de finalizar su periodo en febrero de 2024, es la imputación de cargos contra 33 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por haber aprobado modificaciones de contratos, como extensiones de plazos o pagos de obras no ejecutadas, que favorecieron a Odebrecht y a su socio Aval, causando millonarios perjuicios al Estado colombiano. Dichas modificaciones, según la Fiscalía, se aprobaron entre 2013 y 2015, durante el primer mandato y la reelección de Santos. “Hacer una vinculación de un tema [los aportes a la campaña] con el otro, es uno de los aspectos que debe ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara”, subrayó el fiscal Jaimes en entrevista con Caracol Radio.

Los interrogantes que persisten no empañan solo a los poderes políticos, sino económicos. Como el del grado de responsabilidad del Grupo Aval en los sobornos que rodearon la adjudicación de la obra vial para la cual se alió con Odebrecht. En el acuerdo con Estados Unidos acepta responsabilidad como persona jurídica, pero en la ley penal colombiana eso no es posible, o no de la misma manera. Aunque existe una condena a más de 11 años de prisión contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, solo se relaciona con la coima inicial de 2009, no las de los años 2013 a 2015, y es el único exintegrante de la compañía condenado en Colombia.

Sobre el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien fue asesor jurídico de cabecera de Aval en la época de la cuestionada adjudicación del contrato de la Ruta del Sol 2 y quien según grabaciones de 2015 conocía denuncias de pagos irregulares, el fiscal Jaimes ha declarado que “no existen por el momento evidencias específicas en su contra que le permitan a la Fiscalía darle una calidad de judicialización al doctor Martínez”. Los daños en Colombia por la red de sobornos de Odebrecht se estiman en 514.000 millones de pesos (alrededor de 128 millones de dólares), dinero que se ha quedado en los bolsillos de una de las más grandes redes de corrupción de los últimos tiempos.

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