El condenado clave de Aval por el ‘caso Odebrecht’ alimenta nuevas dudas sobre el conglomerado

Lejos de cerrar el escándalo sobre el pago de millonarios sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio de jugosos contratos de obras públicas, el acuerdo recién suscrito entre el Grupo Aval y las autoridades de Estados Unidos abrió interrogantes y una nueva andanada de críticas al conglomerado de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

José Elías Melo, el expresidente de Corficolombiana – la compañía del grupo que se asoció con Odebrecht para obtener la concesión de la carretera conocida como Ruta del Sol II tras la entrega de sobornos – rechazó el acuerdo de Aval con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en el que el conglomerado acepta haber incumplido las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de ese país y se compromete a pagar una sanción de 80 millones de dólares. Melo, condenado por el caso en Colombia señalado de haber participado en el pago de coimas, argumenta que el pacto contiene conclusiones “contrarias a la verdad”, si se basan en actuaciones suyas.

Aunque en el acuerdo no aparece el nombre de Melo, se menciona a un “ejecutivo de Corficolombiana” que se desempeñó desde 2008 hasta aproximadamente 2016, periodo que coincide con el que el prestigioso abogado dirigió la empresa de inversiones.

Antes de llegar al mundo financiero y a la compañía de la familia Sarmiento, Melo fue secretario de la Junta Monetaria del Banco de la República, viceministro de Hacienda y Crédito Público, superintendente Bancario y ministro de Trabajo en la década de los noventa. En 2019, fue condenado a 11 años y nueve meses de prisión por cohecho y celebración indebida de contratos. La justicia colombiana encontró que el directivo de Aval supo de las reuniones en las que funcionarios de la multinacional brasileña pactaron sobornos por 6,5 millones de dólares con el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para la adjudicación del tramo de la doble calzada que conecta al centro del país con la Costa Caribe.

El acuerdo de acusación diferida, como se denomina el pacto entre el Grupo Aval y las autoridades norteamericanas, hace una descripción detallada de los hechos por los que las empresas de Sarmiento Angulo han vuelto a quedar en el centro del debate público, y que no tienen que ver con los sobornos de 2009, sino con hechos posteriores, conocidos en Colombia desde que estalló el escándalo hace siete años.

El documento señala que entre 2012 y 2015, las empresas que formaban parte del concesionario de la Ruta del Sol II, a través de un ejecutivo de Corficolombiana, dos ejecutivos de Odebrecht y dos intermediarios, “a sabiendas y deliberadamente conspiraron y acordaron con otros para ofrecer y pagar corruptamente más de U$ 23 millones en sobornos a, y en beneficio de, funcionarios del Gobierno colombiano”. El objetivo fue “obtener ventajas indebidas a fin de obtener y retener negocios”, específicamente, para adicionar a la doble calzada otra vía que la atraviesa, conocida como la transversal Ocaña-Gamarra.

Melo niega haber conocido o aprobado algún acuerdo de soborno para la aprobación de la adición. “De ninguna manera participé en los sobornos pagados a funcionarios del Gobierno de Colombia por el proyecto Ruta del Sol II por US$28 millones entre 2014 y 2016 a que alude el punto 15 del documento de la SEC”, sostuvo en un comunicado público.

El condenado agrega que en los procesos penales en Colombia “se demostró el conocimiento, responsabilidad y autonomía de gestión que personas vinculadas con Grupo Aval y Corficolombiana, distintas de José Elías Melo Acosta, tenían de manera directa e independiente respecto de las decisiones financieras, operativas y contables tanto de la Concesionaria Ruta del Sol II como del consorcio constructor Consol, en las cuales obviamente José Elías Melo Acosta nunca intervino”. En suma, Melo dice que él no tuvo que ver con los sobornos para la adición, y que los responsables y quienes conocen lo ocurrido son otras “personas vinculadas con Grupo Aval y Corficolombiana”.

La respuesta crea un nuevo manto de duda. Para el analista Juan Carlos Flórez, abre el interrogante sobre qué allegados a la familia Sarmiento Angulo, o miembros del grupo familiar, tienen la información que Melo niega conocer. “Lo que esto estaría revelando es que en el acuerdo con la justicia de los Estados Unidos el chivo expiatorio es Melo porque allí se le señala como el funcionario clave de los Sarmiento Angulo, pero él está diciendo que existía un sistema paralelo de toma de decisiones, tanto para resolver cómo se les iba a entregar la obra como para entregar sobornos”, señala Flórez.

En el acuerdo, además, se habla de tres funcionarios colombianos, sin incluir nombres. El primero, dice el texto, tenía un alto cargo en el poder legislativo. Sería el exsenador Bernardo “el Ñoño Elías”, quien estuvo ocho años en la cárcel. El segundo era un ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura: “Las pistas apuntan a Juan Sebastián Correa, quien actuaba como enlace de la ANI con el Congreso y quien fue la ficha clave de Otto Bula para pagar sobornos. Correa fue inhabilitado por 18 años por la Procuraduría por recibir una coima de 100 millones de pesos”, indicó el periodista Daniel Coronell. El enigma recae sobre el tercero, un funcionario de alto rango en la rama ejecutiva entre “en o alrededor de 2010 y en o alrededor de 2018″, durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Ese tercer funcionario habría recibido pagos por 3,4 millones de dólares y sobre su identidad se han tejido rumores, discusiones y cábalas.

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, opina que, si bien la justicia colombiana ha actuado en el escándalo con multas y condenas, no significa que el caso esté cerrado. “El acuerdo tiene las implicaciones de ser un reconocimiento en el que se da cuenta de que se sobornaron funcionarios en Colombia. La Fiscalía tiene formas de cooperación internacional o puede adelantar sus propias investigaciones a fin de determinar quiénes fueron esos funcionarios públicos sobornados, para que sean judicializados”. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía de Colombia proporcionaron asistencia sustancial en las investigaciones.

El acuerdo, y la reacción de quienes han investigado todo el esquema de sobornos como el presidente Gustavo Petro, ha vuelto a recordar las grabaciones de 2015 en las que quedaba en evidencia que el exfiscal Néstor Humberto Martínez conocía de denuncias de pagos irregulares desde antes de que estallara el escándalo y de ser nombrado fiscal en 2016. Martínez era uno de los abogados externos más relevantes del Grupo Aval para la época en la que el consorcio liderado por Odebrecht se quedó con la megaobra vial.

Las grabaciones salieron a la luz pública a fines de 2018, días después de la extraña muerte de Jorge Enrique Pizano, quien era el interlocutor de Martínez en los audios y vigilaba el correcto manejo de los recursos como comptroller del proyecto. Según la Fiscalía, el deceso ocurrió por causas naturales. Apenas tres días después, su hijo de 30 años, Alejandro, falleció al ingerir agua de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre. En las pesquisas que se adelantan en Colombia, sigue abierta una línea de investigación sobre presuntas amenazas a testigos para favorecer al exfiscal Martínez y a Sarmiento Angulo.

Otro frente que sigue abierto es el de la financiación irregular de campañas políticas. Después de la imputación de cargos al excandidato uribista Oscar Iván Zuluaga y a su hijo David Zuluaga por recibir aportes de la firma brasileña, el Centro Democrático ha exigido que se investigue a la campaña de Juan Manuel Santos, también salpicada por denuncias sobre la presunta financiación de Odebrecht.

En medio del revuelo por el acuerdo, el presidente Gustavo Petro, atrapado en medio de los cuestionamientos por el supuesto ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña, también ha buscado volver el foco a sus antecesores, lo que ha llevado a un choque frontal con Martínez.

Entre tanto, Aval tendrá que seguir cooperando con las autoridades de los Estados Unidos hasta que concluyan las investigaciones y procesos relacionados con las coimas por la adición o hasta el final de un plazo de tres años. “Se entiende que la compañía debe en todo momento proporcionar información completa, veraz y precisa”, indica el documento. Solo si cumple con todas sus obligaciones, cesará definitivamente el proceso penal.

El penalista Fabio Humar explica que “los gringos son 100 veces más pragmáticos que la justicia colombiana, y le dicen a una empresa: ‘usted cometió unas irregularidades, acójase a un sistema de terminación anticipada con el pago de multas y unos compromisos de mediano plazo. Yo suspendo la persecución. O vámonos hasta el final, pero sepa que tengo todas las de ganar’”. En el 99% de los casos, las empresas se acogen a esa terminación anticipada similar a un principio de oportunidad en Colombia, concluye el jurista.

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