Los avances del ‘caso Odebrecht’ aumentan la presión sobre Sarmiento Angulo, Santos y otros poderosos

La Fiscalía colombiana dio por cerrada una de las líneas de investigación que abrió luego de que estallara el escándalo de Odebrecht, con la imputación de cargos contra nueve exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Entre ellos figuran el actual director del partido Cambio Radical, Germán Córdoba, y la subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Margarita Montilla Herrera, quienes tendrán que afrontar un juicio por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales y de enriquecimiento ilícito de particulares. Sin embargo, el caso Odebrecht tiene otros frentes abiertos por lo que está lejos de llegar a su fin.

Uno de los capítulos que continúan sin resolver se centra en las presuntas amenazas contra testigos de la red de corrupción que penetró poderes públicos y privados de varios países de América Latina, incluido Colombia. La Fiscalía General de la Nación acusa a quien fuera uno de sus investigadores estrella, el fiscal Daniel Hernández, de intimidar al condenado exsenador Otto Bula para que se abstuviera de declarar en contra del exfiscal general Néstor Humberto Martínez y del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, como parte de una indagación conjunta del organismo con el FBI.

La financiera Corficolombiana, filial del Grupo AVAL – propiedad de Sarmiento Angulo – formaba parte del consorcio que lideraba Odebrecht y que logró, a finales de 2009, la adjudicación del segundo tramo de la Ruta del Sol, la doble calzada que comunica al centro del país con la costa Caribe, a cambio de millonarios sobornos. José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana, fue condenado por ello. Martínez, por su parte, era abogado del conglomerado bancario para esa época, años antes de ser nombrado fiscal general en 2016. Como cabeza de la entidad, afrontó fuertes tormentas políticas por grabaciones que dejaban en evidencia el conocimiento que tenía de denuncias sobre el pago de coimas desde antes de las revelaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ante los señalamientos más recientes, Martínez denunció un complot judicial en su contra. El fiscal Hernández, quien fue su subalterno, se defiende en libertad y culpa a Bula de falso testimonio.

El expediente del que se derivan las imputaciones recién anunciadas por la Fiscalía también tiene lazos con los poderes políticos. El gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010, Roberto Prieto, fue acusado en 2018 de haber recibido 650 millones de pesos (unos 130.000 dólares) por ejercer influencia ante la ANI con el fin de asegurar una adición al contrato de la Ruta del Sol III con Yuma, concesionaria de la que no era parte Odebrecht, para la construcción del puente entre los municipios de Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar).

En 2019, Prieto aceptó los cargos y fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular e interés indebido en la celebración de contratos. “Tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que los recursos se necesitaban para tapar huecos de la campaña política de Santos Presidente”, describe el comunicado oficial de la Fiscalía publicado en mayo de ese año. Tres años después, en abril de 2022, un juez ordenó su libertad por reducción de la sentencia y pena cumplida.

Más allá de Prieto, sigue abierta una línea de investigación sobre contratos, al parecer ficticios, entre el consorcio que lideraba la cuestionada constructora brasileña y la empresa Gistic. Parte de lo que se busca establecer es si esos dineros se destinaron a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos de 2014. Algunos de los involucrados estarían colaborando con la justicia como testigos.

En Colombia se suman 18 sentencias condenatorias por el caso Odebrecht. Solo en los últimos 33 meses, la Fiscalía ha adelantado más de 30 imputaciones que aún dejan sueltas piezas clave de una de las investigaciones más grandes de los últimos tiempos sobre círculos de corrupción y poder. El hecho de que siga avanzando, aunque a menor ritmo que en los años iniciales, salpicando al director de un partido político y a una alta funcionaria de Presidencia, aumenta la presión sobre personajes poderosos que han sido mencionados desde que estalló el escándalo, a finales de 2016.

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