Sobornos del Grupo Aval y un narco cerca de la campaña

En Colombia es tal la avalancha de noticias, que con frecuencia no hay tiempo suficiente para digerirlas y poder entenderlas en contexto, como corresponde, porque a un escándalo lo sigue otro, mientras la violencia hace lo suyo de manera permanente como telón de fondo. Esta semana nos movemos entre la confirmación de los sobornos pagados por el Grupo Aval en el caso Odebrecht y la denuncia de la cercanía de un narcotraficante a la campaña de Gustavo Petro.

Son hechos diferentes, con distintas implicaciones y en diferente momento de investigación, pero los pongo en esta columna juntos porque tienen que ver con la corrupción y con las mafias que están presentes de muchas maneras en la contratación pública y en la política, y porque la justicia en Colombia suele generar dudas. Graves y delicados los dos episodios, aunque desde las orillas opuestas se intente minimizar uno y magnificar el otro para usarlos como munición en la batalla política.

Vale destacar de primero, porque ya hay un pronunciamiento judicial en firme, el caso del acuerdo del Grupo Aval y la justicia de Estados Unidos para el pago de una multa, que se declaró originalmente en 80 millones de dólares y quedará finalmente en 60 por un cruce de pagos. El acuerdo establece que Aval, a través de Corficolombiana, pagó sobornos para quedarse con contratos de la Ruta del Sol 2. La aceptación de estos hechos, que implica firmar el acuerdo, pone en evidencia un problema grande del que se habla en voz baja: la corrupción en el sector privado que sirve para hacerse a jugosos contratos. Se habla mucho de cómo se corrompen los funcionarios al servicio del Estado, pero con menos vehemencia de los privados que pagan coimas para llegar a los dineros públicos.

Este es un caso sonado, pero no el único porque en Colombia la contratación tiene mucho de transacción corrupta para obtener contratos grandes o pequeños. Por eso es tan famosa la pregunta del “CVY” (¿Cómo voy yo?). Tal vez aquí lo llamativo es justamente el monto de lo transado, de lo pagado, de lo obtenido y el tamaño del conglomerado involucrado. La justicia colombiana debe aún muchas respuestas en este caso. Y el Estado en su conjunto debe todavía encontrar el mecanismo para que los corruptos no puedan volver a contratar. Basta mencionar al llamado “zar de la contratación”, Emilio Tapia, para saber que luego de las condenas los corruptos siguen contratando.

Para evitar las tergiversaciones, que han sido muchas en este caso, recomiendo leer la decisión completa de la autoridad norteamericana, que en uno de sus apartes dice: “Como agente del Grupo Aval, Corficolombiana violó las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y fue causa de las violaciones de Grupo Aval de las disposiciones sobre libros y registros y controles contables internos de la FCPA”. También conviene subrayar que la acción penal no termina aún y queda algo así como en suspenso y condicionada al cumplimiento de un acuerdo de procesamiento diferido, como se le llama a esta figura en la justicia de Estados Unidos.

Mientras apenas vamos entendiendo lo que significa la noticia del Grupo Aval y el pago de sobornos con su socio Odebrecht, aparece la denuncia que hizo Ricardo Calderón, periodista investigativo de Noticias Caracol, sobre el respaldo que habría dado la campaña de Gustavo Petro de parte de Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, un narco que ya había sido extraditado y luego regresó al país. Su esposa Sandra Navarro aparece muy activa en un evento que sería el cierre de campaña en Casanare y también en documentos de Colombia Humana, como parte de ese grupo político. En el evento que se registra no hay presencia del entonces candidato. Se menciona con insistencia en el informe a Fabio Vargas, quien ha sido vocero del movimiento político en Casanare, como cercano al narco y a su pareja. La investigación muestra indicios de la cercanía de un narcotraficante y su esposa con la campaña. No prueba el ingreso de dineros ilícitos, pero plantea válidos interrogantes sobre cómo se financiaron los eventos que se hicieron en la casa del narco y si estuvieron reportados en las cuentas oficiales. En el informe no hay versión de la campaña sobre los hechos.

El presidente Gustavo Petro respondió a la denuncia con varios trinos en su cuenta de Twitter en los cuales dijo que la noticia es falsa y pidió rectificación. Noticias Caracol respondió al presidente y se ratificó en sus denuncias. El tema es muy complejo, lleno de detalles. En su desmentido, el presidente habla de elementos que no se incluyen en el reporte periodístico, con lo cual todo se confunde más. También recomiendo ver la nota completa y los varios trinos del presidente para tratar de armar el rompecabezas, que apenas comienza a ponerse sobre la mesa. A esto le falta camino.

Lo cierto es que la denuncia es delicada, mucho más en medio de la investigación que se adelanta por lo que ha dicho Nicolás Petro sobre el ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial. Se debe investigar con claridad y rigor para saber si ingresaron dineros ilegales y, si es así, cuáles serían las responsabilidades políticas y eventualmente penales.

Mientras se responden las inquietudes, es evidente que las mafias del narcotráfico intentan meterse a las campañas políticas de una u otra manera. No es la primera vez que pasa y no será la última. El presidente y la campaña han dicho que se usaron múltiples controles y se dieron instrucciones para evitar ingresos de dineros ilícitos. Que hayan establecido controles es una cosa y que estos hayan logrado tapar todas las rendijas es otra. Es lo que se debe probar en las investigaciones.

Cómo nos vendría bien en estos momentos una justicia transparente en la cual se pudiera confiar plenamente para tener la certeza de llegar a la verdad. En el caso de Odebrecht y el Grupo Aval, la justicia colombiana no vio muchas cosas que sí vieron en Estados Unidos. En las denuncias que se conocen sobre financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, la justicia tiene la lupa puesta y actúa con una sorpresiva velocidad. Es importante que se investigue a fondo y haya garantías para que el actuar de la justicia se base en hechos y evidencias y no en motivaciones políticas. Como sociedad nos queda confiar en las instituciones, a pesar de los pecados de quienes las encarnan y hacer esfuerzos para encontrar herramientas eficaces contra la corrupción y para cerrarle puertas a las platas de la mafia, que están metidas en la política desde hace décadas cuando se les llamaba “dineros calientes”.

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