Los gestores de paz, otra jugada audaz

Tiene un reto grande el Gobierno del presidente Gustavo Petro al tomar la decisión sobre cuáles de los cientos de jóvenes detenidos en el marco del paro nacional serán beneficiados con la libertad al ser declarados gestores de paz. Una decisión que tiene un marco jurídico, pero que es sobre todo una decisión política.

Los ministros del Interior Alfonso Prada y de Justicia Néstor Osuna han dicho que no habrá indulto ni amnistía y que se analizará cada caso de manera individual. No habrá liberación generalizada. Y ahí justamente está lo más importante porque no todos los detenidos están acusados de los mismos delitos y algunos de ellos son de suma gravedad.

Ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de liberar a estos jóvenes para que sean gestores de paz de inmediato se activaron reacciones opuestas. Unos argumentan que se criminalizó la protesta social y por eso es justa la decisión, otros consideran que no se puede premiar a los delincuentes y que se manda un mal mensaje a la sociedad. Sirven algunos elementos de contexto.

La figura de los gestores de paz ha sido usada por varios gobiernos. Delincuentes responsables de hechos atroces han obtenido la libertad bajo la ley que permite al Gobierno pedir el levantamiento de órdenes de captura como parte de las estrategias para adelantar diálogos de paz con grupos al margen de la ley. En el año 2009 Elda Neyis Mosquera García, alias ‘Karina’, y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, dos guerrilleros que tenían entre sus investigaciones penales las de delitos como secuestro, extorsión y asesinato, fueron beneficiados con la libertad para ser gestores de paz. Un par de años antes, en el 2007, por orden del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, también fue liberado Rodrigo Granda de las Farc con el mismo recurso jurídico.

Lo primero entonces es que la figura de gestor de paz no es nueva; existe la legislación que permite hacerlo desde hace tiempo y aparece en la ley 418 de 1997, norma que fue prorrogada y modificada varias veces, la más reciente en la ley 2272 de 2022 conocida como la ley de “paz total”. En el artículo 8 de las dos leyes se habla de los “representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz”. Posteriormente, en el parágrafo 2 se autoriza, por solicitud del Gobierno Nacional, el levantamiento de las órdenes de captura de quienes vayan a participar en los diálogos de paz.

Esas normas son las que, según el Gobierno, serían base jurídica para poder dar libertad a los detenidos. Sin embargo, hay varias dudas. La primera es saber cuántos serán excarcelados. El ministro Prada dijo que se analizarán 230 casos ¿Irán todos los liberados a las mesas de diálogo? y si lo hacen ¿van a nombre de algún grupo ilegal o serán voceros del Gobierno? La norma vigente establece que pueden ir a nombre de “un grupo armado organizado al margen de la ley”, de “una estructura armada organizada de crimen de alto impacto” o como “integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”. ¿En qué calidad llegan a la mesa y si no van qué tareas van a tener?

Tampoco es claro qué pasa con los condenados. El ministro Néstor Osuna dijo que los procesos contra las personas que sean liberadas continuarán. Sin embargo, consultado sobre los condenados, dijo que aún no está claro y que eso será reglamentado. También cabe preguntarse si miembros de la fuerza pública detenidos por delitos cometidos en el paro nacional, podrían ser excarcelados. La norma lo permite. Hacerlo es decisión política.

El presidente Gustavo Petro está cumpliendo una promesa hecha a jóvenes que participaron en la protesta social y que son base importante de sus seguidores y que votaron por él. Recordemos que el tema estuvo en su discurso de triunfo y que intentaron incluir un artículo de indulto en el proyecto de paz total que finalmente se cayó. Ahora parece usarse con mucha elasticidad la figura de los gestores de paz con el fin de pedir el levantamiento de las órdenes de captura. ¿Se puede estirar tanto la norma?

La decisión no es menor. Entre los detenidos hay algunos que han sido imputados por delitos graves. Es el caso de Sergio Andrés Pastor, ya condenado a 14 años de prisión. Difícil que el presidente Gustavo Petro pida su excarcelación luego de una condena por concierto para delinquir y tortura. El personaje se ha convertido en símbolo de los delitos cometidos en el marco del paro. No olvidar, sin embargo, que otros condenados por delitos atroces han sido gestores de paz.

En la otra orilla están los abusos por parte de la fuerza pública documentados en varios escenarios. El más reciente es el informe de Amnistía Internacional en el cual se relatan con detalle 28 casos de violencia sexual y de género en el marco del paro. Esto ha permitido decir que también hubo abusos en las detenciones y las imputaciones, y que se criminalizó la protesta, como ha dicho el propio presidente Gustavo Petro.

En los argumentos para otorgar la libertad se dice que se busca apaciguar al país por todas las vías. Sin embargo, no es claro si se logrará el objetivo. La decisión manda un mensaje de paz a un sector que sintió sus derechos vulnerados en la protesta, pero radicaliza a otro que no respalda esas concesiones y que sintió también afectados derechos colectivos. El asunto no es fácil. De nuevo el presidente Gustavo Petro hace una jugada audaz. Sería ideal que en la decisión de a quiénes se les otorga la libertad y qué tareas van a tener se pueda pensar en el país, en todo el país, porque esa es la única manera de que una decisión que busca pacificar no se convierta en otro motivo de confrontación y violencia.

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