Columna
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Con el cuidado de los niños nos metemos todos

En Colombia buena parte de la violencia sexual contra menores de edad ocurre dentro del hogar y los victimarios son familiares o personas cercanas a la familia

Un grupo de mujeres protestan contra la violencia de género en Bogotá, en 2019.
Un grupo de mujeres protestan contra la violencia de género en Bogotá, en 2019.Anadolu Agency (Getty Images)

Otra vez el debate público en Colombia se carga de desinformación. Esta vez en un asunto de la mayor importancia para la protección de niños, niñas y adolescentes que se ha enrarecido por una carga de información falsa en redes sociales. Un proyecto de ley radicado en agosto del año pasado, que busca promover y fortalecer la educación para la sexualidad, está de nuevo sobre la mesa porque se ha retomado su trámite en el Congreso. En un país con altísimos índices de embarazo adolescente y violencia sexual contra menores de edad, este debate debe darse con razones, claridad y verdad.

En el fondo se leen dos miradas opuestas sobre el papel del Estado y la sociedad en la educación sexual de niños y adolescentes. Para unos, los más conservadores, esto es un asunto de familia. Para quienes promueven el proyecto, en la educación para la sexualidad deben intervenir el Estado, las instituciones educativas, los maestros, la sociedad. No sobra recordar que en Colombia buena parte de la violencia sexual contra menores de edad ocurre dentro del hogar y los victimarios son familiares o personas cercanas a la familia. Es claro entonces que proteger a los menores de edad debe ser un asunto de toda la sociedad. A los niños hay que darles herramientas de protección y se los debe cuidar a veces de sus propias familias. Por eso es bueno poner el debate en contexto, entender de dónde viene y lo que significa.

Lo primero es hacer una claridad: en Colombia ya existe la obligación de impartir educación sexual en el ámbito escolar. Eso no es nuevo. Lo establece la ley 115 de 1994 en el artículo 14 que ordena la enseñanza obligatoria de varios asuntos, en “todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal”. Entre esos temas obligatorios está “la educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad”. Esto rige, según esa ley, en los niveles de la educación preescolar, básica y media.

Por eso lo que plantea el proyecto de Ley 229 de 2021 es solucionar las deficiencias que hay, fortalecer el proceso y avanzar porque esa orden que dio la ley en 1994 no se cumple en todos los establecimientos y es casi inexistente en zonas vulnerables. Se trata de dar un paso más y garantizar que se tenga acceso a esa formación ordenada por la ley.

También es bueno señalar que este proyecto viene de legislaturas anteriores. Fue radicado el 11 de agosto del año 2021 con la firma de quince representantes a la Cámara. Sigue en trámite, pero no es nuevo. El origen de la propuesta se remonta al proyecto “los jóvenes tienen la palabra”. Después de protestas estudiantiles varios congresistas jóvenes decidieron recorrer el país para escuchar las peticiones y necesidades directamente en zonas vulnerables. Visitaron 11 ciudades, recibieron muchas propuestas y las consolidaron en 5 proyectos de ley. Uno de ellos es el que busca mejorar la educación para la sexualidad.

El proyecto sigue los lineamientos de la UNESCO en materia de Educación Integral de la Sexualidad, se inspira en trabajos de campo que han sido efectivos y se enfoca en reducir el embarazo adolescente, la violencia sexual, la no discriminación, el reconocimiento de la diversidad, entre otros objetivos. Además de la formación de niños y jóvenes se plantean espacios de formación de educadores, familias y cuidadores.

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Por todo esto, reducir el debate a decir que a los niños se les quiere quitar su condición de niños o que buscan adoctrinarlos en prácticas sexuales nocivas es, por decir lo menos, irresponsable. El proyecto nace de lo que dijeron los jóvenes en distintas regiones. Ellos manifestaron las dificultades de acceso a información sobre anticoncepción, sobre derechos sexuales. La ignorancia expone a los menores de edad al abuso, a los embarazos no deseados, a las enfermedades de transmisión sexual. Una manera de protegerlos es educarlos para la sexualidad y preparar a los maestros para que puedan estar al nivel de sus inquietudes.

Es claro para los expertos en educación que hay distintos niveles de conversación con los niños sobre su cuerpo y su sexualidad en cada edad. Si, como tristemente ocurre, hay niños abusados en edades muy tempranas, también a edades tempranas hay que darles herramientas que les permitan generar alertas para protegerlos. Siempre dentro de lo que en cada nivel y edad se puede abordar y discutir. Si hay adolescentes que tienen relaciones sexuales, es mejor que a ellos se les pueda hablar de sus derechos, de las alternativas de anticoncepción, de lo que significa la sexualidad consensuada y respetuosa.

La educación sexual no es asunto privado porque el abuso y el embarazo de niñas y adolescentes son asuntos públicos y desde lo público se deben atender. Las familias cuidan pero también a veces se convierten en riesgo para los menores de edad. Ni el Estado ni los establecimientos educativos deben marginarse de esta formación. Por eso cuando se habla de educación sexual, lejos de decir “Con mis hijos no te metas”, lo que debemos decir es que cuando se trata de cuidarlos y protegerlos nos debemos meter todos.

El detalle del proyecto de ley es algo para debatir en democracia. Que haga su trámite en el Congreso, su escenario natural, y los ciudadanos debemos exigir un debate de altura sobre verdades y no sobre mentiras o desinformación emocional. Están los niños de por medio. Una cosa es discrepar en algunos puntos y discutir para lograr acuerdos y otra mentir y desinformar para tratar de frenar un proyecto.

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