Guerra abierta entre el CNE y Petro: la última batalla inesperada

La relación histórica del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Gustavo Petro nunca ha sido fácil. Cuando era candidato, las críticas del hoy presidente contra los organismos electorales eran constantes, hasta que llegó a la Presidencia. En aquellos primeros meses de mandato, en lo que todo eran buenas palabras y gestos, el CNE no fue una excepción. “Está en sus manos que este Consejo Nacional Electoral, que hoy inicia, pueda ser el mejor”, dijo Petro con grandilocuencia en la posesión de los nuevos magistrados. Un año después de aquello, y al calor de nuevas elecciones el próximo mes, las buenas palabras han desaparecido. Petro suma un nuevo adversario a su causa.

En las manos del CNE está el futuro de miles de candidaturas políticas. Solo para las elecciones regionales y locales del 29 de octubre, recibió más de 3.000 solicitudes de revocatoria. Se trata de demandas hechas por la ciudadanía o que llegan al Consejo a través de la Procuraduría. “Nosotros estamos trabajando para darle continuidad a todo lo que se ha hecho en anteriores años, son decisiones tomadas dentro del marco jurídico”, asegura Alfonso Campo Martínez, presidente del ente, que rechaza que lo sucedido esta vez sea una novedad.

El CNE comenzó hace más de dos semanas las audiencias para decidir si tumba las propuestas o permite seguir adelante a los candidatos. En este tiempo ha revocado a más de 1.800, lo que inevitablemente trastoca el mapa electoral. Unos casos son más sonados que otros, pero sin duda ninguno como el de Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y aspirante a la gobernación de Santander. El CNE apoyó su inhabilitación por las tres sanciones disciplinarias que pesaban sobre el exalcalde de Bucaramanga durante su mandato: golpear a un concejal, llamar “lavaperros de la politiquería” a un ciudadano y maltratar a un funcionario. Con la decisión sobre Hernández, saltó el primer resorte en el presidente Petro.

“Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH que es de obligatorio cumplimiento”, tuiteó Petro, en la primera comunión pública que se da entre estos dos oponentes políticos. El presidente citaba así a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que le devolvió la Alcaldía de Bogotá en 2014 cuando el procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó del cargo. Pero Hernández sirvió solo de anzuelo, como antesala de lo que estaba por venir.

Las decisiones de revocar a Tulio Gómez, a la Gobernación del Valle, y a Patricia Caicedo Omar, a la Alcaldía de Santa Marta y feudo de la izquierda, encendieron al presidente, que saltó contra lo que considera una confabulación contra el cambio. En Santa Marta, la decisión de no permitir participar a la hermana del actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por incompatibilidad, llevó a miembros del partido Fuerza Ciudadana a protestar frente a la Procuraduría.

“Han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales. Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana pasándose por la faja la voluntad libre del pueblo”, tuiteó el viernes Petro, que exigió que se citara “de inmediato” a la máxima instancia de garantías electorales. El ministro del Interior hizo lo propio este mismo lunes.

El presidente del CNE asegura a EL PAÍS que la decisión del organismo es “no contestar al presidente y seguir trabajando”, aunque el Consejo sí emitió un comunicado para solicitar al Gobierno nacional respeto a las decisiones que se han tomado “en derecho y en ejercicio de sus competencias constitucionales”. Además, ha pedido la adopción de las “medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de todos los funcionarios de la Organización Electoral”.

Lo cierto es que esto no es nuevo. El CNE siempre ha revocado centenares de candidaturas, aunque este año el número ha sido mayor. Se debe, entre otras cosas, al crecimiento exponencial de los partidos políticos. Si en las elecciones locales de 2017 competían 17 fuerzas, ahora lo hacen hasta 36 organizaciones políticas. Eso explica, dice una fuente que ha participado en el proceso de las audiencias, que se hayan inscrito muchos candidatos que tienen inhabilitaciones o algún impedimento para participar en procesos electorales, un error en el que evitan caer los partidos tradicionales, con unos aparatos jurídicos más engrasados.

Por el camino se han quedado algunas candidaturas imposibles, como la del llamado Hombre Marlboro, un narcotraficante que pagó una condena de 19 años en Estados Unidos entre 2002 y 2019. Samuel Santander Lopesierra, quien aspiraba a la Alcaldía de Maicao, La Guajira, su pueblo, ha decidido inscribir a su hijo para participar en su lugar. Los considerados víctimas del CNE no suelen aceptar a la primera su descarrilamiento electoral. Tampoco lo hará Rodolfo Hernández, el nuevo protegido del presidente Petro, que ha prometido dar la batalla contra su inhabilitación.

En el centro de toda esta polémica está la formación del propio CNE. Se trata de un organismo integrado por nueve magistrados con claras filiaciones políticas, algunos de ellos incluso excandidatos al Congreso que no lograron un escaño, que la Constitución determina que son postulados y elegidos por las propias bancadas del Congreso para reflejar el equilibrio de fuerzas del Legislativo. La idea de reformar su estructura tampoco es nueva, pero hasta ahora no se ha logrado. Quizás podría hacerse si se aprueba la reforma política que propone el Gobierno, pero esta, como otras, avanza a trompicones en el Congreso.

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