El Consejo Electoral no cambia ni con Petro

La elección del Consejo Nacional Electoral (CNE), este martes en la plenaria del Congreso, se dio casi por unanimidad. 254 de los 295 congresistas apoyaron una misma lista tras un acuerdo entre todas las bancadas, incluyendo las que apoyan al Gobierno. La oposición uribista lanzó su propio candidato, aparte, y lo logró elegir con 31 votos. Con esas decisiones quedaron por fuera personas con recorrido en temas electorales, mientras entraron tres políticos de carrera.

El CNE es el responsable de mantener la transparencia de los procesos electorales. Ser magistrado de él permite influir en cuestiones claves, como el monto de recursos que le gira el Estado a los partidos o a las campañas, y especialmente investigar a candidatos, partidos y campañas por faltas electorales.

Su diseño constitucional, con magistrados elegidos por el Congreso y candidatizados por sus bancadas, ha sido criticado por expertos como la Misión de Observación Electoral (MOE), ya que deja en manos de políticos la elección de quienes los vigilarán. En 2018 fracasó en el Congreso una propuesta de reforma electoral que, en desarrollo del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, incluía eliminar el CNE.

El presidente Gustavo Petro la ha apoyado y ha anunciado una reforma en el mismo sentido, pero no la ha presentado, y los congresistas que lo apoyan votaron a favor de excongresistas y personas con trayectoria política y sin experiencia técnica en lo electoral. Su Gobierno apoya una propuesta de reforma al Código Electoral que cambia la forma de voto y que corrige los errores de una similar aprobada en 2021 y que la Corte Constitucional tumbó por errores en el trámite.

El nuevo CNE, como explicó el presidente del Congreso, Roy Barreras, tendrá dos magistrados del Pacto Histórico (la coalición por la que fue elegido Petro) y dos del Partido Liberal. Otros cinco partidos (Conservador, Alianza Verde, De la U, Centro Democrático y Cambio Radical) eligieron un magistrado cada uno.

El magistrado que no fue elegido en la lista común es el uribista Álvaro Hernán Prada, uno de los excongresistas que serán magistrados y marcan la falta de cambio en el CNE. No quedó en la lista porque tiene una investigación penal abierta en la Corte Suprema de Justicia por una presunta manipulación de testigos que envuelve al expresidente Álvaro Uribe. Renunció al Congreso en 2020 para intentar que ese proceso pasara a la Fiscalía, pero la Corte se negó al cambio. En marzo fracasó buscando la elección al Senado.

Los otros dos congresistas que ahora serán magistrados electorales son César Lorduy, exsenador de Cambio Radical que tampoco logró reelegirse este año, y Maritza Martínez, exsenadora de La U que no buscó volver al Congreso para buscar su cupo en el CNE: Ninguno de ellos es experto en temas electorales, aunque comparten la experiencia de haber buscado y conseguido votos, y Lorduy fue ponente del Código Electoral que hundió la Corte Constitucional.

Solo tres de los nueve elegidos tienen experiencia clara en asuntos electorales. Uno es Cristian Quiroz, magistrado de la Alianza Verde que desde 2014 es director jurídico del partido, y que en ese cargo ha manejado los procesos electorales de la colectividad. Los otros dos son los magistrados liberales Benjamín Ortiz, que trabajó en el CNE entre 2022 y 2017 y viene de ser secretario general de la Registraduría (la otra entidad con funciones electorales, encargada de realizar las elecciones) y Altus Baquero, quien trabajó en la Registraduría de 2008 a 2015, cuando fue secretario general. Los dos llegaron apadrinados por antiguos magistrados del CNE: respectivamente por Alexander Vega, hoy Registrador General, y Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.

A los tres excongresistas y los tres conocedores de asuntos electorales se suma un político conservador miembro de una dinastía política. Se trata de Alfonso Campo Martínez, quien viene de ser el director de la Unidad Nacional de Protección designado por el expresidente Iván Duque, es sobrino de un exalcalde conservador de Valledupar, ciudad capital del departamento caribe del Cesar, y hermano de un excongresista de ese mismo partido por ese departamento.

Los dos restantes son Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, de las bancadas de izquierda. Márquez es cercana a Petro y experta en asuntos administrativos, con alguna experiencia electoral. Velásquez, candidata del tradicional partido de izquierda Polo Democrático (parte del Pacto Histórico), tiene trayectoria en entidades locales del centro del país y está especializada en derecho laboral.

En el camino se quedaron candidatos más expertos en temas electorales como Álvaro Echeverry, el coordinador jurídico electoral del Pacto Histórico que detectó la ausencia de votos de esa lista al Congreso en marzo pasado y fue clave para recuperar curules,. Quedó por fuera porque su padrino, el senador Barreras, perdió el pulso interno frente al Polo. O como José Antonio Parra.

Los nuevos magistrados tendrán en sus manos tanto investigaciones electorales por las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, como la preparación de las elecciones regionales de octubre de 2023, en las que Colombia elegirá 32 gobernadores, unos 1.200 alcaldes y miles de diputados departamentales, concejales municipales y distritales, y ediles locales en las ciudades.

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