La salud mental en Bogotá: con urgencias psiquiátricas copadas y las mujeres más deprimidas

Carol Valentina González Vargas, Juan Camilo Campos Martínez y Santiago Ayala López eran estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Bogotá. Todos se suicidaron en los dos primeros meses del 2024, lo que derivó en que el claustro se declarara en “emergencia de cuidados” el pasado 20 de marzo. Antes de ellos, la polémica se avivó por el suicidio de una adolescente de un colegio privado de Bogotá. Así, cada semana una situación distinta trae de nuevo un debate público pendiente sobre la atención y el estado de salud mental de los millones de habitantes de la capital del país.

La controversia se profundizaría si se tiene en cuenta que la salud mental de los bogotanos apenas hasta diciembre pasado contó con su primer estudio distrital de salud mental. Si bien en 2017 se había hecho un tamizaje menor con alrededor de 3.000 personas, hasta hace cuatro meses la ciudad pudo tener un panorama más claro sobre la salud mental con una encuesta realmente representativa. La alerta no es nueva, pero sí persistente. En diferentes oportunidades, en particular luego del confinamiento en 2020, se ha advertido, por ejemplo, que las urgencias psiquiátricas no dan abasto. El psiquiatra Milton Murillo concuerda con esas denuncias. “Las unidades de psiquiatría siempre están ocupadas al 100%. Yo trabajo en las unidades más grandes de Bogotá, o sea, la que más camas tiene habilitadas tanto para pacientes agudos como crónicos, y todo el tiempo estamos al tope de la ocupación”, le cuenta a EL PAÍS. De acuerdo con los datos proporcionados a este medio por la Secretaría de Salud, a febrero 29 de 2024, la ocupación de camas en hospitales de atención psiquiátrica de la red pública distrital fue del 93%.

La encuesta mencionada anteriormente, y que por primera vez indagó por la salud mental de los ciudadanos de todas las localidades, se realizó en los últimos meses de la administración de la exalcaldesa Claudia López y encuestó alrededor de 15.000 personas que viven en las 20 localidades de Bogotá. El documento arrojó datos claves que permiten dimensionar la gravedad de la situación a nivel distrital.

Los datos recogidos permiten evidenciar que la ansiedad y la depresión son de los trastornos más comunes en los bogotanos, aunque su prevalencia cambia de acuerdo al género y el estrato socioeconómico. De acuerdo con el estudio, el 26,48% de las personas en estrato uno; el 22,63% en estrato dos; el 19,85% de las personas en estrato tres; el 16,72% en estratos cuatro, cinco y seis, tienen un posible trastorno de ansiedad generalizada. Los porcentajes se mantienen en los estratos socioeconómicos cuando se habla de altos síntomas de depresión: el 13,16% de las personas en estrato uno, el 12,61% en estrato dos, el 10,43% en estrato tres y el 6,83% en estratos cuatro, cinco y seis. Asimismo, los estratos bajos señalan haber vivido más eventos traumáticos.

Otras diferencias importantes se evidencian en variantes como el género, pues el estudio consigna que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto diferenciado en la salud mental de las mujeres y son ellas quienes tienen más diagnósticos de depresión y ansiedad generalizada (12,82%) con respecto a los hombres (8,76%). De 1.460.000 ciudadanos que presentan altos síntomas de ansiedad, el 11,9% son hombres y 27,26%, mujeres. Las principales afectaciones que manifiestan las mujeres tienen que ver con casos de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar. Esta brecha también la ha notado Murillo: “Consultan mucho más las mujeres que los hombres, pero porque hay una dificultad sociocultural para que los hombres se expresen con las emociones y busquemos ayuda”, detalla.

A propósito de la adolescente de 12 años que decidió quitarse la vida, el documento consigna que el 18,1% de los jóvenes encuestados, el 16,44% de los adultos y el 18,1% de las personas mayores tienen un posible trastorno depresivo o están en riesgo de estarlo. Por su parte, el 23,57% de los jóvenes encuestados, el 21,24% de los adultos y el 21,19% de las personas mayores tienen un posible trastorno de ansiedad generalizada. En cuanto a las localidades, Chapinero (20%) y Usme (19%) son las localidades con más baja satisfacción en su estado anímico. En Chapinero (18%) y Santa Fe (17%) están más personas que aseguran que su salud mental es muy mala, mala o regular. Y donde más intentos de suicidios se registraron fue en Antonio Nariño (7,15%) y Usaquén (6,03%). En Ciudad Bolívar (64,03%), Kennedy (56,74%) y Fontibón (56,7%) están los porcentajes más altos de prevalencia en el diagnóstico de ansiedad. En Teusaquillo (17,31%), Usaquén (17,19%) y Antonio Nariño (15,15%) están las mayores prevalencias del diagnóstico con depresión.

Pandemia y políticas públicas

Murillo apunta a que si bien después de la pandemia se visibilizaron estos temas, y poco a poco se ha hecho consciencia de la importancia de hablar de salud mental, por muchos años esa no ha sido una prioridad para los gobiernos, aun cuando en Colombia desde 2013 existe la Ley 1616, que establece que la salud mental es un derecho fundamental. “La ley es una maravilla, pero a la hora de ejecutar, siempre nos quedamos cortos”, dice el psiquiatra. “Lo que tiene Bogotá y el país, el pedazo más duro, son los determinantes sociales de salud mental: seguridad, hambre, atención primaria en salud, educación”, agrega.

En Bogotá la salud mental ha ido desmejorando después de la crisis sociosanitaria de 2020 y los suicidios han ido al alza. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los intentos de suicidio pasaron de 4.012 a 6.074 en 2021; a 8.332 en 2022, siendo el año más crítico; y a 6.295 en 2023. Por ello, a inicios de 2024, el Concejo de la ciudad se vio en la necesidad de crear una Comisión Accidental de Salud Mental. Una de sus integrantes, la concejal Rocío Dussan, le contó a EL PAÍS que dada la magnitud de la problemática, la citada comisión convocó este 24 de abril a todas las entidades distritales para que ante el Concejo de Bogotá rindan un informe sobre este asunto en el Plan de Desarrollo, la política pública. “Estamos sorprendidos con el tiempo de espera al que tienen que someterse los ciudadanos, hasta seis meses para conseguir una consulta con psicología o psiquiatría”, señaló a EL PAÍS. “Desde el punto de vista de la prevención, hay falta de programas integrales de educación emocional enfocados en transformar pautas de crianza, malos hábitos, el consumo abusivo de sustancias y de contenidos en pantallas”, agregó.

Al déficit en la implementación integral de políticas públicas también se refiere Murillo, quien recuerda que, paradójicamente, las que sí han sido puestas en marcha y han tenido buenos resultados no han tenido continuidad. Ejemplo de ello son las ambulancias especializadas en urgencias psiquiátricas, un programa que por 28 años fue una herramienta eficaz y modelo a nivel regional, pero que en 2018 se canceló por decisión de la administración de turno. “Hubo cuatro ambulancias en el distrito que contaban con un psiquiatra disponible las 24 horas, y se encargaban de la atención prehospitalaria. El servicio era muy bueno”, rememora. Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud asegura que sí hay otras estrategias implementadas por la alcaldía, como la internación parcial o clínica diurna o los equipos de atención en casa.

A la crisis se suma la alarma que encendió Dussan el pasado 17 de abril. La concejala reveló que el centro especializado en el tratamiento de la salud mental de menores de edad del Hospital San Blas, al sur de la ciudad, presenta serios retrasos, pues debería entregarse en algunos meses y aún no cuenta siquiera con una licencia de construcción.

Como si la situación no fuese ya compleja, hace un mes la Asociación Colombiana de Psiquiatría publicó un comunicado en el que asegura que hay un desabastecimiento de antidepresivos, antipsicóticos y psicoestimulantes en todo el país. Pero mientras el sector salud presiona aquí y allá y exige al Gobierno Nacional solucionar esa escasez, para Murillo es necesario ir avanzando en otras áreas.

El psiquiatra considera que luego de la pandemia se han dado algunos pequeños pasos que poco a poco van poniendo a la salud mental en el debate público. Sin embargo, hace falta que se adquiera un compromiso de todos los actores de la sociedad. “Lo primero es hablar, visibilizar. Se sigue creyendo que esto solo le compete a los médicos, o a los hospitales, pero no. Es un tema de todos. Los alcaldes, gobernadores, el Estado. Así también se va perdiendo el estigma. Sobre todo es vital trabajar en prevención y en atacar los determinantes sociales”, señala.

Las líneas atención de salud mental en Bogotá son el numeral #106 y el chat de WhatsApp: 300 754 8933. En este enlace encontrará las líneas de atención en salud mental habilitadas en el resto de Colombia.

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