Petro gana y pierde batallas en su empeño de cambiar el rumbo de la política de drogas

El gobierno de Gustavo Petro, en dos semanas, ha celebrado dos victorias muy distintas en su política de las drogas, la que lleva medio siglo de fracasos en una guerra sin fin. Por un lado, logró impulsar la modificación a una importante resolución internacional para que esta guerra tenga un enfoque más de salud pública y menos prohibicionista. Pero, por otro lado, días después las autoridades militares celebraban por lo alto la incautación de cocaína más grande del año en el Caribe. La primera victoria, diplomática, simboliza un cambio notable en la política de drogas. La segunda, militar, demuestra que aún se hace más de lo mismo.

La resolución parece un trofeo pequeño, pero es enorme. Hace un año la embajadora colombiana en Austria, Laura Gil, se dirigió a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, en Viena, para decir que Colombia, el mayor productor de cocaína, está “cansada de poner los muertos y cansada de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó”. Proponía un nuevo enfoque para una política que ha sido un fracaso. Un año después, ante el mismo organismo, el cansancio se expandió. “Hoy, 60 países dijeron: estamos cansados”, dijo Gil ante la Comisión.

Ella logró, tras días de sentarse con representantes de esos países, presionar en conjunto para que la resolución incluyera las palabras “reducción de daños”. Las tres palabras, insertadas con el visto bueno de Estados Unidos, ahora son tres pasos para que el mundo entero empiece a moverse hacia un enfoque de salud pública. Es decir, enfocarse en el consumo responsable y saludable de drogas más que estar encarcelando gente eternamente.

El presidente colombiano ha pujado por este cambio en discursos en la ONU, en sus encuentros con otros líderes de la región, o en cada plaza pública que puede. “Petro ha cambiado mucho la narrativa y eso es importante porque donde la guerra contra las drogas tiene más éxito es allí, en el relato, y por eso se ha mantenido”, dice a EL PAÍS la consultora en políticas de drogas y seguridad, Catalina Gil. “Así muestres y muestres que muchas cosas no funcionan, la gente y los líderes políticos las piden más”, añade.

Este cambio en el discurso ha llamado la atención de actores internacionales más allá de Viena. El próximo año, por ejemplo, se celebrará en Colombia la conferencia internacional más importante sobre reducción de daños (Harm Reduction International Conference) a la que asisten expertos de todo el mundo para hablar sobre las políticas de salud pública. “Vamos a Colombia para apoyar a un país que está dando un salto hacia un nuevo paradigma”, dice la página de la conferencia.

Este esfuerzo diplomático es consecuente con otros esfuerzos nacionales. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, derogó en diciembre un decreto que permitía multar a quienes portaban marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas. Y, actualmente, está trabajando en otro decreto que regularía el uso no psicoactivo de la hoja de coca, algo en lo que han avanzado países como Bolivia.

Aunque el clima internacional no le permitiría al presidente proponer un cambio más radical, como legalizar el comercio de cocaína —Colombia ni siquiera ha aprobado la legalización del mercado de cannabis—, Petro sí tiene espacio para impulsar el comercio de la hoja de coca para usos médicos, industriales y científicos. En el centro de su promesa política está mejorar la vida de los campesinos cocaleros—presentó su política de drogas en octubre pasado en El Tambo, Cauca, frente a 3.000 cocaleros—y este decreto es una vía para avanzar en ello.

Pero al mismo tiempo que jala hacia el cambio, el Gobierno también mantiene algo del status quo. Ante el dominio global del enfoque prohibicionista, Petro y su ministro de Defensa buscan mostrar que están combatiendo el narcotráfico. Para ello recurren y celebran estrategias tradicionales, como destruir laboratorios o incautar grandes cargamentos de cocaína. El Gobierno argumenta que así “asfixia” al mercado, porque se enfoca en lo más alto de la cadena (los traficantes) y no en los más vulnerables (los cocaleros o consumidores).

El martes pasado, por ejemplo, la armada colombiana celebraba incautar, junto con el Comando Sur de los Estados Unidos, “el cargamento de cocaína más grande del año en el Caribe colombiano”: 3.3 toneladas. Fueron capturados tres colombianos, un hondureño y un venezolano, perseguidos en una lancha cerca a la isla de San Andrés. “Un 31,8% ha aumentado la incautación de cocaína entre enero y marzo de 2024, frente al mismo periodo de 2023″, dijo la Presidencia.

“Aún sabemos poco de qué tan efectivas son las incautaciones”, explica Lucas Marín Llanes, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes de Bogotá. Pero sí sabemos, añade en entrevista con EL PAÍS, es que las incautaciones no han afectado los precios de venta de las drogas. Por más grandes que sean las que se anuncian, no alcanzan a modificar la oferta total. “Lo que sabemos con mucha certeza, viendo datos del Ministerio de Defensa, es que las incautaciones por lo general no se enfocan donde deberían: el mayor número de operativos son de marihuana, más que cocaína; y la gran mayoría no supera la media tonelada”, añade Marín.

Por otro lado, aunque los cocaleros y sus cultivos no están siendo perseguidos, tampoco ha avanzado el proceso de sustitución de cultivos para que transiten a una economía legal. “Sigo viendo mucho más discurso en el Gobierno que acción en los territorios”, cuenta Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas en la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Por ejemplo, el PNIS, como se llama el programa de sustitución que nació de los acuerdos de paz en 2016, está frenado desde que se denunciaron casos de corrupción y el Gobierno decidió hacer cambios a su funcionamiento. “Se ha quedado en la planeación”, añade Rueda.

Además, el Ejecutivo aún tiene un enorme hueco en su política de drogas. En su ambiciosa promesa de lograr una paz total —negociando, dialogando o sometiendo a la justicia a grupos guerrilleros, paramilitares y pandilleros— no es clara la táctica para evitar que los grupos que dejen las armas sean reemplazados rápidamente por otros que se dediquen al narcotráfico, como ha pasado anteriormente, y que la violencia se recicle. “Incluso en el mejor de los escenarios, si los grupos actuales se acogen a la ley, otros entrarán a ocupar su lugar, pues las rentas del tráfico son demasiado altas”, escribió recientemente la investigadora María Alejandra Vélez, del Cesed, en El Espectador. “Hay una “pequeña” contradicción, que el Gobierno, aunque lo sabe, pasa por alto en sus discursos. La apuesta de paz total en el contexto de la prohibición y con la cocaína ilegal, será limitada e insostenible”, asegura.

Petro reconoció, cuando presentó su política de drogas, que en su Gobierno podrá lograr solo pasos pequeños para frente a lo que se necesita. “No lo puedo lograr en cuatro años”, admitió, “por la extensión del problema”. La Comisión de Estupefacientes en Viena logró incluir la ‘reducción de daños’ en su resolución, pero está muy lejos de considerar la legalización de drogas como la cocaína. “Es importante que Colombia se mantenga firme y coherente para poner en la mesa el fracaso de la guerra contra las drogas, y por eso este trabajo diplomático es muy importante”, dice Rueda, de la FIP. “Pero hasta que las drogas no se legalicen, a Colombia no le sirve lo que se discute hoy en la Comisión de Estupefacientes”, concluye.

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