La regulación del consumo de drogas, la primera lanza que rompen los nuevos alcaldes

Los mandatarios de Cúcuta, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y al menos una decena de ciudades más han expedido decretos para mantener a raya el consumo de sustancias psicoactivas en ciertos espacios públicos. Fue la Corte Constitucional en 2023 quien les designó esa tarea, al señalar que son las autoridades locales las que deben regular dónde y cuándo se puede hacer ese uso, para velar así por la protección de los menores de edad. Sin embargo, algunas de las nuevas normas, que han servido para reforzar un golpe de opinión, van más allá de esa orden.

El primero en hacerlo fue el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien con tan solo cinco días en su cargo, decretó la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en un perímetro de 60 metros de parques, centros educativos y zonas históricas. La decisión no sorprendió, ya que en campaña el pastor cristiano se había declarado opositor acérrimo a las drogas y había llamado “marihuanódromos” a algunos sitios donde suele haber consumidores. La nueva norma contempla sanciones pedagógicas para quienes no acaten las restricciones, que se convierten en multas en caso de reincidencia.

En Bucaramanga ya regía un decreto similar, de la administración anterior de Juan Carlos Cárdenas. Sin embargo, ese decreto (403 de 2020) contemplaba multas económicas por el consumo y el porte de SPA, algo que prohíbe el marco jurídico actual. De tal forma que Beltrán reencauchó esa norma, ajustándola en ese punto, y así lo explicó el pastor en su decreto de 2023: “Debe derogarse toda vez que no atiende la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional y el marco jurídico reglamentario fijado por el Gobierno Nacional”.

El siguiente en decretar restricciones fue Fico Gutiérrez, el 17 de enero. El alcalde de Medellín expidió una de las normas más restrictivas de la nueva oleada de regulaciones. La reglamentación contempla los mismos lugares que el de Bucaramanga y añade centros deportivos y recreativos, así como eventos públicos o privados con presencia de menores de edad. La prohibición se extiende a un perímetro de 100 metros a la redonda de esos lugares, y tiene como sanciones la destrucción de la sustancia y castigos económicos que van desde los 600.00 pesos (un poco más de 150 dólares).

Un par de días después, el 19 de enero, Dumek Turbay hizo lo propio en Cartagena. El mandatario de la ciudad amurallada siguió la línea de los otros alcaldes, con parques y colegios, y sumó espacios para la práctica de ejercicio físico, centros religiosos o espirituales y centros médicos de cualquier nivel. Les llamó “Zonas Seguras”. Al igual que en Medellín, la prohibición se extiende a 100 metros a la redonda e implica la incautación y destrucción de las sustancias.

En conversación con EL PAÍS, Alejandro Lanz, de la organización Temblores, explica que han rastreado la expedición de 23 decretos de este tipo. Cúcuta, Armenia, Manizales, Popayán, Pereira y Yopal están entre las ciudades que lo han hecho.

Oleada de críticas

Con la seguidilla de normativas no han tardado en aparecer los aplausos, las críticas y los líos. El caso más relevante es el de Cartagena. Allí el nuevo decreto va más allá de regular el consumo en lugares públicos y ordena la incautación y destrucción de las sustancias psicoactivas que se porten en el espacio público, algo que va en contra del marco jurídico de la Corte Constitucional. “El presente Decreto no debe interpretarse como una habilitación para portar o tener sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas, en el espacio público; en consecuencia, las autoridades deberán proceder a su incautación y destrucción”, dice su artículo sexto.

La resolución remite el procedimiento de incautación y destrucción de las sustancias que se porten, así como la lista de ellas, al decreto nacional 1844 de 2018. Pero este último fue derogado por el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 7 de diciembre, justamente para cumplir las órdenes de la Corte. “Lo que hace este decreto derogatorio es ajustar a la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado: el porte de dosis personal no está prohibido y algo que no está prohibido, pues no puede ser castigado ni con multa ni con ninguna otra sanción”, aseguró en su momento el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

“Que un alcalde expida una normativa con base en otra que ya no está vigente es una desfachatez”, sentencia Lanz. Algo similar ocurre con los decretos de Popayán y Barranquilla, que incluyen el porte entre las prácticas prohibidas. Solo la administración de Turbay ha contestado a estas críticas hasta el momento. “En ningún momento se remitió al Decreto 1844 para referirse a las sanciones como erróneamente lo hace ver la ONG, pues las sanciones no están en el artículo 6, sino 5″, le respondió la Alcaldía al medio local El Universal.

Mientras se mantiene el debate jurídico, en Popayán la Policía ya ha hecho alarde de los resultados del decreto, incluyendo la persecución al porte.

Un escenario político tenso

Los decretos, aunque tan recientes que ciudades como Cali o Bogotá no han sacado los propios, marcan una nueva fase del debate sobre la política de drogas. Los sectores más conservadores insisten en una visión prohibicionista que, en su concepto, ayuda a combatir la inseguridad. Así lo ha dejado claro en Bogotá uno de los concejales del derechista Centro Democrático, Andrés Barrios, quien radicó un proyecto de ley para prohibir el consumo en espacios públicos. Miguel Uribe, senador de la misma colectividad, le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán, quien ha anunciado un decreto de regulación, avanzar en ese enfoque más radical. Hasta ahora, los pronunciamientos del mandatario se han ceñido a las órdenes del tribunal. “La Corte nos dijo que no podíamos restringir completamente. Vamos a tener zonas donde vamos a restringir el consumo y hay otras donde no”, aclaró en una entrevista con el canal RCN.

En contraste, Gutiérrez, de Medellín, y Turbay, de Cartagena, han criticado de frente a Petro por la derogatoria del decreto que penalizaba el porte de sustancias psicoactivas. El alcalde de Cartagena incluso ha asegurado que en la ciudad no habrá zonas permitidas para el porte ni para el consumo. “Los que conocen mi forma de pensar y actuar saben que esa propuesta no tiene ninguna posibilidad en Cartagena mientras yo sea alcalde, todo lo contrario, las decisiones que surgen son fortalecer el decreto 003 y vamos a ampliar las prohibiciones efectivamente donde se da la ocurrencia de consumo de droga y nosotros lo vamos a prohibir, claramente en contravía a lo que ha dicho el presidente”, aseveró en una entrevista en Caracol Radio.

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