La oposición en Bogotá y Medellín denuncia la vulneración de sus derechos

Bogotá y Medellín, las ciudades más importantes de Colombia, comparten un aspecto que hoy despierta polémica: las mesas directivas de sus Concejos municipales no tendrán representación de la oposición. En ambos centros urbanos, luego de la posesión de Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez como sus alcaldes, algunos sectores de izquierda denuncian que sus derechos políticos fueron vulnerados. Las bancadas afines a los nuevos mandatarios locales hicieron valer su poderío y coparon la presidencia y dos vicepresidencias de su respectivo Concejo, dejando por fuera del órgano directivo a los concejales detractores. El hecho abrió un debate sobre el respeto por la ley, que desde hace más de cinco años reconoció garantías a la oposición en las diferentes corporaciones públicas.

En julio de 2018, durante los últimos meses del mandato de Juan Manuel Santos, se expidió la Ley 1909, también conocida como Estatuto de la Oposición. La norma se originó en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC en 2016. Fue sancionada dos años más tarde, debido a que su reglamentación tardó, y, entre otras disposiciones, estableció que “las organizaciones políticas declaradas en oposición (...) tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas de las plenarias del Congreso de la República, las Asambleas departamentales y los Concejos distritales”. Las mesas directivas tienen por tarea definir los temas y agendas de debate, se eligen por voto entre los concejales y son tripartitas: tienen presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Los opositores, en Bogotá y Medellín, quedaron por fuera de estos cargos.

En la capital del país, la presidencia del Concejo quedó en manos de Juan Baena, quien pertenece al Nuevo Liberalismo, la colectividad del alcalde Galán. La primera vicepresidencia le correspondió a Rolando González, del derechista Cambio Radical, y la segunda vicepresidencia fue para Julián Espinosa, de la Alianza Verde. Los tres partidos representados en la mesa directiva, que juntos suman 20 de las 45 curules de la corporación (44%), forman parte de la coalición que apoya al mandatario.

El Pacto Histórico, que cuenta con siete concejales y es la principal fuerza opositora a Galán, había designado a la concejala Ana Teresa Bernal para ser la segunda vicepresidenta. Se esperaba que, como sucede desde la entrada en vigor del Estatuto de Oposición, los demás partidos votaran por Bernal y así permitieran que la oposición integrara la mesa directiva. No obstante, cuando llegó el momento de votar, sorpresivamente Rolando González se postuló al cargo y recibió 31 votos, dejando sin posibilidad a Bernal.

La indignación rápidamente salió del recinto y llegó a las redes sociales. En un acto de rebeldía, el concejal Julián Triana, de la Alianza Verde, lamentó que su propio partido apoyara a González. “Quienes defendimos el proceso de paz tenemos la obligación de velar por el cumplimiento del Estatuto de la Oposición porque de ahí salió. Con jugaditas le quitaron la vicepresidencia a la oposición”, publicó en su cuenta de X. El propio alcalde Galán, en la misma plataforma, manifestó su rechazo: “La oposición debe tener todas las garantías para que pueda ejercer su función política”. Bernal, en su condición de afectada, presentó una tutela el pasado 5 de enero para “proteger sus derechos políticos” y agregó que no desestima “accionar denuncias penales y disciplinarias”. La acción ya fue admitida por un juzgado de la ciudad.

Para Mauricio Jaramillo, profesor asociado de la facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, lo ocurrido demuestra “una costumbre que no es democrática” por parte de las mayorías en el Concejo. “La democracia consiste en la separación de poderes, es decir, que quien esté en el poder tenga un control político. El Estatuto de Oposición se hizo pensando en eso, que los opositores cuenten con deberes y derechos. Se envía un mensaje de que la vocación democrática no es muy clara, que el pluralismo es débil y que no están dispuestos a entender que la oposición tiene un mandato de controvertir y confrontar”, explicó.

La elección de la mesa directiva del Concejo de Medellín tuvo un desenlace similar. El concejal Andrés Tobón, de Creemos, el partido de Federico Gutiérrez, es el presidente, mientras que la primera y segunda vicepresidencia fueron para Claudia Carrasquilla, del uribista Centro Democrático, y Janeth Hurtado, de la Alianza Social Independiente (ASI), respectivamente. Así como en Bogotá, las tres colectividades en cuestión se declararon abiertamente a favor de la Administración entrante.

De los 21 concejales que conforman la corporación en la capital antioqueña, solo tres son de oposición: Carlos Gutiérrez y Juan Carlos Upegui, derrotado por Gutiérrez en las pasadas elecciones, de Independientes; y José Luis Marín, del Pacto Histórico. Antes de que la votación se llevará a cabo, según señaló Marín en su cuenta de X, a los cabildantes se les compartió el orden del día, en el que curiosamente ya figuraba Andrés Tobón como presidente del Concejo. El concejal del Pacto aseguró que emprenderá acciones legales para que se le restituyan los derechos a la oposición.

Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, lamenta que situaciones de este estilo tengan lugar a pesar de la “dolorosa historia” de persecución que sufrieron las minorías políticas en décadas pasadas. “Desconocer el derecho que tiene la oposición es ir en contra de la posibilidad de profundizar la democracia en nuestro país. La bancada de Federico Gutiérrez demuestra un talante autoritario. El partido que esté en oposición, sin importar cual sea su ideología, debe contar con garantías”, aseveró.

El presidente Petro, que durante años fue una de las voces más visibles de la oposición en el Congreso, también se pronunció ante la coyuntura. “Le pediré a la Agencia de Defensa del Estado que demande todos los nombramientos de mesa directiva donde no se haya tenido en cuenta la Constitución”, afirmó en X. La legalidad de la actual conformación de mesas directivas en los Concejos de Bogotá y Medellín, eventualmente, será puesta en tela de juicio. De ser reversada, se sentará un precedente importante en materia de respeto de derechos políticos a la oposición.

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