El Gobierno camina por la cuerda floja para definir el salario mínimo de 2024

Colombia camina por la cuerda floja de la recesión y el debate para ajustar el salario mínimo (SMM) del próximo año sirve como termómetro para medir el futuro. ¿Uno o dos dígitos? Ese es el meollo del asunto. Los industriales, en su postura clásica, reclaman un aumento moderado de un solo número. Los sindicatos, en la orilla opuesta, claman por cifras para muchos desfasadas del orden del 19%. Y el Gobierno, de acuerdo con las declaraciones de la ministra de Trabajo, se inclina por un camino medio: graduar el alza acorde a la inflación anual cuyo dato más reciente se sitúa en 10,15%.

El debate está minado por varios claroscuros teóricos y más de una contradicción. Numerosos economistas se rasgaban las vestiduras el año pasado cuando el Gobierno anunció que el incremento para 2023 sería del 16%. A renglón seguido las voces apocalípticas vaticinaron que la decisión tendría efectos negativos y que destruiría empleos. Pero, como suele suceder a menudo con el oráculo de algunos economistas, no fue el caso: la tasa de desocupación no ha hecho otra cosa que descender desde el 13,7% anual de enero al 9,2% actual.

De hecho, Eduardo Lora, exdirector de investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, recuerda: “Las perspectivas para este año no eran de una inflación tan alta y persistente como la que hemos tenido. Por eso las ganancias de los trabajadores, en realidad, se erosionaron a lo largo del año y su capacidad de compra ha sido moderada”. El sector privado, en cabeza de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), ha hecho menos ruido en esta ocasión, quizás a la espera de afilar mejor su postura en las negociaciones con las centrales obreras y el Gobierno.

La posición del académico de la Universidad de Stanford Javier Mejía apela a la prudencia debido a la coyuntura de una economía encallada. “Yo me inclino más por la postura de los empresarios”, explica a través de mensajes por WhatsApp, “primero por la desaceleración económica. Segundo por la inflación que aún es alta. Y tercero porque la productividad está estancada”. Mejía reconoce que se trata de una decisión muy compleja porque se mueve en un territorio lleno de cifras dispersas donde los asuntos ideológicos suelen pesar a la hora de su lectura.

El asunto se vuelve aún más borroso si se tiene en cuenta que en el caso colombiano el salario mínimo cubre a más de 2,2 millones de personas dentro de las cuales no se halla precisamente la base más precaria de la fuerza laboral. La tasa de informalidad, además, ronda el 56%: “La falta de claridad sobre los puntos de referencia para identificar las causales hace todo más complicado”, concluye Mejía. Hoy el salario mínimo asciende a 1.160.000, con el subsidio al transporte incluido. Y la Constitución estipula que su graduación no puede ser inferior a la inflación del año que concluye para evitar efectos regresivos en el bolsillo de los ciudadanos.

El exministro de Hacienda del actual Gobierno, José Antonio Ocampo, explica que el año pasado la referencia utilizada para tomar la decisión fue el 15% en el aumento del nivel de precios de bienes y servicios para los ingresos de los hogares más vulnerables o de renta baja: “Yo propongo para el próximo año, apoyado en la inflación anual de los hogares pobres, que está en 9,3%, un aumento del 10%”.

Ocampo es de los que creen, en contra de algunos economistas ortodoxos, que el salario mínimo es un instrumento eficaz para distribuir la renta y luchar contra la pobreza: “Ajustarlo por debajo de la inflación tendría incluso efectos regresivos. El único impacto será mínimo sobre la inflación, pero un aumento como el que yo sugiero ciertamente no generaría ningún efecto dañino”.

Se trata de un debate que coge fuerza como todos los años y que esta semana se debe empezar a clarificar. Para economistas como Hernando Gómez Buendía tiene incluso más tesitura de pulso político que de ciencia exacta. “Es la misma discusión gaseosa de todos los años: ¿Cuál es el ajuste preciso? Eso no existe, porque para establecerlo usted tendría que entrar a revisar si el primer salario mínimo que se fijó en Colombia era justo y desde ahí mirar a quién y a cuántos ha beneficiado y en qué consisten los acuerdos desde entonces. Lo que sí existe, en cambio, es la capacidad política de imponer su voluntad o visión del mundo”, apuntala Gómez Buendía.

Eduardo Lora trata de simplificar el debate y se adhiere a la ruta del 10%: “Es una forma de facilitar la discusión y reconocer la pérdida adquisitiva de los trabajadores. Pero lo que no se puede hacer es decir que, como al Gobierno se le descuadró la política macroeconómica [déficit e inflación], entonces hay que sacrificar a los trabajadores”. Lo cierto es que un trabajo de investigadores del Banco de la República estableció en 2022 que un aumento del 1% en el salario mínimo se traduce en una pérdida de entre 46.000 y 72.000 empleados al año. El documento, titulado Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia, señala que la peor parte se la llevan las empresas nuevas y aquellas con una nómina menor a los 20 trabajadores.

Se trata de un asunto donde existen pocos consensos. Otros trabajos internacionales varían su conclusión e impacto económico a mediano y largo plazo y además resulta difícil extrapolar los resultados. Uno de los parámetros económicos clave para establecer el ajuste en Colombia es el aporte de la productividad media al PIB. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que el rubro específico de la productividad laboral por horas, otra herramienta para medir el valor económico de lo que producen los trabajadores en las empresas, este año es de un 0,76. Con ese indicador sobre la mesa se podría hacer algo de futurología y calcular que, si la inflación anual se ubicara en el 10%, como lo sugieren las proyecciones del equipo de Bancolombia, el aumento quedaría en un 10,76%.

Cualquier vaticinio resulta de todos modos aventurado. Más aún si se tiene en cuenta que se trata de un ejercicio quirúrgico porque sirve como guía para ponderar los costos y beneficios de algunos precios de la economía general. Es lo que en la jerga técnica se denomina como “indexador” para sectores y servicios que van desde la vivienda de interés social, pasando por la agricultura, la educación o el transporte, entre otros. Todo un universo que queda atado al esperado ajuste. Javier Mejía concluye que no habrá consenso. No hay duda de que no son tiempos fáciles para que se dé un acuerdo en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales: “Será una decisión por decreto del Gobierno ya que son visiones bastante distantes de las de la industria y los sindicatos”.

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