Los titubeos de Petro sobre el futuro de los hidrocarburos llegan hasta Dubái

El presidente Gustavo Petro no termina de cuajar su posición sobre el futuro del negocio de los hidrocarburos en Colombia. El libreto oficial desde la campaña presidencial de 2022 hizo énfasis en un plan de transición energética aún lleno de zonas grises. Y como en el caso de otros proyectos reformistas de esta Administración, sus declaraciones han basculado de un lado para otro: “Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”, anunció, una vez más, el viernes desde Dubái, la ciudad emiratí en la que participa en la cumbre contra el cambio climático, COP28.

Una búsqueda paciente en la cuenta de X del presidente basta para rastrear la montaña rusa de afirmaciones sobre este asunto. Nada más posesionarse, a principios de agosto, el ministro de Minas, Andrés Camacho, garantizó que la actividad exploratoria de hidrocarburos continuaría y que el objetivo era incorporar nuevas reservas. Fue un parte de tranquilidad parcial, que buscaba atemperar el tono de las declaraciones de su predecesora, Irene Vélez.

Por eso, la primera duda que reflota ante las palabras del presidente en Dubái es la misma que surgió hace 15 meses, cuando llegó al Palacio de Nariño: “Nosotros tenemos un horizonte de 7,5 años de autonomía energética desde el punto de vista de hidrocarburos. Si en ese tiempo no descubrimos un yacimiento importante, entonces estamos abocados a importar la totalidad del petróleo o qué vamos a hacer”, cuestiona el ingeniero de petróleos, Juan Carlos Rodríguez.

También reviven las peores aprensiones de analistas que recuerdan con insistencia que los hidrocarburos han espoleado el crecimiento económico del país durante la última década y que concentran más o menos la mitad de los ingresos por exportaciones. El doctor en Ingeniería Sergio Cabrales considera que, a pesar de que las declaraciones del presidente varían en un grado u otro, las acciones parecen ser coherentes: “No ha habido nuevas rondas de contratos para producción y exploración de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En eso han sido consistentes. Lo que pasa es que a veces hace alusiones a posibles cambios”.

Un guion que forma parte del juego político y que ha ido variando según la coyuntura. Por eso, los fogonazos del presidente ya no tienen el mismo impacto de hace 15 meses, cuando junto a los responsables de Minas reculaba tanto en las cifras del sector como en el plan de navegación para desprenderse de la matriz eléctrica dependiente de los combustibles fósiles. “Si uno mira las proyecciones a 2050, se seguirá requiriendo gas, gasolina y diésel. La demanda no se va a acabar. Y si acabamos la oferta, será peor porque tendremos que traerlos del Golfo y la contaminación será más alta por el transporte”, argumenta Cabrales.

Los mismos estudios técnicos del Gobierno refuerzan la tesis de que en cualquier escenario el país seguirá necesitando para su electrificación la presencia del petróleo, el gas y carbón durante décadas. En opinión de Camilo Prieto, académico de la Universidad Javeriana, resulta complejo encontrar los soportes que utiliza el presidente para sustentar su plan: “Para que Colombia logre electrificar, cumpliendo las metas de una transición energética justa, debe llevar una capacidad instalada de 120 gigavatios. El país está llegando en este momento a 20 gigavatios de capacidad instalada”.

Por eso deja claro que la estrategia para “reducir de manera relevante la participación de los fósiles en la matriz no se puede hacer de un momento a otro. Los fósiles deben apalancar esa transición”. Y si las mediciones oficiales y de los expertos juegan con un horizonte futuro de 30 años, a Juan Carlos Rodríguez, exdirector del departamento de Energías de la Universidad América, no lo deja de inquietar la onda expansiva que ya genera el tema sobre los planes de inversión extranjera en el país.

“La operación de hidrocarburos representa anualmente unos 139 billones de pesos”, explica Rodríguez, “son 78,2 billones de pesos en exportación. Y más o menos 68 billones en producción. El impacto económico va a ser muy grande”. El ingeniero está convencido en la necesidad de avanzar con la transición energética. Pero de una forma estructurada, gradual y planificada: “Porque por el momento, por más de que el presidente haga anuncios políticos en la COP28, no tenemos una vía clara para sustituir las energías convencionales por unas alternativas que son inexistente en el país”.

En el caso del gas las proyecciones oficiales señalan que las reservas del país se agotarán en 2026. “A uno le llama la atención que no se quiera incentivar la producción doméstica”, incide Sergio Cabrales, “no solamente es más barata que la importada, sino que además genera empleos, genera regalías e impuestos de renta en Colombia. Ahora queremos importar de Venezuela, que tiene un riesgo político muy alto”. Recuerda, así mismo, que el país vecino ya prometió venderle gas a Colombia hace ocho años: “El gasoducto Antonio Ricaurte de PDVSA fue desmantelado, los tubos, los techos de las estaciones se las robaron. Entonces esa alternativa no es la más fácil”.

Se refiere a los planes recientes de Ecopetrol para traer gas desde Venezuela a partir de diciembre del próximo año. En opinión de Camilo Valderrama, el proyecto de transición energética actual tiene falencias conceptuales de raíz. “Cuando revisamos, la primera causa de emisiones de CO2 equivalente es la deforestación (31%), seguida por la ganadería (14,8%), después viene el transporte (12%) y más atrás nos encontramos con las industrias de la energía (8%)”.

Por eso argumenta que la hoja de ruta del Gobierno debería privilegiar una transición agropecuaria con prácticas rurales mucho más sostenibles y reducir drásticamente la deforestación: “No podemos copiar el modelo europeo ni de ningún otro sitio. Nuestro mapa de prioridades es distinto y si no nos enfocamos en los sectores que en nuestra realidad emiten, vamos a perder tiempo”.

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