La reforma de la Policía se atasca en el Gobierno del cambio

A cuatro años de la muerte de Dilan Cruz, el clamor por una reforma de la policía parece haber perdido impulso. El estudiante de 18 años que recibió durante una marcha pacífica en el centro de Bogotá un disparo homicida del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el viejo ESMAD, se convirtió en un símbolo de la represión de las protestas durante el Gobierno de Iván Duque. Pero los abusos documentados en videos que inundaron en su momento los celulares no agitan el debate público con la misma fuerza. El Ejecutivo de Gustavo Petro no exhibe un sentido de urgencia tan pronunciado para acometer la difícil transformación de una institución resistente al cambio que mantiene su anacrónico lema “Dios y Patria”. En medio de la oleada de reformas, la policial está postergada.

El quiebre de la confianza ciudadana tiene un rosario de capítulos. A la muerte de Dilan Cruz le siguió al año siguiente el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez bajo custodia policial, torturado por dos patrulleros que antes lo habían sometido a incesantes descargadas de taser a pesar de sus súplicas. Ese episodio desató la ira ciudadana y provocó dos caóticas noches de disturbios en Bogotá, que a su vez desencadenaron nuevos y graves abusos, con un saldo de 13 muertos. La alcaldesa Claudia López le pidió públicamente al entonces presidente Duque liderar un profundo proceso de reforma de la Policía. El mandatario respondió con una defensa cerrada e incluso se fotografió con una chaqueta de la institución.

Con esos antecedentes se produjo el estallido social del 2021, con decenas de muertos, en el que también se documentaron abusos y se multiplicaron las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo el uso de armas de forma indiscriminada y letal, detenciones arbitrarias y golpizas. Fue entonces cuando Duque anunció una “modernización” de la Policía, sin llegar a contemplar sacarla del Ministerio de Defensa, una vieja recomendación de diversas organizaciones.

Los diagnósticos abundan. En su momento, se acumularon las sugerencias para contar con una policía de carácter civil, como subordinarla al Ministerio del Interior o corregir problemas de formación. La reubicación institucional de la Policía o la creación de una fuerza intermedia, estilo guardia civil o gendarmería para brindar mejor seguridad en zonas rurales, son alternativas que deben ser consideradas, ha argumentado la Fundación Ideas para la Paz sobre la dilatada crisis de la fuerza pública, antes incluso de la campaña que llevó a Petro al poder. Entre varias ideas, la FIP ha propuesto que la Policía debe abrirse a la participación y escrutinio de la sociedad civil.

La Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz, también realizó varias recomendaciones para crear una “nueva visión de seguridad” y fortalecer la gobernanza civil en la fuerza pública. Entre las sugerencias a mediano plazo pide claramente “separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio, como una medida necesaria, mas no suficiente, para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil y de la gobernanza en materia de seguridad ciudadana, rural y urbana”.

La discusión sobre una reforma policial se antojaba impostergable cuando Petro, un crítico de los abusos de los uniformados, ganó las elecciones ―impulsado también por la oleada de protestas contra Duque―. En vísperas de asumir el poder en agosto del año pasado, el naciente Gobierno anunció que se proponía dar el paso de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa. Ante una confianza resquebrajada, esa primera medida era una “decisión tomada”, aseguró el entonces ministro designado, Iván Velásquez, en su primera entrevista luego de que el presidente electo anunció su nombre.

“La institución se adscribirá al futuro Ministerio de la de Paz, Convivencia y Seguridad [una idea por ahora descartada]. Y no hay que inquietarse por eso”, le dijo Velásquez en su momento a la revista Cambio. “Por el contrario, se va a ganar en civilidad, se va a ganar en el respeto por el Estado de derecho, se va a ganar en construir una policía, como lo dice la Constitución Política, para la convivencia y para la garantía del disfrute de los derechos y garantías fundamentales. Esto no significa que se acabe la seguridad pública. Significa que la Policía va a tener como razón fundamental de su accionar la garantía de los derechos y libertades ciudadanas y la convivencia”, argumentó entonces. Otra posibilidad es trasladarla al Ministerio de Justicia. No hay ningún afán para hacerlo, matizó en mayo el general William Salamanca, recién posesionado como director de institución. Salamanca regresó al servicio para relevar al destituido Henry Sanabria, que acabó fulminado por sus salidas homófobas y ultrarreligiosas al frente de una institución en deuda de modernizarse.

Petro también propuso desmantelar por completo el ESMAD, otra idea ya descartada. La promesa de reestructurar a los antidisturbios no se ha concretado en cambios en la actividad cotidiana de un escuadrón que ahora se llama Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). La Mesa por la Reforma Policial —integrada por una veintena de redes y organizaciones sociales— ha dicho que son cambios cosméticos sin suficiente participación de la sociedad civil. Aunque las reformas se atascan en un camino repleto de obstáculos, las cifras sí muestran una ostensible reducción en casos de violencia policial en la Administración de Petro.

“Hasta ahora el Gobierno colombiano ha hecho avances limitados para reformar a la Policía”, valora Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch para las Américas. “Es muy valioso que se busque modificar los protocolos sobre uso de la fuerza y se hayan destituido a policías implicados en abusos, pero es necesario asegurar que las restantes reformas no queden solamente en el tintero”, señala. “Colombia necesita sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, fortalecer el sistema disciplinario interno y limitar el rol de la Justicia Penal Militar. Ello ayudaría a crear una policía profesional que enfrente la inseguridad y respete siempre los derechos humanos incluyendo en manifestaciones durante el actual o futuros gobiernos, cualesquiera sean sus signos políticos”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.