El fantasma de la disputa política no para de perseguir al metro de Bogotá

Por primera vez hay unas elecciones a la Alcaldía de Bogotá con las obras del metro en ejecución ―las más grandes del país― y no un proyecto lejano que solía verse únicamente en titulares de prensa. A pesar de eso, el futuro del medio masivo de transporte que la ciudad ha esperado por más de 80 años no desaparece del debate electoral. Desde el fin de semana, a un mes de la jornada de votaciones, ha resurgido por dos razones ligadas a actuaciones de los organismos de control.

La primera es una investigación de la Procuraduría General de la Nación sobre la intención del presidente Gustavo Petro de cambiar el trazado de la primera línea para incorporar un tramo subterráneo. El recorrido, concebido originalmente con secciones a nivel y elevadas, fue contratado a finales de 2019 en la administración de Enrique Peñalosa, antecesor de la alcaldesa Claudia López. Los 23,6 kilómetros comienzan en la localidad de Bosa, en el extremo sur de la capital, y van hasta la calle 78 con avenida Caracas, en el corazón financiero.

En medio del deseo del presidente por lograr el metro subterráneo, la Procuraduría ha advertido presuntas irregularidades en la celebración de un contrato que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad del Ejecutivo Nacional, firmó con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para revisar la posibilidad de soterrar parte del trazado. Según el análisis, existe una presunta vulneración al principio de autonomía de las entidades territoriales, en este caso el Distrito, y de la voluntad de las partes en los contratos estatales, en referencia al suscrito entre Bogotá y el consorcio chino encargado del metro. “La ANI no tiene potestad para evaluar proyectos en los que no funge ni como contratista ni como contratante”, resumió la Procuraduría en un comunicado.

El presidente Petro, trenzado en una vieja disputa con la procuradora Margarita Cabello por la suspensión de funcionarios de elección popular, ha respondido a los cuestionamientos casi de inmediato. “La Procuraduría no puede impedir que la nación establezca el mejor proceder de los recursos nacionales”, escribió en su cuenta de la red social X ―antes Twitter―.

Desde el Distrito se argumenta que existen criterios técnicos y, sobre todo, económicos para considerar que el metro elevado es el que más le conviene a Bogotá. La Empresa Metro sostiene, entre otros, que con la inversión en un kilómetro subterráneo se avanza en 1,48 kilómetros de tramo elevado. El costo de operación del elevado es 28% menor y se puede construir más rápido. Sin embargo, la discusión entre la tipología de la parte de lo contratado que recorre la avenida Caracas no se ha zanjado.

El otro frente de controversia surgió por la compulsa de copias de un expediente de Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia para que se investiguen supuestos hechos de corrupción en las obras del metro. La revista Semana publicó información de la Fiscalía acerca de unas conversaciones entre un exempleado del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, antes de las elecciones al Congreso de la República en marzo de 2022, en las que se habla de un supuesto pago de coimas por 6.000 millones de pesos para financiar campañas del Partido Verde, la colectividad de la alcaldesa López y de su pareja, la senadora Angélica Lozano.

Pero esas denuncias dejan más dudas que certezas empezando porque la contratación de la primera línea no estuvo a cargo de la actual administración, que tampoco hizo contratos respecto del metro en 2022. Y la adjudicación de la segunda línea ―si se cumple el cronograma― se realizará en el primer semestre del próximo año. “Lo único que ha hecho mi Alcaldía es vigilar el debido cumplimiento del contrato de 2019… No voy a ceder a ninguna difamación, bodega ni presión para parar el metro de los bogotanos. El Metro no tiene reversa ni duda de transparencia”, refutó la alcaldesa, quien a pocos meses de terminar su mandato se ha levantado cada vez con más fuerza en oposición al presidente Petro.

Sus discusiones han pasado no solo por el futuro del metro, sino por la entrega de transferencias económicas para reducir la pobreza y los planes urbanísticos de la ciudad, entre muchos otros. “El proyecto de la primera línea del metro de Bogotá y la defensa de la alcaldesa al Metro de los bogotanos ha sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo”, señaló la Empresa Metro en un comunicado oficial.

La exministra de transporte del Gobierno de Iván Duque, Ángela María Orozco, también salió al paso. “Ni el Ministerio de Transporte ni funcionario alguno del mismo participa o influye en la ejecución del contrato, luego no se entiende qué rol podría jugar un supuesto exfuncionario del Ministerio en el tema”, apuntó. Pidió que la justicia opere pronto y con rigor para no entorpecer el desarrollo del proyecto.

Los candidatos que se disputan la Alcaldía Mayor de Bogotá se han comprometido a continuar con la construcción de la primera línea del metro sin alteraciones. La ficha del petrismo, Gustavo Bolívar, de las pocas figuras fuertes del Pacto Histórico para las elecciones regionales del 29 de octubre, es la excepción. Aunque afirma que seguiría con las obras tal y como están definidas, ha dicho que quiere que se concreten los anhelos del presidente Petro antes del cambio de administración.

“Hacer pasar de manera elevada el metro por el centro de la ciudad y Chapinero es un esperpento técnico, ambiental y de salud… Voy a respetar el cronograma que me entreguen el primero de enero, tal como me lo entreguen, pero aspiro a que el Gobierno nacional alcance a salvar la Caracas y a los pobladores de esa avenida de la debacle que significará un metro elevado 200 años enclavado en el centro de la ciudad”, dijo en un debate del periódico El Espectador a finales de agosto. A su turno, el candidato Rodrigo Lara aclaró que no estaría de acuerdo con suprimir todos los carriles vehiculares de la avenida Caracas.

Entre tanto, Carlos Fernando Galán, el aspirante por el Nuevo Liberalismo y puntero en todas las encuestas, advierte que el metro de Bogotá todavía está en juego. “El Gobierno nacional quiere cambiar ese trayecto. Hay que defenderlo en las urnas”, expresó en el mismo espacio.

La megaobra de la primera línea tiene un avance del 25,23% con corte al 31 de agosto. Los traslados de redes de servicios públicos van en un 99,94% y la compra de 1.428 predios en un 95,41%, de acuerdo con datos de la Empresa Metro. El frente de obra con más avance es el patio taller de Bosa, un área con cerca de 36 hectáreas donde se realizará el mantenimiento de los trenes y donde estarán estacionados mientras estén fuera de operación. En medio de las incesables batallas políticas, la única seguridad la podrán tener los bogotanos cuando los vagones empiecen a rodar, como se espera, en el año 2028.

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