Gustavo Petro y Claudia López estacionan el metro de Bogotá en el centro de la campaña electoral

El metro de Bogotá, un sueño de más de 80 años, ha entrado de lleno en la campaña electoral para elegir al sucesor de Claudia López como alcaldesa capitalina. El presidente Gustavo Petro y la actual mandataria local han reactivado el enfrentamiento que hace rato los divide: convertir en subterráneo un tramo de la primera línea, aunque esto implique postergar la inauguración —prevista para 2028—. No importa que la mayor parte del proyecto aún esté en el papel y que los debates involucren conceptos técnicos de alta complejidad. La politización que hace años atraviesa a las obras ha resurgido justo a tiempo, sobre el filo del plazo para inscribir candidaturas.

La alcaldesa, que en campaña apoyaba el trazado subterráneo pero ahora apoya el metro elevado que ya está en marcha, fue la primera en levantar el perfil. El martes, celebró con efusividad el inicio de la construcción del viaducto de la primera línea y marcó la pauta que deberían seguir sus posibles sucesores. “Invito a toda la ciudadanía, a quienes aspiran a dirigir nuestra ciudad: nada de parar el metro. El metro se hace, se termina y se sigue ampliando”, remarcó. Para ella, la prioridad es que las obras avancen lo más rápido posible y que el nuevo sistema de transporte se inaugure en 2028: “No más charla, más trabajo; 40 años le tomó a Bogotá pasar del primer estudio al primer contrato de la primera línea del metro”.

Petro no se quedó callado. “Pasar un metro elevado por el área más densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá”, reiteró el miércoles en Twitter. El mensaje no era nuevo, pero la declaración elevó la tensión. Según él, la Alcaldía y el Gobierno habían presentado “una propuesta común” para soterrar un tramo a la Sociedad de Ingenieros, un gremio profesional que asesora al Estado. López, sin embargo, matizó que era el Ministerio de Transporte el que promovía los nuevos estudios y que entretanto las obras no se detendrían. Aunque no cerró la puerta a evaluar el concepto de la Sociedad, la respuesta no fue la que esperaba Petro. “El Gobierno nacional ha sido engañado”, señaló el mandatario.

Este jueves, el presidente reiteró en sus redes sociales que la Alcaldía había incumplido con “el acuerdo con la Nación”. Esta vez, detalló cuál es la propuesta que se envió a la Sociedad de Ingenieros: un tramo subterráneo que iría desde la intersección de la avenida Primero de Mayo con la carrera 50, en el sur de la ciudad, hasta la calle 100. Es una de las opciones más ambiciosas que presentó el concesionario en enero. Entonces, la alcaldesa había expresado su preferencia por una alternativa menos costosa, que limitaba el soterramiento a una extensión de la línea entre la calle 72 y la 100.

Las diferencias entre ambos líderes no se refieren a si el metro elevado tiene más beneficios o inconvenientes que el subterráneo. López se opuso a la propuesta actual, que el alcalde Enrique Peñalosa firmó en 2019. La disputa, más bien, es sobre si vale la pena correr los riesgos financieros y jurídicos que implica reabrir un proyecto ya contratado. Cada kilómetro soterrado puede ser hasta 2,5 veces más caro que uno elevado, según la empresa concesionaria de la obra, y el cambio puede hacer que el presupuesto se eleve en más del 50% del costo original, el tope de sobrecosto que permite la ley colombiana para adicionar a un contrato vigente. Además, puede haber demandas de detrimento patrimonial contra la Alcaldía por los gastos que se hicieron para un metro elevado que ya no se realizaría.

El debate financiero, jurídico y político no se va a resolver antes de las elecciones. El informe de la Sociedad de Ingenieros no estará listo hasta octubre, según reconoció el ministro de Transporte, William Camargo. Asimismo, López no ha tenido éxito en sus pedidos a Petro para que se formule una consulta ante el Consejo de Estado, el tribunal que tiene entre sus funciones absolver dudas jurídicas del Ejecutivo. Y, para completar la ecuación, la alcaldesa no puede desligarse del presidente por más que la tensión aumente en redes sociales: el Gobierno ha recordado en varias ocasiones que es el responsable de aportar el 70% del financiamiento del contrato ya firmado.

La esencia del debate, en realidad, no está en los tecnicismos: tiene más que ver con los simbolismos que ha tomado el metro en los discursos de urbanismo de cada sector. Así lo evidenció el ministro Camargo el año pasado, cuando estaba al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura y publicó en Twitter dos imágenes que contrastaban ambas opciones. “Los invito a que revisen el urbanismo de la izquierda y el urbanismo de la derecha. Y saquen, por favor, sus propias conclusiones”, señaló. Para la izquierda petrista, el metro elevado es un símbolo de exclusión y daño ambiental. Sus detractores, en cambio, lo ven como una opción eficiente que ahorrará recursos.

Los expertos, finalmente, se sienten frustrados de estudiar proyectos que nunca se materializan. “Los metros no son de izquierda o de derecha, sino de las ciudades. El mejor metro es el que da servicio a las ciudades y beneficia la movilidad, no el que teóricamente se discute como mejor”, dice por teléfono el profesor Darío Hidalgo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana. Para él, los eternos debates sobre un proyecto ya contratado aumentan la incertidumbre: “Nada garantiza que, si se cambia la decisión, el proyecto va a estar en 2030”.

El sucesor de López

El sucesor de López, que se elegirá por primera vez en dos vueltas, puede favorecer la propuesta de Petro u obstaculizarla con una negativa más firme que la de la actual mandataria. Por eso no es menor el impacto que tienen los enfrentamientos entre el presidente y la alcaldesa. Se expanden como una ola entre los candidatos, quienes tienen interés en reafirmarse de manera decidida en cada lado del debate.

El exconcejal Carlos Fernando Galán, que hace cuatro años perdió por muy poco frente a la alcaldesa, reiteró el miércoles su defensa del metro elevado y propuso una discusión directa sobre el tema con el candidato del petrismo, el exsenador Gustavo Bolívar. “Invito a que demos un debate serio sobre el metro. Pero no sobre por qué no está operando aún o qué alcalde ha tenido las mejores ideas. Un debate sobre el metro hoy, el enorme error que es pararlo y las demandas que eso generaría”, dijo en Twitter. Hace unos días, había expresado su postura en una entrevista con EL PAÍS: “Ese metro tiene ya 20% de avance en su construcción. (...) Tenemos es que terminarlo bien y dar los siguientes pasos ―que ya ha dado la Administración actual― para la segunda línea”.

Otro de los candidatos que ha ganado notoriedad, Juan Daniel Oviedo, ha comentado que no le obsesiona ninguna de las dos opciones, pero que seguiría con el trazado como viene. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha puesto el énfasis en la escasez de los recursos públicos y en todo lo que se podría financiar con la billonaria adición presupuestal que el Gobierno nacional plantea para soterrar la primera línea, bien sea en subsidios para los más vulnerables o en arreglos de la malla vial. “Para la primera es lo que hay, para la segunda [prefiero] subterráneo”, concluía en el inicio de su campaña como independiente en una entrevista con W Radio.

Bolívar, por su parte, confirmó el martes en el lanzamiento de su candidatura que se proponía “evitar a toda costa” que el tramo del metro por la avenida Caracas sea elevado. “La valorización que generan los metros subterráneos a las casas y a las propiedades aledañas es impresionante. La devaluación de los metros elevados genera inseguridad”, argumentó. El aspirante del oficialista Pacto Histórico matizó, sin embargo, que la preferencia que tiene por un metro subterráneo tiene límites y que no se extenderá indefinidamente: “Si de aquí a que nos posesionemos, el 1 de enero, no se logró, vamos a terminar la obra como fue concebida”.

Jorge Enrique Robledo (Dignidad y Compromiso), adversario histórico del presidente dentro de la propia izquierda y aliado de López en las elecciones de 2019, es el otro que coincide en pedir un metro subterráneo, aunque con más cautela. El lunes, solicitó a Petro que consulte al Consejo de Estado sobre la posibilidad de modificar el contrato que ya existe. “Un metro elevado por la Caracas generará un impacto ambiental muy negativo sobre las edificaciones adyacentes y las de su entorno. Tan dañino, que no sería sorprendente que años después Bogotá decidiera destruir ese metro y reemplazarlo por uno subterráneo”, argumenta. Sin embargo, advierte que, de recibir un concepto adverso, el contrato deberá cumplirse a cabalidad para evitar litigios a futuro. Asimismo, afirma que cumplirá con el contrato que esté vigente el 1 de enero, fecha en la que se posesionará el alcalde que gobernará la capital de Colombia durante cuatro años.

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