Colombia afina el vuelco a la política de drogas en los territorios más golpeados por el narcotráfico

Llegar hasta el casco urbano de Tumaco, esa esquina del territorio colombiano enclavada entre el Pacífico y la convulsa frontera con Ecuador, puede tomar horas en carretera o en lancha desde las zonas rurales más golpeadas por el narcotráfico. Hasta los salones de un hotel de la playa del Morro llegaron el pasado jueves más de un centenar de líderes sociales de distintas comunidades afrodescendientes e indígenas, convocados por la ONU y el Ministerio de Justicia, para que sus reclamos se incluyan en la nueva política de drogas que afina el Gobierno de Gustavo Petro. Es uno de los 26 espacios consultivos territoriales que se han organizado en lugares que van desde el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, hasta el departamento amazónico del Guaviare, y que concluyen esta semana, como parte del vuelco profundo que promete el presidente.

“En este Gobierno tenemos puestas las esperanzas del cambio. Esta es la región más diagnosticada del país. No podemos pasarnos la vida de diagnóstico en diagnóstico, esta región requiere de acciones concretas, transformadoras”, enfatiza Lennis Castro, representante legal de la red de consejos comunitarios del Pacífico sur, uno de los participantes en Tumaco. El deseo de las comunidades es hacer un tránsito para volver a las economías lícitas, dice a este periódico. “Todos entendemos y comprendemos la complejidad del problema de las drogas para nuestra región, que para nosotros representa un riesgo”, subraya.

Tumaco ha sido en varios momentos el municipio con mayor extensión de cultivos de coca de Colombia –un lugar que hoy ocupa Tibú, en el Catatumbo–, y Nariño es el departamento con más hectáreas. La costa del Pacífico es la salida natural para las rutas del narcotráfico hacia México y Centroamérica que tienen como destino final el mercado estadounidense. El desordenado archipiélago de grupos armados que operan en la zona obtiene recursos de los cultivos de coca, la minería ilegal, la trata de personas y el contrabando de todo tipo, agravado por la dolarización de la economía ecuatoriana que facilita el lavado de dinero.

En las mesas se debaten acaloradamente asuntos ambientales, de seguridad, justicia social o salud pública. Los participantes hablan de una amalgama de temas que van desde el rezago para implementar el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC y la sustitución de cultivos de coca con cacao hasta el estado de las vías de acceso o el desarrollo pesquero y portuario de Tumaco.

“A los jóvenes de la zona rural no los tienen en cuenta para proyectos, para que no tomen el camino de la vida fácil”, se lamenta Daly Alexandra, una joven de 21 años que trabaja en una tienda de abarrotes en Tangareal, a una hora en carretera. “A veces no tienen oportunidad de acceder a educación, simplemente los reclutan, he sido testiga”, relata. “Son comunidades muy rotas. Hay niños que se fueron a las filas de los grupos al margen de la ley porque vieron cómo asesinaron a sus padres o cómo violaron a sus madres”, dice Gloria Tatiana Benítez, docente de 43 años, habitante de un sector del rio Mira, víctima y representante de organizaciones de mujeres. “La ruptura de nuestra conexión con el territorio, ¿cómo la sanamos?”.

El presidente Petro reclama al mundo un vuelco profundo en la fallida guerra contra las drogas. En los 10 meses que lleva en el poder, ha pedido con insistencia dejar de criminalizar a los eslabones más débiles, como los cultivadores, para enfocar los esfuerzos en golpear a las organizaciones criminales que se lucran del narcotráfico. El objetivo de estos diálogos territoriales, que han contado con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para las drogas y el delito (Unodc, por sus siglas en inglés), es consolidar una política de drogas basada en la protección de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente.

Colombia es por mucho el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima para la cocaína. El terreno total dedicado a esos narcocultivos se disparó de 143.000 a 204.000 hectáreas al cierre de 2021, de acuerdo con el último informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), la mayor cifra desde que se hacen registros. Esa tendencia alcista incluso ha llevado a Estados Unidos a expresar en alto su preocupación. En todo el departamento de Nariño hay 56.000 hectáreas de coca, 18.000 de ellas en Tumaco.

La cifra récord marca el fracaso del énfasis en la erradicación del antecesor de Petro, el conservador Iván Duque (2018-2022), quien dio un brusco giro con respecto a Juan Manuel Santos (2010-2018). Mientras que Santos abogó por cambiar la lucha global contra el narcotráfico –como la hace Petro ahora–, y pidió abordarla como un asunto de derechos humanos y salud pública, Duque volvió al prohibicionismo y favoreció la erradicación forzosa en detrimento de la sustitución voluntaria pactada con los campesinos. Petro considera de plano un fracaso esa manera de abordar el problema. “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”, fue la frase más recordada en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, el pasado septiembre. Toda una declaración de intenciones.

Colombia ha sumado respaldos en ese propósito. La lucha contra el narcotráfico necesita cambios profundos como los que pide Petro, pues la política de la prohibición fracasó, ha dicho la Comisión Global sobre Política de Drogas. Junto al mexicano Andrés Manuel López Obrador se han propuesto convocar al resto de América Latina a rediseñar y replantear la política de drogas. Pero ese esfuerzo necesita aterrizar en las realidades regionales del país. Al Gobierno le ha tomado tiempo construir la nueva política, a cargo principalmente del Ministerio de Justicia, a pesar de que sus pilares son claros. Desde el Ministerio lo explican como un esfuerzo por asfixiar a las mafias asociadas al narcotráfico y darle oxígeno a los campesinos, con la llegada del Estado Social de Derecho a lugares donde nunca ha estado.

La política de drogas, como ha sido ejecutada en Colombia, ha acabado por producir nuevas necesidades y no ha podido contrarrestar el mercado ilícito, se lamenta Camilo Umaña, viceministro de política criminal y justicia restaurativa, en medio de la jornada de escucha en Tumaco. Desde un comienzo se planteó que la nueva política se debería construir desde abajo, escuchando a las comunidades. Esperan tenerla lista en agosto, después de este proceso de diálogos, para presentarla al Consejo Nacional de Estupefacientes. Estos virajes requieren una mirada sostenida en el tiempo, argumenta. “No se trata únicamente de combatir una forma ilícita de la economía, sino también generar condiciones para que haya una garantía verdadera de derechos fundamentales”, afirma.

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