La guerra por la tierra: ¿se hará justicia?

Hace algo más de 20 años, en un trabajo de reportería, hablé con Marina, una mujer que había llegado a Montería desplazada por la violencia. Tenía 35 años, cinco hijos, ningún futuro. Pensé en ella la semana pasada cuando el Congreso aprobó la reforma constitucional que crea la Jurisdicción Agraria y Rural. Marina me contó su historia: vivían con su esposo y sus hijos en la zona rural de Turbo, Antioquia. Llegaron unos hombres que querían comprarles la tierra. Su marido no quiso vender. Volvieron una segunda vez y él les dijo lo mismo: “Es lo único que tengo para mantener a mis hijos”. Delante de ellos lo mataron, le prendieron fuego a la casa y le dieron a ella 24 horas para salir de la zona.

En medio de los debates de las grandes reformas sociales, la pensional, la laboral y la de salud, que han acaparado la atención tanto como los escándalos de las últimas semanas, pasaron en el Congreso cambios importantes que, si se aplican, pueden ser elementos de transformación para un país que tiene entre las causas del conflicto la batalla por la tierra y el escaso acceso de los campesinos a los derechos consagrados en la Constitución. Esa mujer que se apretaba con sus hijos en un cambuche de tabla y plástico no tuvo justicia. Se fue con los niños, con lo que llevaban puesto y perdieron la tierra que había pertenecido por tres generaciones en la familia de su marido.

La reforma constitucional que crea una Jurisdicción Agraria y Rural apunta a una justicia especializada que pueda tramitar con mayor rapidez y eficacia las disputas por la tierra que han estado en el fondo de muchas violencias. Al celebrar y agradecer la aprobación de la reforma en el Congreso, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dijo: “Llevamos un siglo esperando respuesta de la justicia”.

Son miles los colombianos que han muerto esperando justicia, esperando un fallo, esperando la restitución de su tierra arrebatada. Marina no tuvo justicia y me pregunto si habría tenido una oportunidad con una justicia especializada. No lo sé, porque leyes hay muchas y el cumplimiento de ellas es poco. Sin embargo, quiero creer que otros tendrán alguna oportunidad. Lo importante es que la justicia rural pase del papel a la realidad para que haya esperanza para miles de campesinos despojados y para que se tramiten los muchos conflictos en el campo.

Se trata de la propiedad y la tenencia, pero también de los linderos, la titulación o el acceso al agua. Son conflictos mayores o menores que alimentan violencias donde los más vulnerables siempre pierden. El campo colombiano ha estado rezagado en sus derechos y la guerra al final se ha movido mayoritariamente allí. Desde las gallinas y los cerdos que reclamaba Tirofijo, el líder de las FARC que sembró violencia por décadas, hasta las familias que hoy se desplazan en el Chocó para huir de los grupos ilegales… siempre en el fondo se habla de la tierra.

A la Jurisdicción Agraria y Rural se suma la reforma constitucional que da el reconocimiento a los campesinos como sujetos de derechos y de especial protección. A primera vista pudiera parecer que sobra reconocer los derechos consagrados para todos, en teoría, en la misma Constitución del 91. Sin embargo, la realidad nos muestra todos los días las dificultades para acceder a esos derechos por una constante y aberrante discriminación. No sobra entonces ese reconocimiento explícito. Marina, esa mujer que perdió a su marido y su tierra en un hecho violento, debía ser protegida como ciudadana, como mujer, como cabeza de hogar y como campesina. Sin embargo, el Estado no la protegió.

El modus operandi de los violentos ha sido constante: amenazar, asesinar, generar terror para comprar barato o simplemente despojar. Luego viene la “legalización” del atropello de la mano de funcionarios amigos que se hacen los que no ven o son cómplices de frente. Mientras tanto, los campesinos, en medio de dos violencias: la de los grupos ilegales que les arrebatan su tierra y la de un Estado indiferente que se demora y pocas veces llega para garantizar sus derechos y reparar.

Las reformas constitucionales y las leyes no cambian hechos por sí mismas. Si así fuera, simplemente con la Constitución tendríamos un país ideal. No se puede entonces celebrar nada todavía porque, si no se aplican, todo seguirá igual. Aun así, hay que saludar estas reformas porque tenerlas sirve por lo menos como otra herramienta para seguir batallando. A todos nos corresponde vigilar y exigir que se pongan en marcha, que se hagan reales, porque de normas bien intencionadas y fracasadas está llena nuestra historia. Por eso a veces sorprende tanta obsesión por legislar y tan poca por aplicar las leyes que ya existen.

Por la época en que conocí a Marina, en los años noventa, se calculaba que unas 40.000 personas desplazadas por la violencia se refugiaban solamente ahí, en Montería. No son casos aislados, no fue una secuela menor de la guerra. El despojo de la tierra a punta de terror y muerte es parte sustancial de un conflicto que se niega a desaparecer porque sus raíces originales siguen vivas y los dineros que lo mueven también. Por eso, tener una justicia especializada y un reconocimiento de derechos en la Constitución abre por lo menos una ventana de esperanza. Una ventana que Marina y miles más no tuvieron.

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