De Ecopetrol a Postobón: las grandes empresas señaladas por Mancuso de financiar la guerra paramilitar

Ecopetrol, Postobón, Coca-Coca, Drummond, Bavaria, y las empresas bananeras como Chiquita Brands son algunas de las multinacionales más grandes en el país, pero ahora tienen otra cosa en común: han sido señaladas por el antiguo jefe paramilitar Salvatore Mancuso esta semana, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de financiar grupos paramilitares.

Los ‘paras’ no hubieran podido ser el poderoso ejército que fueron sin una enorme billetera que pagó por las armas, los uniformes, o la gasolina para camionetas y helicópteros. Aunque buena parte de esa billetera se llenó con dinero de economías ilícitas (como el narcotráfico), otra parte llegaba de las lícitas. Fueron “miles de millones de pesos”, dijo Mancuso.

La JEP no tiene como mandato juzgar a empresas —solo a a la fuerza pública y exguerrilleros— a menos de que los empresarios quieran acogerse al mandato de este tribunal especial. Algunas de estas empresas lleva años siendo investigadas por la justicia nacional e internacional por múltiples señalamientos en su contra (como la Drummond), o incluso han admitido sus alianzas (como Chiquita Brands). Pero de otras se ha escuchado menos en los tribunales como presuntos financiadores del paramilitarismo, como Postobón y Bavaria. Esto es lo que dijo Mancuso de cada una, y lo que ha avanzado la justicia para investigar esos señalamientos.

Ecopetrol

La empresa más grande del país, es icónica y rentable para el Estado colombiano, quien tiene el 84% de sus acciones. El jefe paramilitar aseguró ante la JEP que la petrolera le permitió a los ‘paras’ extraer combustibles en oleoductos, que luego revendían como si se hubiera extraído legalmente, y que funcionarios de “alto nivel” sabían de este ‘robo’ e incluso lo coordinaron: avisaban a los paramilitares en qué lugar debían bombear y qué tipo de combustible estaría disponible. Mancuso se abstuvo de decir quiénes fueron estos funcionarios. “En su momento se los podré aportar”, dijo al magistrado de la JEP que le preguntó los nombres. La JEP le pidió a Mancuso que, en 30 días hábiles, entregue “un listado con los nombres concretos de los funcionarios de Ecopetrol con los que se establecieron los contactos con las AUC”.

No es la primera vez que Ecopetrol es señalada de alianzas por el paramilitarismo: desde las audiencias de Justicia y Paz, hacia el 2010, varios ex jefes paramilitares han dado declaraciones revelando una complicidad con Ecopetrol. De acuerdo a exjefes paramilitares entrevistados por la Comisión de la Verdad, solo el Bloque Central Bolívar podía ganar un promedio de 14 mil millones al año con la gasolina robada, que era el 80% de la financiación del bloque.

Otros testimonios van más allá de la financiación. Otro de estos exjefes paras contó a la Comisión de la Verdad que Ecopetrol le dio carnets de la empresa a soldados paramilitares, quienes entraban a las instalaciones a su antojo. Y aún más grave: uno de los subgerentes de seguridad en la empresa, el capitán retirado José Eduardo González Sánchez, ya ha sido acusado por la Fiscalía como autor intelectual dos masacres en el municipio petrolero de Barrancabermeja, en 1998 y 1999. No ha habido sentencia en ese caso. Ecopetrol ha dicho que sabe del robo que hicieron paramilitares, pero no ha aceptado una responsabilidad de parte de “altos funcionarios”, y ha dicho que el caso del capitán retirado es un “hecho aislado”.

Bavaria

No son muchos los señalamientos contra la cervecera Bavaria, una de las empresas más grandes del país y que por décadas fue de la poderosa familia de Julio Mario Santo Domingo. En 2005 fue adquirida por SabMiller, y desde 2015 es de la multinacional AB InBev. Mancuso ya había señalado a Bavaria en 2007 como aliada de los paramilitares. La empresa negó haberlos financiado.

Ante la JEP, Mancuso dice que pactaron un “aporte a través de sus distribuidores”. Bavaria les habría aumentado los precios de venta, y una parte de ese dinero extra se iría a las autodefensas. Cuando un magistrado de la JEP le preguntó a Mancuso qué empleados a nivel nacional acordaron esta financiación, respondió: “el tema no lo tengo en la cabeza en este momento, con quién exactamente, pero se hizo”. E implicó ganar “miles de millones”, aseguró.

Aparte de esa acusación de Mancuso, no se conocen muchos testimonios contra la empresa como financiadores. El único importante vino de una exintegrante del bloque paramilitar Héroes de Granada llamada Mónica María Castaño Acevedo, quien contó en 2011, durante las audiencias de Justicia y Paz, que Pilsen (una filial de Bavaria con sede en Antioquia) enviaba ‘ayudas’ a los paramilitares. Una sala del Tribunal en Medellín solicitó a la Fiscalía investigar este y otros apoyos mencionados por Acevedo. No hay ninguna investigación avanzada contra Bavaria, que siempre ha negado el señalamiento.

Postobón

“Eso mismo se replicó con Postobón”, dijo Mancuso después de señalar a Bavaria y al mecanismo de conseguir recursos subiendo el precio de los productos a los distribuidores. “Tampoco tengo a la mano eso”, respondió a la JEP cuando le pidieron que especificara qué empleados nacionales acordaron el esquema. Pero “puedo decirle, de Postobón, que pagaba 10 millones de pesos mensuales, que era un acuerdo directo, porque ellos tenían distribución directa, y que se hacía en los distintos departamentos donde operamos”.

Mancuso no está solo en sus acusaciones contra Postobón. Además de María Castaño Acevedo, el ex jefe de finanzas del frente paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra, Armando Madriaga Picón, dijo hace unos años “unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias”. El excomandante Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, dijo que Postobón le pagaba directamente 10 millones de pesos al jefe financiero del excomandante Jorge 40. Y Raúl Hasbún Mendoza, jefe de las autodefensas en la zona bananera del Urabá, contó que Postobón pagó por razones de seguridad en un acuerdo financiero que aprobaron los hermanos Castaño, quienes fueron los comandantes máximos de los paramilitares.

Postobón ha negado rotundamente “toda asociación entre nuestra empresa y cualquier actividad ilegal”. La JEP le pidió a Mancuso que, en los próximos días hábiles, entregue un “documento en el que se amplíe la información suministrada sobre el vínculo de la empresa Postobón con el paramilitarismo”.

Coca-Cola

“Estuvo Postobón, Bavaria, Coca-Cola”, dijo Mancuso en la audiencia. Sobre la famosa multinacional estadounidense no dijo nada más en los cuatro días de audiencia ante la JEP. La empresa de bebidas tiene presencia en varios departamentos de Colombia donde el paramilitarismo fue poderoso, pero no había sido señalada como financiadora de grupos paramilitares.

Sin embargo, sí ha sido señalada por grupos sindicales. Desde el 2001 varios líderes sindicales estos interpusieron una demanda en Estados Unidos diciendo que Coca-Cola se alió con grupos paramilitares en el país para intimidar y asesinar a trabajadores sindicalizados—una acusación que la empresa ha rechazado y que no ha prosperado en los tribunales. Sin embargo, ya que sindicalistas ligados a las filiales de Coca-Cola en Colombia fueron asesinados durante el auge del paramilitarismo, los trabajadores siguen exigiendo una investigación rigurosa. En 2020, la ONU criticó que el Estado colombiano no haya investigado el asesinato de uno de estos trabajadores, Adolfo Múnera, un activo miembro del sindicato que fue baleado en el 2002.

Drummond

La enorme empresa de carbón en el norte del país ha sido una de las multinacionales más señaladas, no solo por Mancuso, sino por otros exparamilitares, excontratistas, y sus trabajadores. Mancuso señaló a James Adkins, un norteamericano que trabajaba en la seguridad de la empresa, como uno de los funcionarios que se reunieron con paramilitares. De acuerdo a su versión, alrededor de 2000, alias Jorge 40 recibió de Adkins un listado con nombres de sindicalistas para asesinar. “Esa información provenía de adentro”, dijo para señalar que la empresa, internamente, había decidido esos nombres.

Aunque Mancuso no mencionó una alianza financiera con la Drummond, varios los exparamilitares o contratistas la han señalado. Jaime Blanco Maya, un excontratista que suministraba alimentos a los trabajadores, reveló que su empresa funcionó como fachada para pasar dinero de la Drummond al Bloque Norte. Blanco también señaló a Adkins como uno de quienes daban dinero, directamente, a los paramilitares. El excontratista fue condenado como autor del asesinato a dos sindicalistas de la Drummond, y desde el 2021 tiene libertad condicionada por aportar verdad a la JEP. En diciembre de 2020, la Fiscalía acusó a Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la multinacional, y José Miguel Linares Martínez, actual presidente, de financiar y promover a los paramilitares. Los dos han negado las acusaciones.

En suma, “los directivos y la empresa no han sido condenados por la justicia colombiana ni por la justicia norteamericana en los procesos civiles y penales adelantados en su contra”, como dice el informe final de la Comisión de la Verdad, que exige avanzar en estos casos judiciales.

Chiquita Brands y las bananeras del Urabá

La empresa más investigado, judicial y académicamente, es Banadex, hoy conocida internacionalmente como Chiquita Brands, que no solo producía banano en miles de hectáreas sino que tenía empresas de exportación en el Urabá antioqueño. Mancuso recordó que los paramilitares cobraron 3 centavos de dólar a las bananeras de la región por cada kilo de banano exportado, algo que reveló hace varios años el paramilitar que dominaba la zona, Raúl Hazbún. “Lo hicieron con el mayor gusto”, dijo Mancuso sobre los pagos de las bananeras en el Urabá y luego en el departamento del Magdalena.

Hazbún ha sido la principal fuente de información en las investigaciones contra los bananeros: dijo haberle entregado a la Fiscalía una lista con 270 empresarios que les financiaron. De acuerdo a la Comisión de la Verdad, la “Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía desarrolla actualmente una investigación sobre complicidad empresarial, que lleva procesos judiciales contra 18 empresarios bananeros”. En 2007 Chiquita Brands admitió ante la justicia norteamericana que pagaron durante años a los grupos paramilitares, que estaban categorizados como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Los pagos eran mensuales, en el Urabá y el Magdalena, los hizo la subsidiaria Banadex y sumaron más de 1.7 millones de dólares. Admitieron que los ejecutivos de más alto nivel de la empresa sabían de estos pagos a una organización violenta e ilegal.

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