Basta ya de atizar la división social para ocultar los crímenes del conflicto

En Colombia hay un sector de la sociedad, la política y la justicia con gran temor a que una Comisión Internacional contra la Impunidad llegue al país. Temor al trabajo de memoria realizado desde las organizaciones de víctimas (de terrorismo de Estado), a la divulgación del informe de la Comisión de la Verdad en las escuelas, o a que se abran los archivos militares de inteligencia y contrainteligencia.

Los que se oponen suelen usar, una y otra vez, la vieja receta: estigmatizan a quien propone, representa o defiende estos impulsos democráticos, con discursos de odio; tergiversan la información de hechos empíricamente comprobados sobre violaciones de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), y le apuestan a la división social en un país que necesita superar su pasado de violencia política, la injusticia social, la corrupción y, por fin, transitar de la guerra hacia la paz.

Colombia tiene, hasta mediados del 2024, un fiscal general de la Nación que llegó al cargo gracias a su amigo cercano, el mandatario del Gobierno anterior, el mismo que hizo todo por desmantelar los esfuerzos de paz. Este fiscal, en sintonía con quien lo sentó ahí, en vez de concentrarse en poner a funcionar su institución y sacar al país de los primeros puestos de impunidad a escala mundial, parece, en cambio, más interesado en alejar cualquier atisbo de justicia para el país y en mantener a la sociedad dividida y polarizada en un antagonismo visceral, que excluye siquiera la opción del debate público sobre una posible comisión internacional contra la impunidad.

Ahora, ataca al actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien dirigió en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Alega el fiscal: “(Para) lo único que sirvieron esas comisiones en Centroamérica fue para generar una crisis de la justicia en nuestros países. Por algo los sacaron a patadas de Guatemala”. Ataca y engaña porque por supuesto sabe, pero no menciona, los reconocimientos que han tenido la CICIG e Iván Velásquez, en todo el mundo, por su lucha contra la corrupción y la impunidad.

Vergonzoso argumentar así, siendo estos países ampliamente conocidos por la inoperancia en su justicia, que posibilita, precisamente, que sean lugares muy violentos y profundamente corruptos. El fiscal Barbosa sabe bien que fueron las investigaciones bajo la dirección de Velásquez las que lograron enjuiciar a varios poderosos militares y políticos ―incluso del nivel del presidente y la vicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti―, dándole reconocimiento mundial. Por supuesto, los corruptos y encubridores no quisieran que algo así, tan necesario, pasara en nuestro país.

Por otro lado, meses atrás, cuando el exministro de Educación Alejandro Gaviria anunció la intención de divulgar en las escuelas el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, oponentes del mismo colectivo político y social se expresaron y lo siguen haciendo de manera similar: denigrando, tergiversando, relativizando.

El informe talla por ir más allá del reducido y repetido relato oficial del conflicto armado, que habla de unos subversivos terroristas queriendo tomarse el poder. Es rechazado porque habla también de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de amplios sectores políticos y empresariales, en connivencia con las autodefensas paramilitares, en la degradación social y la guerra atroz del país. Una verdad que, por ser cada día más difícil de esconder, buscan desacreditar, denigrando con clichés a los autores del informe y con un antagonismo insalvable, pintándolos como enemigos de la gente de bien y voceros de la guerrilla de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Y así vamos: nuevamente la tendencia tribal, amigo/enemigo, que mantiene la guerra en pie. Se opusieron a la divulgación de un informe más amplio sobre el conflicto como herramienta pedagógica y de educación democrática, ignorando que en países como Alemania, que sabe mucho de regímenes autoritarios, enseñar sobre el pasado de terrorismo de Estado, bajo los nazis y la dictadura comunista, ha traído grandes resultados para fortalecer el Estado de Derecho. En Colombia ayudaría, además, a los menores que han sufrido el conflicto directamente a tramitar sus traumas. Y a los demás, a acercarse y rechazar estas realidades violentas que indirectamente también afectan su diario vivir.

Quienes se oponen a ello argumentan que hablar sobre el informe adoctrinaría a los menores, pero en realidad ha sido la media verdad, o su negación total, la que nos ha llevado a un culto enfermizo por el militarismo. Una nación de “héroes y villanos” que envenena el alma y legitima los crímenes más atroces de quienes han ostentado el poder. Imposible salir de ahí mientras lo que se use frente al oponente sea reducirlo a enemigo.

El pluralismo se basa en el respeto activo a la dignidad humana; exige escucha, diálogo, reciprocidad. Los discursos de odio no permiten intercambio de ideas, no son dialógicos ni menos razonables, porque lo que buscan es denigrar a determinadas personas, impidiendo ensanchar la democracia. No se trata de Gobiernos ni de ideologías: aquí es la lucha entre los que apoyan y buscan construir la democracia y quienes la deforman, incluso haciendo uso de sus instituciones.

Una comisión internacional contra la impunidad en el país; el impulso del trabajo de memoria realizado desde las organizaciones de víctimas, en especial las de terrorismo de Estado que han sido más marginadas; una amplia divulgación del informe de la Comisión de la Verdad que parta por las escuelas, o que se abran los archivos militares de inteligencia y contrainteligencia podría dar respuesta a la crisis de valores democráticos en el país. Dotaría a la ciudadanía de mayor información, fortaleciéndola para ejercer mayor contrapeso al poder, consolidaría el sentido de la justicia y del Estado de Derecho y mejoraría la salud democrática en el país.

@HelenaUranBideg

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