Las banderas rojas en el corto recorrido que va de la reforma política

Las elecciones legislativas y presidenciales de este año, en las que Gustavo Petro selló su llegada al poder, podrían ser las últimas bajo las reglas actuales. La reforma política que presentó el Gobierno para garantizar una mejor representación ciudadana - como se estableció en el acuerdo de paz de 2016 -, fortalecer los partidos políticos y frenar el clientelismo, ha superado dos debates en el Congreso de la República. Aunque todavía le quedan seis más, se abre paso en medio de banderas rojas. “El proyecto, como está aprobado hasta ahora, supone un paso hacia adelante y dos hacia atrás”, describe Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.

La iniciativa exige el voto por partidos y no por candidatos, impulsa una mayor participación femenina y fija restricciones a la financiación privada, entre otras normas que muchos ven como positivas. Sin embargo, elimina el límite de los gastos de las campañas y la rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos; los congresistas no tendrían que declarar conflictos de interés por financiación de privados, y los elegidos podrían cambiar de partido o dejar su curul para ocupar cargos públicos.

Aunque originalmente buscaba que la financiación electoral fuera 100% estatal, el Senado la mantiene mixta, como es ahora. El texto aprobado en su plenaria dice que será “preponderantemente con recursos estatales y aportes privados que deberán ser centralizados y administrados por el partido”. El cambio es que con la reforma los dineros privados solo podrán estar dirigidos a los partidos, no a candidatos en concreto, excepto en elecciones primarias. “La financiación sería preponderantemente estatal, pero no dice cómo, en qué porcentaje o cuáles serán las reglas”, subraya Novoa.

La Misión de Observación Electoral (MOE) advierte el riesgo de retroceso en la transparencia al eliminar los límites en los gastos de campaña, algo que en Estados Unidos ocurrió con los PAC y los SuperPAC y empeoró la igualdad en la competencia. La MOE también cuestiona que desaparezcan la rendición de cuentas y las restricciones a la financiación exterior. “Si el objetivo de esta reforma es atacar la corrupción, no se entiende cómo contribuiría la eliminación de la rendición de cuentas de campaña”, señala en un documento.

También suprime el conflicto de intereses que deben declarar los congresistas cuando participan en debates que son de interés para sectores que los han financiado. “Un ejemplo son las bebidas azucaradas o el sector minero energético, que se pueden ver afectados con ciertos proyectos. Al levantar el régimen de conflicto de interés lo que se va a facilitar es la captura de la actividad política y electoral por determinados sectores económicos”, explica el exmagistrado Novoa. “Eso desnaturaliza la buena idea de la financiación estatal”, agrega.

Andrés Hernández, director de la corporación Transparencia por Colombia advierte que “se han identificado riesgos, especialmente, en la manera como la financiación de la política puede ser una puerta de entrada a que intereses particulares capturen la gestión de entidades estatales”. Por esta razón, opina que la reforma debe ser una oportunidad para tapar los vacíos actuales. “Es importante avanzar en normas que ayuden a ofrecer más transparencia, control y capacidad de sanciones”, afirma.

La reforma también permite a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, como concejos, asambleas o el Congreso, saltar más fácil a otro partido. Por una sola vez, para las elecciones de 2026, podrán renunciar 2 meses antes de posesionarse para inscribirse en un partido distinto, sin que se anule su elección, como ocurre hoy.

“Esto no solo debilita a las bancadas ya elegidas en listas cerradas, sino que genera una grave defraudación al elector, ya que a través de la lista cerrada incluida en este proyecto, la ciudadanía se ve llamada a votar por una organización política que está representada por un listado de congresistas; sin embargo, con base en esta disposición, estos no necesariamente van a representar a la organización política por la que se hicieron elegir”, señala la MOE.

Los congresistas, además, podrán acceder a empleos públicos, algo que hoy desincentiva la inhabilidad que tienen por un año. Eso pondría en riesgo el principio de separación de poderes. “Si usted se hace elegir porque así puede ser ministro, eso también es una defraudación a los electores. El Congreso se convertiría en un campo de batalla para ver qué congresista se congracia más con el Gobierno para ser designado”, explica Armando Novoa.

Paridad de género en duda

Una de las nueces de la reforma es hacer obligatorias las listas cerradas, que exigen votar por la lista de un partido en su conjunto, y no por candidatos o candidatas particulares en el llamado voto preferente. Actualmente, cada partido puede escoger entre ambas alternativas, y de esa forma, los electores. Las listas tipo “cremallera”, con alternancia entre hombre y mujer, serían obligatorias en las elecciones de 2026 y 2030. “Esta reforma tiene como objetivo elevar la participación de hombres y mujeres en escenarios políticos de decisión, garantizando que la mitad de espacios sean ocupados por mujeres”, explica el representante a la Cámara, Heráclito Landinez, ponente del proyecto.

La MOE resalta que la paridad de género solo se aplicaría en un periodo electoral. “Hay un parágrafo transitorio que dice que por un único periodo se podrán inscribir listas sin consideración del género. Esto implica que en las próximas elecciones no se cumpliría la regla. No se encuentra ninguna justificación para demorar más el cumplimiento”, indica el documento que analiza la reforma.

Además, le reforma prohibiría las listas con más mujeres que hombres. Eso impediría esfuerzos como el de Estamos Listas. “La paridad funciona como una medida afirmativa a favor de las mujeres, no de los hombres, ya que ellas son el grupo políticamente subrepresentado”, subraya la MOE. La organización pide precisar que la cantidad de mujeres no debe ser menor a la de hombres y que la paridad de género sea obligatoria en la democracia interna de los partidos. Este año, las mujeres lograron cerca de un 30% de los escaños en el Congreso, la participación más alta hasta ahora, gracias a la paridad de género como la del Pacto Histórico, la coalición del presidente Petro, o la del Partido Liberal.

El Senado eliminó propuestas como reducir la edad mínima de los congresistas (de 30 a 25 años para Senado y 25 a 18 para la Cámara) o el voto obligatorio. Las dos pueden revivir en la Cámara. “Se incluye de nuevo el voto obligatorio como una manera de fomentar la participación política que ha venido bajando en Colombia; hay alcaldes elegidos con menos del 45% de participación. A mayor participación, mayor legitimidad”, dice el ponente Landínez del Pacto Histórico.

Otra idea que los ponentes planean revivir para el tercer debate es la segunda vuelta en las elecciones de mandatarios de ciudades y departamentos con población superior al 5% del censo electoral. En 2027 se sumarían a Bogotá -que debe incorporarla a partir de 2023 por otra norma-, Barranquilla, Medellín y Cali; y los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Antioquia y Valle. Como proposición también está la polémica idea de ampliar los períodos políticos de 4 a 5 años, desde 2026. El Gobierno se declaró en desacuerdo.

Este jueves, representantes a la Cámara por la Coalición Verde-Centro Esperanza expresaron en un comunicado sus “profundas preocupaciones en diversos aspectos de la reforma política aprobada en el Senado” como la doble militancia, las reglas de financiación de las campañas y la puerta giratoria entre el Congreso y el ejecutivo. “Se empiezan a incluir otras cosas que es lo que da señales de que, si no le ponen seriedad a la reforma, termina convirtiéndose en un proyecto Frankenstein”, concluye el exmagistrado Novoa. Eso fue lo que sucedió con los proyectos de reforma política del segundo mandato de Juan Manuel Santos y el Gobierno de Iván Duque, que se hundieron. La ley de equilibrio de poderes de 2015 fue la última reforma política en ser aprobada por el Congreso, y terminó sin grandes efectos.

La próxima semana, la comisión primera de la Cámara debe debatir la reforma, y de pasar llegará a la plenaria de esa corporación. Si la aprueba antes de que finalicen las sesiones ordinarias el 16 de diciembre, seguirá viva. Por tratarse de una reforma constitucional, debe atravesar otros cuatro debates el próximo año. Para entonces, la balanza que ahora es favorable al Gobierno de Petro en el Congreso podría tener cambios. Las fuerzas políticas estarán alineándose para disputarse el poder local y regional en las elecciones de octubre.

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