Se acerca la primera vuelta de unas elecciones en las que los medios han propuesto varios temas para los debates radiales y televisivos. La cultura, sin embargo, ha sido la gran ausente. Da qué pensar, cuando la Constitución reconoce que éste es un país pluriétnico y multicultural. El asunto es tan estructural que los candidatos deberían tener amplios conocimientos o, al menos, preparase para que no se repita lo del debate en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), al que no asistieron Petro ni Fajardo. La moderadora debió aclarar que la cultura abarca diversas áreas, más allá del libro y la lectura, y les recomendó estudiar para una próxima ocasión.

Como no ha habido forma de saber cuáles son las propuestas en términos de cultura, nos dimos a la tarea de analizar los programas de gobierno de los cuatro candidatos más opcionados, en el orden en que los sitúan las últimas encuestas.

Gustavo Petro

Hace año y medio, treinta personas de su equipo iniciaron el proceso de construcción ciudadana, colectiva y horizontal, que se tradujo en un documento llamado, “Pacto histórico y cultural”, de 109 páginas. En la primera versión participaron más de 400 personas de todas las regiones y se organizaron 2 foros nacionales. La última versión del documento se validó a través de reuniones sectoriales, con más de 1500 personas, y fue revisada por Gustavo Petro, Francia Márquez y siete congresistas del Pacto Histórico.

Esta propuesta reconoce que el cambio político requiere de un cambio cultural. Reafirma que la mayor riqueza de Colombia es su patrimonio cultural y propone una renovación de las relaciones sociales para que sean inclusivas, interculturales y diversas. El “Pacto histórico y cultural” le da voz a víctimas del conflicto, docentes, sabedorxs, mujeres, líderes(as) indígenas y afrodescendientes, madres y padres. Todo ello se concreta en 8 ejes que mencionaremos solo de manera general:

1) “La cultura en los territorios debe ser una cultura de paz”. Consta de ocho propuestas: cumplimiento de los Acuerdos de Paz; cultura, sostenibilidad y buen vivir; territorialización de los presupuestos; reforma del Sistema Nacional de Cultura; reconocimiento de las economías populares y oficios/saberes ancestrales; fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial.

2) “Arte en la educación pública para formar Ciudadanía de Paz” que se concretarían en seis acciones para promover la integración de la educación artística al currículo desde la primera infancia, en el ámbito comunitario y en municipios PDET, haciéndose extensiva a la fuerza pública; y el impulso a procesos de cualificación laboral y creación de incentivos para plantas de docentes en arte.

3) “Cultura, comunicación y tecnologías como apuesta para no llegar tarde al futuro”. Tres propuestas sobre fomento al desarrollo de contenidos culturales innovadores centradas en el fortalecimiento de la red de medios y plataformas regionales públicas; y en estímulos a la creación de contenidos para educar.

4) “Poblaciones activas, derechos culturales y políticas de genero” en seis puntos se busca reconocimiento, remuneración y formación del liderazgo juvenil; creación de programas que salvaguarden las lenguas originarias; promoción de autonomías culturales territoriales; fomento y financiación para proyectos de mujeres rurales y urbanas; y promoción equitativa de narrativas diversas.

5) “Infraestructura y dotación para el desarrollo comunitario”. Cinco acciones para fortalecer las casas de cultura; poner en valor las infraestructuras patrimoniales; revitalizar los centros históricos; y reconstruir la memoria colectiva “a través de monumentos y contramonumentos”.

6) “Política y modelos de gobernanza cultural”. Consta de trece propuestas sobre descentralización institucional y formulación de planes sectoriales territoriales, interculturales e intergeneracionales para mejorar la calidad del trabajo cultural.

7) “Economías creativas, economías de paz”. Propone cinco puntos en torno a la creación de circuitos e intercambios interdepartamentales; incentivo a través de la financiación pública y privada que eviten la precarización laboral; reapropiación de las manifestaciones festivas; y promoción, cualificación y formalización de la asociatividad.

8) “Normatividad cultural en el Pacto Histórico”. Este eje transversal tiene once propuestas relacionadas con políticas públicas orientadas a aumentar el recaudo de la Estampilla Procultura; crear el Fondo para las Artes y varias leyes que protejan a lxs trabajadorxs de la cultura más precarizadxs; y también con reformar la Ley Naranja y a la Ley General de Cultura, entre otras.

Las propuestas del “Pacto histórico y cultural” denotan un inmenso trabajo técnico y logístico en términos de participación ciudadana y generación de consensos. Delinea las necesidades más apremiantes con un enfoque interseccional muy marcado a la vez que propone saldar la deuda histórica que el Estado tiene con el ecosistema cultural. Inclusivo y polifónico, como es la cultura, puede llegar a ser tan amplio que pasa por alto el hecho de que solo hay cuatro años para poner en marcha un sinnúmero de propuestas que, aunque sean pertinentes, urgentes y necesarias, algunas parecen poco realistas.

Federico Gutiérrez

Resume su propuesta para los cuatro años de gobierno en once párrafos. Reconoce que la cultura no solo aporta “a la dinámica económica”, a la creación de empleo sino que también mejora la calidad de vida y contribuye a la preservación de nuestra identidad, a través de los saberes y las costumbres. Presenta nueve “apuestas”:

1) Impulso a la financiación de actividades culturales así como a la infraestructura en todo el país.

2) Fortalecimiento de “las acciones de protección, divulgación y apropiación del patrimonio cultural” por medio de la implementación de leyes articuladas con el sector del turismo nacional e internacional.

3) Promoción de actividades culturales y participación comunitaria a través de procesos de formación artística y cultural, y desarrollo de eventos regionales.

4) Posicionamiento de Colombia “como escenario de eventos culturales a nivel internacional”.

Las propuestas 5, 6, 7 y 9 se enfocan, específicamente, en el fortalecimiento de la industria cinematográfica y audiovisual, haciendo referencia a las Leyes de cine ya existentes. La apuesta 8 apoya el crecimiento de la propiedad intelectual. Llama la atención que de las nueve apuestas, cuatro estén centradas en tan solo una de las 103 actividades culturales reconocidas dentro de la economía nacional. No hay mención a políticas públicas, red de bibliotecas o de museos, programas de estímulos, puesta en valor de artes y saberes populares y urbanos, innovación cultural, emprendimiento, entre otros.

Rodolfo Hernández

En siete párrafos ofrece un “panorama” sobre la precariedad en que se encuentran, a raíz de la pandemia, el cine, la música clásica, la literatura y el entretenimiento. En un país multiénico y pluricultural, las propuestas de Hernández para este sector económico que aporta un 3% al PIB en industrias consolidadas se sintetizan en cuatro párrafos, que responden a cuatro objetivos, sin desarrollo alguno:

1) Aumentar los rubros de cultura para que ésta pase a ser “protagonista” y, así, “promover el nacimiento de pequeñas y grandes empresas”.

2) “Intervenir arquitectónicamente, con curaduría de arte (estética), los escenarios culturales ya existentes. Se implementará un sistema de curadores avalado por expertos reconocidos internacionalmente” [sic].

3) Favorecer la gratuidad en escenarios culturales hasta los 26 años de edad.

4) Promover “la pedagogía en temas culturales” hasta la universidad “con el fin de preservar las tradiciones (…) como una forma de conservación del patrimonio cultural y artístico”.

El lenguaje con el que están descritos estos cuatro objetivos denota un gran desconocimiento técnico en materia cultural. El objetivo 2 es ininteligible. Lo poco que se entiende revela una desconexión absoluta con un sector cuya precariedad laboral es inmensa y tiene otras prioridades. Y, en todo caso, para ejecutar esa propuesta -si es que hemos entendido bien- habría que contratar a arquitectxs restauradorxs y no a curadorxs. Resulta incomprensible que un exalcalde que tuvo en su gabinete a uno de los secretarios de cultura más eficientes del país, reconocido incluso por el propio Ministerio de Cultura, presente unas propuestas al ecosistema cultural nacional sin estructura, pertinencia ni conocimientos técnicos.

En cuatro párrafos es difícil que haya menciones a temas relevantes para el sector, como puede ser la creación de políticas públicas, la gestión y educación patrimonial, la inversión en estímulos o la profesionalización de artistas y gestores, por mencionar solo algunos.

Sergio Fajardo

A través de 16 páginas, un grupo interdisciplinario de expertos hace un diagnóstico profundo del sector que se puede resumir en cuatro problemáticas: 1) El escaso reconocimiento y promoción de la educación artística y cultural. 2) La precariedad laboral del trabajo cultural. 3) La insuficiencia del fomento y la salvaguardia de manifestaciones culturales. 4) La debilidad institucional del sector.

El diagnóstico muestra, a través de cifras y datos, la urgente necesidad de poner a la cultura en el centro de la acción política y de cualificar a los responsables de cultura del país para que lideren la formulación de “planes de cultura pertinentes que permitan el óptimo aprovechamiento de fuentes alternativas” de recaudo e inversión. Propone, también, el aumento del presupuesto asignado al Ministerio de Cultura que, actualmente, representa solo el 0,4% del PIB.

La visión del candidato acerca de la cultura es que ésta es un derecho que debe ser garantizado desde lo local hasta lo nacional, con especial atención a la población más vulnerable. Reconoce la diversidad cultural desde un enfoque territorial y descentralizado, así como la importancia que tienen las políticas públicas para el fortalecimiento del sector. Su propuesta se divide en cuatro ejes:

1) “Cultura para educar, educar para la cultura”. Propone que la formación artística y cultural sea universal en todos los niveles educativos, con apoyo de la tecnología, para contribuir con la reducción de la violencia. La profesionalización de artistas y gestorxs, así como de los oficios, permitiría ampliar la planta docente en escuelas e instituciones de todo el país.

2) “Dignificar el empleo y dinamizar la producción para la diversidad cultural sostenible”. Apuesta por la formalización e inclusión, especialmente de mujeres y jóvenes; también por la democratización en el acceso a los libros y a la lectura. Le interesa implementar prácticas comunitarias femeninas en torno a la memoria.

3) “Colombia, país de derechos culturales”. Centra su promesa en fortalecer al capital humano y garantizar la sostenibilidad de las actividades culturales con propuestas concretas, como la puesta en marcha del bono cultural, la creación de políticas de turismo cultural que promuevan la conservación de los lugares patrimoniales, el acceso a la conectividad en la infraestructura cultural, y el diseño de programas de arqueología preventiva.

4) “La cultura se hace desde los territorios”. Propone reformar la institucionalidad, la legislación y el concepto mismo de cultura, así como aumentar los presupuestos. Ofrece crear un sistema de información que permita orientar las decisiones, valorando la cultura como un bien común; y asegurar que los municipios formulen y actualicen sus planes de cultura, con indicadores que garanticen la inversión en “estímulos, infraestructura y fomento de las expresiones locales”. Busca fortalecer la asociatividad en cada región y la participación de proyectos culturales en el Sistema General de Regalías.

Las propuestas están muy bien estructuradas y ajustadas a la realidad. Denotan un conocimiento técnico amplio y preciso, complementado con logros de Fajardo, siendo alcalde y gobernador. Cabría preguntarse si el programa ha sido concertado con las comunidades en los territorios, ya que toda la propuesta gira en torno a la inclusión y a la descentralización como derecho. De otro lado, quizá sea un lapsus, se habla de revisar y fortalecer el “estatuto del trabajo del arte y la cultura” cuando ésta es una tarea pendiente que ojalá el nuevo Congreso y el próximo presidente dejen lista en 2026. Por último, la propuesta sobre la profesionalización de los oficios ya ha sido recogida en la recientemente sancionada Ley de Oficios Culturales, la 2184 (de enero 2022).

Lxs votantes a quienes les importa la cultura, aquellxs que la entienden como derecho básico y bien común, aquellxs que viven de ella y quienes no sabemos vivir sin ella deberíamos tomar decisiones informadas antes de salir a votar el 29 de mayo. La pandemia nos ha mostrado cuán resistentes somos pero también ha profundizado las heridas de un sector sangrante. Nunca antes nos habíamos jugado tanto en cuanto a avances legislativos, garantía de derechos y reconocimiento de la riqueza económica y espiritual que la cultura aporta a la sociedad.

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