‘La gloria de Dios’ y ‘La fe en Dios’: crece la controversia por los nombres de los principales escenarios deportivos de Ibagué

Podrían confundirse con templos religiosos, pero son escenarios deportivos: se trata del parque deportivo ‘La gloria de Dios’ y del coliseo mayor ‘La fe en Dios’. Los nombres se imponen con enormes letreros blancos en las entradas de ambos espacios, inaugurados por el anterior alcalde de Ibagué, el conservador Andrés Hurtado. Dos ciudadanos de la capital del departamento del Tolima reclaman vía tutela que las denominaciones de tinte religioso vulneran los derechos a la libertad de conciencia, libertad de cultos y al principio de laicidad del Estado colombiano, consagrados en la Constitución Política de Colombia.

Los demandantes son los periodistas Hernando Salazar y Antonio Melo Salazar, este último exdirector de El Nuevo Día, el diario de mayor tradición en el municipio de unos 540.000 habitantes. Argumentan que la Alcaldía no puede promover una creencia o religión específica. Se trata de un debate público que podría tener alcance nacional en un país con libertad de culto, aunque mayoritariamente católico. “Denominar el Parque Deportivo ‘La gloria de Dios’ y el Coliseo Mayor ‘La fe en Dios’, que son edificios públicos -para todos los ciudadanos y ciudadanas, creyentes o no creyentes en un dios- ostensiblemente vulnera la libertad de cultos y la libertad religiosa, y el espíritu laico de la Constitución Política de Colombia, además de que ofende a quienes no practican religión alguna y no creen en dios o dioses alguno(s)”, señalan en la tutela. Aunque el Juez Séptimo Penal Municipal la ha declarado improcedente, por considerar que existen otros mecanismos de defensa, los autores han impugnado la decisión.

Las obras se construyeron después del escándalo que protagonizaron administraciones anteriores por un millonario desfalco en la ejecución de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales de 2015. Los cortes de cintas de los espacios deportivos, incluidos los dos de la polémica, se retrataron como logros, después de años de espera e indignación por lo que no eran más que proyectos inconclusos. A Hurtado lo ha sucedido en la Alcaldía la bacterióloga Johana Aranda, quien fuera su secretaria de salud.

En noviembre pasado, ya con Aranda a la cabeza, la Alcaldía negó la solicitud del cambio de nombres que presentaron los periodistas antes de acudir a la tutela. La respuesta oficial a la petición lleva la firma de Carolina Hurtado Barrera, hermana del exalcalde, quien era secretaria de desarrollo social y fungía como alcaldesa encargada. Poco después, a finales de 2024, se retiró del cargo. Al parecer, aspira a la Cámara de Representantes.

En la comunicación, la ahora exsecretaria indica que los nombres fueron seleccionados “teniendo en cuenta su relevancia cultural e histórica sin intención de promover o favorecer ninguna religión”. Sostiene que no hacen alusión a creencias religiosas específicas, sino que reflejan valores y figuras importantes para la comunidad en su conjunto. “La Corte Constitucional ha reafirmado en varias ocasiones que la neutralidad del Estado en materia religiosa no debe interpretarse como una exclusión de la religión del ámbito público, sino como un trato igualitario hacia todas las confesiones”, precisa.

Otro argumento que esbozó es que “la neutralidad o aconfesionalidad del Estado colombiano no contempla la imposibilidad de hacer mención a elementos o palabras que puedan llegar a tener relación con alguna creencia religiosa”. Recordó que el Consejo de Estado avaló el lema de la Policía Nacional, “Dios y patria”, al entender que “no invoca una deidad a la cual le rinda culto la institución pública, ni se puede confundir con un teismo o religión en particular, sino que, se repite, la misma resalta unos valores éticos”. “Diferente sería denominar un escenario público con el nombre de “Centro Deportivo Católico de Ibagué”, caso en el cual sí se genera una clara identificación religiosa”, cierra la respuesta.

La tutela critica esa argumentación, pues considera que se vulneran derechos de personas ateas, agnósticas o que profesan religiones distintas a la mayoritaria. “Lo mismo ocurriría si desde el Estado, por ejemplo, se promoviera la no creencia en dios, para darles gusto a los agnósticos o a los ateos. Sería una gran ofensa para los creyentes en dios, que no son todos los habitantes”, subraya la tutela. “Esta no es solo una cuestión local ni un simple tecnicismo procesal. Es un debate que define si la sociedad colombiana avanza plenamente hacia el siglo XXI, reafirmando su carácter pluralista, inclusivo y respetuoso de todas las creencias y no creencias”, señala el documento, que busca así sentar un precedente para todo el país.

El abogado constitucionalista Juan Camilo Herrera, concuerda con esa visión. Para el profesor de la Universidad de los Andes, nombrar espacios públicos con referencias religiosas contradice la obligación del Estado de mantener una posición neutral en asuntos de fe, pues excluye simbólicamente a quienes no comparten esas creencias. “La referencia a un dios (masculino) y único favorece religiones monoteístas y deja por fuera visiones deístas, politeístas, indígenas o afrodescendientes, que conciben lo divino y la naturaleza de manera distinta”, opina. El debate tendrá que zanjarlo la justicia. Un juez de circuito debe revisar la impugnación y, más allá de su decisión, “es probable que la Corte Constitucional les dé la razón en una eventual revisión, dado que en 2024 ordenó retirar un crucifijo de su sala principal por razones similares a las alegadas”, expone el abogado ibaguereño.

Herrera se refiere a un crucifijo que llegó en 1999 como donación del entonces magistrado Vladimiro Naranjo, y se ubicó en un sitial de honor en el lugar donde se han tomado decisiones tan trascendentales como la despenalización del aborto o la aprobación del matrimonio igualitario. Sin embargo, la imagen no se retiró como respuesta a acciones jurídicas sino por decisión de los magistrados, que acordaron hacer entrega de la imagen a la Arquidiócesis de Bogotá a mediados del 2024. Esta vez, la discusión sobre los escenarios deportivos vuelve a plantear preguntas sobre la línea de separación entre el Estado y la fe.