El encarcelamiento a la ‘influencer’ Epa Colombia dirige la atención al drama de las mujeres en prisiones

Aunque Daneidy Barrera, influencer conocida como Epa Colombia, fue condenada recientemente a cinco años de prisión, y perdió el acceso a sus redes sociales, sigue siendo una persona influyente en el debate público. Conocida a nivel nacional por atacar una estación de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, durante las grandes protestas sociales de 2019, hace dos semanas fue hallada culpable en última instancia de varios delitos: perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno. Esta semana, tras quince días de reclusión en la cárcel el Buen Pastor de esa capital, volvió a capturar la atención de los colombianos, incluyendo la del político más influyente del país, el presidente Gustavo Petro. “Ayúdame a salir de acá”, le pidió al jefe de Estado. El mandatario, desde hace dos semanas, está escuchando.

Gustavo Petro, en su famoso Consejo de Ministros televisado de la semana anterior, ya le había hecho un guiño a la influenciadora. “A Epa la castigan por ser popular, pobre, levantarse y protestar en un momento en que los hombres estaban protestando. Castigan la protesta, y la mujer pobre que se levanta”, dijo uno de los líderes políticos que acompañaron aquellas movilizaciones. Su respaldo subió de grado este jueves, cuando Epa dio por primera vez entrevistas a varios medios de comunicación desde la cárcel, y conmovió a la audiencia al hablar de cómo es ser madre desde allí.

“Tengo una hija que no veo hace más de 17 días. Yo le doy pecho, la amamanto, ella me necesita. Tengo una depresión postparto”, contó a Caracol Televisión sobre la pequeña que tiene 9 meses. “Me gustaría que me dieran el derecho a la lactancia, que ella viniera todos los días una hora para yo tener esa comunión con ella, abrazarla, verla crecer. Esa es mi mayor motivación”, dijo en el podcast de la actriz Johana Bahamón, activista de los derechos de las personas encarceladas. Petro reaccionó. “Esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está resguardada por la ley que hizo aprobar en el Congreso nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna: debe salir diariamente de la cárcel”, escribió. “Le solicito a la ministra de Justicia ante el INPEC, aplicar la ley”, añadió.

Como suele pasar con las instrucciones que hace Petro en X a su Gabinete, al día siguiente los funcionarios deben salir a dar explicaciones y hacer control de daños. Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, explicó en varios medios que el Gobierno, con su antecesor Osuna, logró aprobar la llamada Ley de utilidad pública, que establece la posibilidad de otorgar la libertad condicionada a las madres cabeza de hogar que estén en las cárceles, cuando han cometido ciertos delitos cuando vivían una situación de marginalidad. Se trata de una ley progresista que entiende, por ejemplo, que muchas mujeres pobres, por dar de comer a sus hijos, acudan al dinero del crimen. Pero, explica Buitrago, quien puede otorgar esos derechos es un juez, no el Ejecutivo. “No tenemos competencia”, dijo.

Epa Colombia tiene de su lado la simpatía del presidente y de muchos ciudadanos, pero enfrenta varios obstáculos legales. Primero, porque difícilmente puede alegar que cometió el delito en Transmilenio para salir de la pobreza, lo que quiere decir que no cumple con ese requisito de marginalidad. Otra dificultad podría ser, aclara Buitrago, que la ley solo aplica a ciertos delitos. Hay, por ejemplo, una limitación para sustituir la cárcel cuando se es condenado por crímenes como la instigación a delinquir. Por ahora, Epa ha interpuesto dos acciones de tutela en las que pide realizar su pena en la casa, pero la justicia se las ha negado. Recientemente cambió de abogado, y no ha revelado su siguiente paso jurídico.

Barrera no tiene un camino jurídico fácil, pero sí tiene apoyos. La condena de la Sala Penal de la Corte Suprema contra ella ha sido duramente criticada desde que se conoció hace dos semanas, porque es vista como muy desproporcionada frente a lo ocurrido. La magistrada de esa sala Myriam Ávila, que tiene una reconocida carrera académica como penalista, se separó de la decisión de sentenciarla por terrorismo. “El fallo del que me aparto parcialmente distorsiona la estructura dogmática del delito de terrorismo y convierte típicas acciones de vandalismo, en actos terroristas”, dijo en su salvamento de voto, el documento oficial en el que un togado manifiesta sus diferencias con una sentencia. La ministra de Justicia concuerda, según contó a Blu Radio este viernes. “Como abogada y como litigante, y en mi criterio respetuoso de los jueces, no había la posibilidad de hablar de terrorismo”, dijo Buitrago.

La percepción de injusticia hacia Barrera viene también del hecho que ella ha sido de las pocas condenadas por los actos de violencia de 2019, una que además pidió perdón al entonces presidente Iván Duque y ofreció pagar por los daños que realizó. “A Epa se la llevan presa porque le pegó a un vidrio”, es como el presidente Petro describió el hecho de lo ocurrido en 2019.

Mientras espera una decisión de la justicia para estar con su hija, Barrera habló de lo difícil que es despertarse todas las mañanas en la cárcel sin ella. Explicó que hará talleres de peluquería en la prisión para reducir su pena y certificar a casi 2.000 mujeres en el mundo de la belleza capilar, la especialidad de quien se identifica como “la reina de las queratinas”.

“A mí me está pasando esto, pero a muchas mujeres también les está pasando adentro esto. No pueden ver sus hijos, llevan años sin verlos, y este es el dolor más grande. Porque las cosas materiales se recuperan, pero el tiempo...”, dijo a Bahamón, con lágrimas en los ojos, la ‘influencer’ que ya no pone la luz en las protestas, ni tanto en la queratina. Ahora su voz habla de lo duro que es ser madre en una cárcel de Colombia.