Un año de la ley para excarcelar a cuidadoras: 11 mujeres libres y muchas trabas burocráticas

Hace un año, el Ministerio de Justicia visitó la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, la prisión de mujeres más grande de Colombia, para dar una buenísima noticia. Se había sancionado ―al fin― la Ley de Utilidad Pública, una normativa pionera y progresista de alternatividad penal que abre la posibilidad de liberar a más de 4.500 mujeres cabezas de hogar condenadas por delitos menores, a cambio de servicios a la comunidad. Ingrid Suaterna, de 26 años, escuchaba atentamente cada uno de los requisitos que solicitaban: ser una mujer empobrecida, tener personas a cargo y una condena inferior a ocho años. “Los cumplía todos, estaba hecha para mí”, cuenta. Su testimonio también recogido en el video promocional del ministerio, proyectado durante el lanzamiento de la ley. “Saldría a trabajar y a demostrar todo lo que tuviera que demostrar con tal de estar con mis hijos”, decía entonces frente a la cámara. Segundos después, la locutora del video añadía: “La ley de utilidad beneficiará a estas mujeres para que puedan cumplir su pena a través de actividades que restauren a la comunidad”.

Veinte días después de la visita y tras el consejo de los funcionarios, Ingrid empezó a tramitar los documentos. Los días de encierro empezaron a hacerse más cortos y ver a sus hijos se convirtió en un anhelo que podía tocar casi con la punta de los dedos. Pero su solicitud fue denegada. “Me ilusionaron para nada”, zanja.

Suaterna ingresó en la cárcel el 11 de diciembre de 2020, por haber transportado pequeñas cantidades de droga durante seis meses. La condena fue contundente: cuatro años y cuatro meses. Cuando entró, tenía un hijo de dos años, estaba embarazada y prácticamente no tenía una red de apoyo fuera. En los tres años que lleva presa no ha recibido ninguna visita. “Toda mi vida he estado sola, desde que mi madre me regaló hasta que me tocó rebuscarme. Vendía zapatos y me prostituía, y aun así no llegaba a pagar mis deudas. ¿Qué pretendían que hiciera, que dejara morir a mis hijos?”, se pregunta. Desde hace unos meses centra toda su energía en buscar otras soluciones; la posibilidad de conmutar su pena por servicio social se deshinchó como un globo. “Tengo pensado pedir la libertad condicional y no volver a intentarlo más. Porque quienes se ilusionan son los hijos. Y con eso sí que no puedo”.

Esta es una tendencia que están empezando a notar diferentes juzgados del país: que las solicitudes para solicitar el beneficio de la Ley de Utilidad Pública no llegan a los despachos y, las que sí, se amontonan. Andrea Anteliz Navarro, oficial mayor del juzgado primero de ejecución de penas de Medellín, lamenta estos traspiés: “La ley es sumamente buena e importante y, aunque es verdad que es muy nueva, nos estamos dando cuenta de que las solicitudes no están llegando como esperábamos”.

Para esta funcionaria, la principal razón es la falta de divulgación de la norma: “La mayoría de peticiones anuladas tiene que ver con que la documentación no justifica que haya una situación de vulnerabilidad. Demostrar que hubo marginalidad en la comisión del delito no siempre es tan fácil”.

Anteliz también apunta a que los juzgados están sobrecargados y lamenta que en cientos de municipios no haya plazas para prestar un servicio social que sirva para conmutar la pena. “He tenido casos en los que, al no tener una cerca me dijeron: ‘Prefiero quedarme dentro y no ser una carga para mi familia’. La norma está muy bien pensada, pero para implementarse correctamente se tienen que subsidiar los transportes para que en el futuro no se revoquen por los mismos motivos que se cometió el delito: la marginalidad”. Actualmente, hay 2.592 plazas en entidades estatales y ONG en unos 200 de los 1.103 municipios del país. Todas ellas abrieron el espacio para que las mujeres privadas de libertad conmuten el resto de su condena por servicios no remunerados de un máximo de 20 horas semanales.

Con esta norma, que el presidente Gustavo Petro sancionó el 8 de marzo de 2023 y que empezó a implementarse en septiembre, Colombia se posicionó como uno de los países más progresistas en la región en cuanto a políticas para las mujeres privadas de libertad. La perspectiva de género, la proporcionalidad y los derechos de los familiares de las mujeres privadas de libertad se colocaron en el centro, como solo sucede en México y en Costa Rica, con normas similares. Sin embargo, hasta ahora solo se han visto beneficiadas 11 mujeres. Hay otras 15 a puertas de que se les conceda la libertad, y unas 300 solicitudes en proceso, según el ministerio.

Para Camilo Umaña, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, estos modestos números se deben a que las personas tardan en apropiarse de las leyes: “Sabíamos que tomaría tiempo, sobre todo por parte de los actores judiciales. Esto, sin duda, interpela a la cultura jurídica del país. Tenemos que seguir trabajando para que sea lo más satisfactorio posible”.

“Aún no es suficiente”

Este martes, Suaterna no lleva el mismo uniforme color sepia que el resto de las internas, sino un distintivo chaleco amarillo. Es la seña de que está a cargo de las salas de reunión en el penal. Ya está todo listo para que llegue el colectivo de Mujeres Libres a socializar la ley 2292. “¿Qué es lo que tenemos en común todas las mujeres que estamos en este cuarto?”, pregunta Claudia Alejandra Cardona, fundadora y directora del grupo. “Que somos mamás”, dice una. “Que fuimos utilizadas”, cuenta otra. “Que somos pobres”, concluye otra más. Cardona aguarda unos segundos en silencio. Carga en el rostro el peso de unas estadísticas que se cumplen en cada uno de los penales que visita ahora como activista y que en otro momento vivió en primera persona. “Esa es precisamente la caracterización que se hizo antes de aprobar la ley”, narra.

Según un estudio de la Universidad Javeriana, el 66% de las mujeres privadas de libertad vivía en los barrios más pobres del país antes de ingresar y el 46% abandonó la casa antes de los 15 años, principalmente, por violencia intrafamiliar. La investigación también evidenció que el cuatro de cada cinco hijos, entre 4 y 18 años, bajaron el rendimiento escolar desde la captura de su madre.

De las 11 mujeres que asisten a la capacitación de Mujeres Libres, cinco de ellas podrían aplicar al beneficio, según los cálculos de Cardona. Sin embargo, ni ellas ni ninguna de las 1.800 reclusas del Buen Pastor ha sido beneficiada aún por la ley. “Estos seis primeros meses de implementación dejan claro que hay muchas cosas en las que seguir trabajando, porque aún no es suficiente. Cuando vamos a dar talleres percibimos que muchas no saben por dónde empezar o qué delitos aplica. Falta más divulgación”, explica. “Pero este es el camino”.

“Estoy feliz de estar con mis hijos, pero es difícil”

En la Fundación Mujer del Nuevo Milenio, que acoge a mujeres víctimas de violencia machista, tienen desde el 8 de febrero una nueva compañera a cargo de los niños: Yeny Garcés, de 36 años. Ella es una de las afortunadas a las que concedieron esta sustitución de la condena y lleva un mes trabajando de lunes a viernes cuidando a pequeños de entornos vulnerables.

Garcés conoce muy bien los estragos de la violencia de género porque los vivió en carne propia. Desde entonces nada ha sido fácil: ni zafarse del maltratador ni cuidar a cinco hijos sola. En 2020, la condenaron a 12 años de prisión por el hurto ―que asegura que no cometió― de un celular. Después de casi cuatro años en la cárcel de El Pedregal, en Medellín, un abogado de la Defensoría del Pueblo le dijo que la ayudaría a salir en menos de un año. Y así fue, aunque su delito excedía los ocho años que pide la ley. “Creo que tuvo que ver que estoy enferma”, explica esta mujer, que padece leucemia y tiene un tumor en el seno derecho. “Quiero aprovechar todo el tiempo que me regalaron”.

Los recuerdos de la prisión están aún frescos. Recuerda con asco la comida, la violencia de algunas compañeras y la mugre. La vida fuera de la cárcel le dio alivio, pero asegura que no es sencillo: “Doy gracias a Dios, estoy feliz de volver a estar con mis hijos, pero está siendo difícil. Todavía me levanto por la noche asustada y grito. Tampoco me acostumbro al ruido de los carros, a la luz...”. Aunque ocupa cinco horas diarias en la fundación, tarda otras dos horas en trasladarse. Y encontrar trabajo con antecedentes penales y sus trabajo en la fundación no está siendo factible. “Necesito trabajar y contribuir en mi casa, no quiero ser una carga. Pero no me queda tiempo”, dice. Antes de volver a su casa, Garcés hace una última pregunta: “¿Sabes si los fines de semana puedo salir a dar una vuelta o un paseo o va a venir alguien a revisar que estoy en mi casa?”.

La falta de conocimiento de la norma no es exclusiva de las solicitantes o las beneficiarias. La tendencia a asociarla con la prisión domiciliaria también sucede en los juzgados. En un auto emitido el 9 de febrero de 2024, una jueza unió desacertadamente ambos términos: “Indicando que a la penada le fue concedida la prisión domiciliaria para servicio de utilidad pública, por tanto, esta debe contar con sistema de vigilancia electrónica”. Anteliz insiste: “Es una interpretación errónea del sustituto. Nosotros no hemos contemplado ese sistema de vigilancia porque precisamente estas mujeres están en libertad”.

Coletta Youngers, asesora senior en la ONG americana de derechos humanos WOLA alude a que los principales retos están en la concienciación del sector jurídico: “Sabíamos que la implementación iba a ser complicada, pero una mejor aplicación es posible, monitoreando los retos y obstáculos que ya están saliendo”. Para la experta, es un paso más para tumbar la “cultura de castigo” tan arraigada en América Latina y el Caribe: “Existe en la región un discurso muy punitivista y militarizado que se opone a estas iniciativas. Pero creer que la cárcel es la solución a todo es desconocer por completo lo que se genera dentro de estas. Castigar no soluciona nada”.

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