“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?”

"El voto afirmativo de la mayoría de los votos válidamente emitidos implica la ratificación de la independencia", establece el borrador de la ley, que incluye numerosos detalles sobre la organización del referéndum pero también tiene importantes lagunas. Sin ir más lejos, el artículo que fija la fecha de la votación solo incluye una elocuente doble equis seguida del mes: septiembre de 2017. El presidente catalán, Carles Puigdemont, se reserva la fecha exacta para su círculo más reducido de colaboradores y quiere anunciarla en el momento que mayores réditos le pueda aportar. Con todo, en círculos independentistas se barajan como probables las fechas del 24 de septiembre y el 1 de octubre.

Más información

Cataluña declarará de inmediato la independencia si no hay referéndum

Gurús de la independencia en ‘tierra hostil’

El Pacto por el Referéndum logra más de 500.000 firmas

El referéndum, según la ley, quedará regulado por un decreto que detallará entre otros aspectos "el modelo oficial de papeleta, los procedimientos de votación, la duración de la campaña y la dotación de recursos humanos y materiales". Estos dos últimos aspectos son especialmente trascendentes teniendo en cuenta las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional para que no se empleen recursos públicos, ni económicos ni humanos, en la organización de la consulta. La ley opta por no entrar en detalles sobre este aspecto y dejar así para el último momento su concreción, con lo que el Gobierno catalán pretende burlar las impugnaciones.

La ley sí detalla cómo será la campaña electoral e incluso cómo deben informar los medios tanto públicos como privados. A los de titularidad pública se les obliga a "garantizar los principios de pluralismo político y social, de neutralidad informativa y de igualdad de oportunidades". En el caso de los medios privados, las instrucciones son más claras. A los condicionantes de los medios públicos se les añade uno que puede limitar seriamente su libertad editorial. Según la ley, estos medios pueden expresar o mostrar apoyo a una opción "siempre que respeten los principios aludidos y que se trate la opción opuesta de manera equitativa o razonable". No se especifica qué se considera equitativo o razonable.

Podrán votar en el referéndum todos los catalanes con derecho de voto en las elecciones en el Parlament, así como los catalanes residentes en el extranjero que han tenido como última vecindad administrativa la catalana y que se hayan inscrito en el registro habilitado para ello.

Residentes en el extranjero

Precisamente, el registro de catalanes residentes en el extranjero lleva semanas en el centro de la polémica porque ha sido publicitado con referencias implícitas al referéndum. La Generalitat ha intentado fomentar la inscripción en este registro mediante anuncios en los medios de comunicación donde se llama a estos ciudadanos a inscribirse con un sí y un no sobreimpresos en un mapa de Cataluña.

La publicación de estos anuncios el pasado mes de marzo hizo que la fiscalía abriera una investigación para conocer si dicho registro formaba parte de los preparativos para el referéndum declarado ilegal por parte del Tribunal Constitucional. La Generalitat también ha intentado difundir el registro de catalanes en el extranjero prometiendo cobertura sanitaria a quienes se inscriban.