El fantasma de la inflación acorrala a Argentina

El Gobierno intenta combatir la carestía congelando los precios en los supermercados

Clientas en un supermercado de Buenos Aires. / MARTÍN ZABALA (XINHUA)

En Argentina se puede comprar a plazos desde una lechuga hasta un billete de avión. Unos pagan con la tarjeta de crédito porque no tienen más remedio que endeudarse y otros porque saben que las últimas mensualidades que abonarán saldrán mucho más baratas gracias a la inflación. La excelente publicidad de los bancos no persigue vender planes de ahorro, sino que el cliente contrate sus tarjetas de crédito y pague en cuotas todo lo que pueda. El Gobierno ha basado su gestión en promover el crecimiento a base de consumo. Y el país creció desde 2003 a 2011 un promedio del 7,5%, más que nunca en dos siglos de vida. Ganaron los bancos y ganó la mayoría de la gente. La inflación iba como una moto pero los salarios subían como cohetes. Hasta que el año pasado el Producto Interior Bruto se despeñó en doce meses desde un 8,9% al 2%.

La inflación, sin embargo, siguió creciendo de forma imparable. Era como un familiar molesto sentado en la mesa al que el cabeza de familia trata de ignorar. Y cuanto más lo ignoran, más incordia. En 2007 se le intentó disimular colocándole una sábana. O lo que es lo mismo: el Gobierno intervino el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), rebajó de forma burda la cuantía de la inflación y las estadísticas perdieron toda su credibilidad. Las cifras oficiales hablan ahora de una inflación del 10,8% y las extraoficiales la sitúan alrededor del 25%.

La presidenta, Cristina Fernández, apenas menciona la inflación. Y cuando lo hace es para explicar que no debe ser una prioridad. En los más de 200 discursos que pronunció el año pasado repitió en 432 ocasiones la palabra crecimiento. Y solo en 24, inflación. Pero hubo un día de septiembre en que Fernández la mencionó 26 veces, cuando los estudiantes de Harvard le preguntaron por ella. Y esta fue parte de su respuesta:

- Si realmente la inflación fuera del 25% (...) ¿De dónde saca la gente [el dinero]? Me encantaría, Nicole, como a Kevin, invitarte a Buenos Aires para que veas lo que es el consumo en Buenos Aires, pasear por Buenos Aires. Es una ciudad lindísima… Y ver a los restoranes llenos, los shoppings llenos, la gente consumiendo. Si realmente los números fueran de una inflación del 25% al 26% el país estallaría por los aires. No podríamos haber pagado ninguno de los miles de millones de dólares que hemos pagado, no hubiéramos podido sostener el crecimiento de una economía como el que sostuvimos. Y mucho menos hubiéramos logrado la incorporación de millones de excluidos que hoy están consumiendo y tienen una asignación universal o un trabajo en una cooperativa o un trabajo registrado.

El país no ha estallado. Solo murieron dos personas y más de 500 fueron detenidas durante los saqueos que se produjeron en varias ciudades al inicio de la última Navidad. Hubo también un cacerolazo secundado por 700.000 personas pertenecientes en su gran mayoría a la clase media. Y, en noviembre, una huelga general organizada por sindicalistas que hasta ese año eran aliados del Gobierno. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) conminó varias veces al Gobierno para que mejorase la fiabilidad de sus estadísticas. Hasta que el pasado 1 de febrero amonestó a un país por primera vez en sus 69 años de historia con una moción de censura por no corregir “la inexactitud de los datos” sobre la inflación y el Producto Interior Bruto. Y le concedió un ultimátum hasta el 29 de septiembre para que presente cifras más acordes con la realidad.

Pero es cierto que los restaurantes, las tiendas y los teatros de Buenos Aires están llenos. Y sin embargo, casi todos los indicadores apuntan hacia ese 25% que Fernández asocia con el estallido social. El año pasado el Gobierno intentó que los convenios salariales se cerraran solo con un 18% de aumento. Pero la mayoría consiguió un mínimo del 20%. Este año, el Gobierno quiere fijar el límite en el 20% (casi el doble de la inflación oficial), pero incluso los sindicatos más afines al Gobierno reclaman subidas entre el 25 y el 30%. Las negociaciones comienzan ahora y se extenderán durante los próximos dos meses.

Y ha sido en medio de esta tensión con los sindicatos cuando el Gobierno ha dado un paso inédito que implica un reconocimiento del fantasma inflacionario. El lunes, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se reunió con las principales cadenas de supermercados y consiguió arrancarles el compromiso de que mantendrán congelados los precios desde el 1 de febrero al 1 de abril. Al día siguiente logró que se sumaran las cadenas de electrodomésticos.

¿Qué pretende el Gobierno con esa acción? La presidenta, que el fin de semana pasado escribió 28 tuits contra la política del FMI, no se ha pronunciado hasta el momento sobre una decisión que afecta a tantos millones de personas. Los sindicatos, sin embargo, respondieron enseguida. Aseguran que el Gobierno solo pretende estabilizar la inflación durante estos dos meses para que cierren sus convenios con una subida de solo el 20%. Y ya han advertido que no van a pedir menos del 25%.

“Este acuerdo puede ayudar a controlar la inflación solo por el momento”, augura el economista Ernesto Kritz, “pero su alcance será muy limitado si no va acompañado de otras medidas macroeconómicas y fiscales como acabar con las restricciones a la importación. La mayoría de las veces que se intentó aplicar algo semejante en las décadas anteriores, la medida fracasó”.

Sin embargo, gente como Néstor Burruni, músico terapeuta y psicoanalista, de 53 años, apoya el acuerdo. Burruni acudió el viernes con su pareja a una céntrica tienda de electrodomésticos, una de las que han congelado los precios hasta abril. “Me parece bien que el Gobierno tenga políticas firmes contra el monopolio de los precios, igual que las tiene contra el de los medios. Por lo menos se intenta hacer algo; se reconoce que hay un problema. Ojalá que con esta medida alcance para la canasta de productos básicos sin endeudarse. Para nosotros, comprar esa canasta implica gastar unos 4.000 pesos al mes (600 euros en el mercado oficial y 445 en el paralelo). Y no llego si no es endeudándome con la tarjeta”. Néstor Burruni asume que la clase media, a la que él pertenece, es la gran relegada de las políticas sociales. “Pero mientras el Gobierno siga favoreciendo a los más pobres seguirá teniendo todo mi apoyo. No me importa sacrificarme”.

Lo que temen otros consumidores es que a partir de abril los precios se disparen como nunca. Pero, de momento, las tiendas, los comercios y teatros de Buenos Aires siguen llenos. Y “la gente, consumiendo”, como decía Fernández.