Estadísticas tramposas

El Gobierno de Cristina Fernández ha reaccionado mal al ser acusado por el Fondo Monetario Internacional de falsificar estadísticas de precios. Oficialmente la inflación alcanzó en Argentina el 10,8% en 2012, menos de la mitad del 25% que estiman los expertos. Tras la acusación, el Gobierno optó por negarlo. Después minimizó la falsedad, generalizándola a todos los países, incluido EE UU. Al final se decantó sin mayores explicaciones por el control de precios alimentarios, presentado como un mero acuerdo con las cadenas de supermercados.

El engaño viene de lejos. Lo denunció hace ya un lustro un economista ahora convertido en influyente ministro. También lo delataron los propios funcionarios encargados de elaborar los datos. Trece de ellos fueron despedidos. Y en consonancia, el kirchnerismo prohibió, bajo multa de 100.000 euros, que las consultoras publicaran sus estimaciones independientes. Si la realidad molesta, basta con borrarla.

Hasta ahora el asunto no causaba mayores problemas. Pero la caída del crecimiento económico, del 7% al 2%, provocó en 2012 que la inflación erosionase el poder adquisitivo y se convirtiese de nuevo en motivo de protesta. Un factor que viene a confluir con el malestar del campo, la polémica de las nacionalizaciones sin indemnización y el autoritarismo contra los principales medios de comunicación.

El motivo alegado para falsear los datos era reducir la cuantía de los pagos a los inversores que compraron deuda pública referenciada a la inflación oficial. Y una razón subyacente: enmascarar un factor de malestar social. O sea, un doble abuso.

Un Gobierno que maquilla sus datos acaba conduciendo a los ciudadanos al abismo; y a su país, a la condición de paria internacional. El FMI ha tratado de evitarlo. El año pasado ya le sacó la tarjeta amarilla y ahora, tras un aplazamiento, saca la roja: acaba de emitir una “declaración de censura” contra el Gobierno argentino. Es la primera vez que toma una medida tan grave en sus 69 años de historia.

Esta sanción verbal podría llegar a convertirse en la expulsión del país infractor del organismo multinacional si, antes del próximo 29 de septiembre, el Gobierno de Cristina Fernández no arregla el desaguisado. El lamento victimista y las medidas de intervencionismo artificial —y por tanto, insostenibles— con que ha reaccionado no auguran nada bueno.