China ejecuta al reo cuyo caso había espoleado una protesta contra la pena de muerte

El caso de Jia había generado un intenso debate en las redes sociales en China, el país que más ejecuta del mundo. Muchos ciudadanos se identificaban con su caso: las expropiaciones sin compensaciones adecuadas ni recursos legales adecuados son una de las causas más comunes de protesta en esta nación, donde el proceso de urbanización se desarrolla a marchas forzadas.

Incluso en el último momento, una docena de expertos firmó una carta al presidente del Supremo, Zhou Qiang, para que se condonara, o al menos se redujera, la condena contra Jia. “Creemos que la revisión del caso en el Supremo no ha cumplido los estándares necesarios para aplicar la pena de muerte de acuerdo a lo previsto en el Derecho chino, y que el proceso de revisión no protegió lo suficiente el derecho de apelación del defendido y sus abogados”, denunciaban, horas antes de que se ejecutase la sentencia.

Jia estaba a punto de casarse cuando el ayuntamiento de su aldea, Beigaoying, ordenó la expropiación de los terrenos donde se encontraba su casa y la demolición de la vivienda. Después de dos años de batalla legal, y de ruptura con su prometida, el joven decidió tomarse la justicia por su mano y mató al alcalde, He Jianhua, con una pistola de clavos modificada.

Los expertos alegaban atenuantes. Jia se entregó a las autoridades, había reaccionado tras haber sido víctima de violencia y no perjudicó a personas inocentes. Algunos medios oficiales se habían hecho eco del caso para tratarlo con simpatía.

La movilización no dio resultados. Según explica un despacho de la agencia estatal Xinhua, Jia fue ejecutado tras una última reunión con sus familiares, “como estipula la ley”.

Es más, la oleada de simpatía podría haber sido contraproducente. Un comentario que publica el Diario del Pueblo, propiedad del Partido Comunista de China, advierte que los profesionales del Derecho que se han pronunciado en favor de Jia pueden haber ido demasiado lejos en sus intentos de galvanizar a la opinión pública. “Una corriente de opinión pública no basada en la realidad sin duda socava la credibilidad judicial y daña la autoridad de los tribunales, y puede incluso llevar a consecuencias mucho peores aún”, apunta el editorial.

 El comentario retrotrae a la campaña de detenciones contra abogados defensores de los derechos humanos que emprendió el régimen el año pasado. Los intentos de atraer el apoyo de la opinión pública a sus causas fueron uno de los argumentos que se utilizaron en contra de esos profesionales, varios de los cuales aún permanecen detenidos sin fecha para su juicio.

 “En este caso, el Gobierno parece haber estado muy preocupado por la presión de los profesionales legales en internet”, indica el investigador para China de Amnistía Internacional William Nee desde Hong Kong. Según Nee, también pudo jugar un papel que la víctima fuera el jefe de la aldea, y el Gobierno puede no haber querido tener en cuenta las circunstancias atenuantes para no alentar ataques contra los funcionarios en situaciones similares en el futuro.