Carta Abierta a Leopoldo López

 Estimado amigo Leopoldo:

Te soy sincero, en un principio, tras tu detención, no sabía que eras un preso político. El Gobierno había convertido la mentira en verdad continental; recién cuando vi la sentencia, asimilé palabra a palabra la dimensión del horror político que vive tu país.

De una manera u otra los dos están presos, víctimas de la expresión máxima de la miseria humana, la privación de todos los derechos, desde los más elementales derechos económicos y sociales, hasta las libertades básicas.

Tu suerte está tan atada a la de tu pueblo que seguramente sólo serás libre cuando tu pueblo lo sea y si el gobierno piensa que existe la posibilidad de que te quiebres, es porque erróneamente piensa que puede quebrar al pueblo venezolano.

Quizás ese título de amigo sea un exceso de confianza de mi parte con alguien a quien nunca vi, pero debo confesar que en este tiempo me he sentido inmensamente cercano a la injusticia que sufrís, como me he sentido cercano al sufrimiento del pueblo de Venezuela.

Empero, en cada mensaje de paz y concordia que has enviado —a pesar de las amenazas contra tu vida, y las ignominias que ha sufrido tu familia por parte de los carceleros del Gobierno— mostrás que hay un camino de esperanza para tu país. En ese sentido, y en muchos otros también, encarnás la esperanza de la gente, de todos juntos y de cada uno.

La sentencia que reafirma tu injusta condena marca un hito, el lamentable final de la democracia en Venezuela. Párrafo a párrafo es, asimismo, la terminación del Estado de Derecho. En esa sentencia queda claramente establecido que en Venezuela hoy no rige ninguna libertad fundamental y ningún derecho civil o político y que estos han expresamente quedado sin efecto en la conducción de los asuntos de gobierno.

La sentencia que reafirma tu injusta condena marca un hito, el fin de la democracia venezolana.

Hoy, nuestras conclusiones, son las mismas a las que llegan los países del Mercosur que se han negado a aceptar a Venezuela como presidente Pro Témpore de esa organización. Es una fortísima sanción internacional, expresa y clara. Sin duda lo es también la activación de la Carta Democrática Interamericana, cuyas etapas siguientes deberán plasmar aquello que ya ha quedado establecido en el Mercosur.

Ninguna posición que sustente el derecho y los principios jurídicos fundamentales puede ignorar que el Gobierno de Venezuela tiene presos políticos y los tortura, que desconoce la separación de poderes y específicamente al poder Legislativo, que sufre una profunda crisis humanitaria y ética y que buena parte de los afectados han sido seleccionados políticamente, que el Gobierno de Venezuela quiere desconocer el derecho constitucional de la gente de revocar a su Presidente — mecanismo de la misma jerarquía jurídica y política que elegirlo— y que el Gobierno no ha tenido ninguna voluntad de diálogo.

Reafirmo una vez más, lo dicho anteriormente, en el sentido de que la existencia de presos políticos es absolutamente incompatible con un sistema democrático. Y que un preso político significaba la prisión de todos nuestros derechos políticos.

Ningún foro regional o subregional puede desconocer la realidad de que hoy en Venezuela no hay democracia ni Estado de Derecho. El Mercosur constituye hoy el mejor ejemplo a seguir y la aplicación de las cláusulas internacionales que condenan actos de ruptura del orden constitucional y del sistema democrático se hace cada vez más necesaria. 

Y también se han pronunciado con claridad sobre la crisis humanitaria el secretario general de las Naciones Unidas y el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, exhortando al Gobierno de Venezuela a cumplir sus obligaciones bajo los tratados internacionales de derechos humanos. El Parlamento Europeo ha puesto en evidencia con detalle los abusos del gobierno, la privación de derechos de los venezolanos y ha solicitado tu libertad y la de todos los presos políticos.

Analizo una y otra vez el tema y estoy convencido que no quedan razones jurídicas, políticas, morales o éticas para no pronunciarse y condenar a un gobierno (a esta altura con características de régimen) que se ha deslegitimado a sí mismo. Se ha traspasado un umbral, que significa que es el fin mismo de la democracia. La comunidad internacional es clara al pedir “no más tiranía en el cielo”, en un cielo que ya no existe.

Estoy convencido de que no quedan razones jurídicas, políticas, morales o éticas para no condenar a un Gobierno que se ha deslegitimado a sí mismo.

La exigencia de la responsabilidad gubernamental, en cumplir los compromisos internacionales incluye en primer plano el compromiso de respetar la democracia y los derechos humanos en el terreno interno, algo que cementa la confianza de la ciudadanía.

El fundador del Frente Amplio, la coalición de izquierdas en el gobierno en Uruguay, el general Líber Seregni citaba una definición de confianza:

“La confianza es una variable dinámica de alta significación para la secularización de las instituciones políticas. Ella se produce inicialmente al nivel más básico del sistema político que es el ciudadano y se densifica a medida que operan los niveles superiores hasta hacerse impersonal y una característica genérica del sistema. Su intensidad es variable, depende de elementos como la distribución equitativa de cargas y derechos políticos, la certeza y rutina de un sistema de evaluación y control, la existencia de espacios públicos de comunicación y fundamentalmente, de la frecuencia y calidad de los intercambios entre las dirigencias políticas.”

Violencia e intimidación diaria

El pueblo de Venezuela es víctima de la intimidación, convertida en el signo político gubernamental más tangible. Es el corolario de una gestión ineficaz de gobierno, que procura mantener el poder negando al pueblo la posibilidad de decidir mediante el voto, recurriendo a la violencia contra quienes manifiestan o tienen otras opiniones y sobre quienes votan las leyes.

Quienes sufrimos las dictaduras, sabemos que intentar eliminar a la oposición y a la voces disidentes es fiel reflejo de la ignorancia de los tiranos, porque las libertades siempre latirán en la gente, los derechos siempre formarán parte de los anhelos fundamentales de la sociedad, las ideas no van a desaparecer, a pesar de someter a quienes las llevan adelante a duras penas, al espionaje, a la violencia y la extorsión.

La intimidación como política ha sido aplicada contra miles de manifestantes, contra ti mismo, contra los funcionarios públicos que pueden perder sus empleos por firmar para el revocatorio, contra decenas de líderes políticos, contra Chuo Torrealba, contra Borges, contra Maria Corina, contra Zeballos, contra Ledezma, contra tu madre o tu esposa cuando han ido a verte, contra cada uno que está en la tumba o que pasó por ella, contra Pancho y Gabo, contra cada uno de los torturados para arrancarles falso testimonio, contra cada juez que ha sufrido la intervención política, contra todo el pueblo de Venezuela que es en definitiva el destinatario final de estas acciones.

Sin embargo, Leopoldo, el sentimiento de los venezolanos es, al decir de Henrique Capriles, que "la cárcel y el encierro jamás nos quitaran la esperanza de vivir en un país justo para todos".

Pobreza, Crisis Humanitaria y Corrupción.

La opacidad, negociados y el manejo dudoso de los fondos públicos e impunidad han llevado a caracterizar a Venezuela como el país más corrupto del continente por Transparencia Internacional. Tal como señalé en el informe del 30 de mayo de 2016. Además de cercenar los derechos de la gente, se recurre lisa y llanamente a la corrupción.

Quienes sufrimos las dictaduras sabemos que intentar eliminar a la oposición y a la voces disidentes es fiel reflejo de la ignorancia de los tiranos.

Exaltos funcionarios del equipo económico del Gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías, como Jorge Giordani y Héctor Navarro han hecho denuncias de desaparición de miles de millones de dólares por malversación. ¿Quién investiga el paradero de ese dinero que pertenece al pueblo?

Como si esto fuera poco, Roberto Rincón, dueño de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial proveedores de la estatal PDVSA, fue declarado culpable de dos cargos de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Admitió su participación en un esquema de negocios corruptos para obtener contratos con PDVSA.

Rincón fue arrestado el pasado 16 de diciembre por pagar más de 1.000 millones de dólares en sobornos para obtener contratos con PDVSA entre 2008 y 2014. No está solo, es la sexta persona que se declara culpable en investigaciones recientes por vínculos corruptos con Venezuela (tres de ellos exfuncionarios de PDVSA). ¿A dónde fue ese dinero? ¿En qué cuenta está? ¿Quiénes fueron los beneficiarios?

El caso de Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, radicados en Nueva York, es a todas luces preocupante. Según documentación en poder de la fiscalía, durante 2015 los acusados llevaron adelante gestiones preparatorias para el transporte de cocaína desde Venezuela a Honduras con la finalidad última del ingreso de la misma a los Estados Unidos. En conversaciones registradas, los acusados declararon estar en guerra con EEUU, al tiempo de establecer su propósito de obtener varios millones de dólares en la operación. Se considera demostrado por la fiscalía que los acusados mantuvieron reuniones en Honduras (4 de octubre de 2015), en Caracas (finales de octubre de 2015) y Honduras (noviembre de 2015) durante las cuales desarrollaron los preparativos de la operación de narcotráfico.

En el curso de dichas reuniones Campo describió sus conexiones con el gobierno de Venezuela explicitando: “estamos en guerra con los Estados Unidos. . . con Colombia. . .con la oposición”, dejando en claro al mismo tiempo que la droga sería destinada a Nueva York. El 10 de noviembre de 2015 los acusados fueron detenidos en Haití adonde habían viajado para ajustar detalles de la operación.

De la propia confesión voluntaria de Campo y Flores (con pasaporte diplomático) conforme a la fiscalía de Nueva York surge: con dos meses de anterioridad a su arresto, Campo conoció a las personas con quienes acordó recibir la cocaína para ser trasladada a los Estados Unidos vía Honduras. Este contacto obtenía la cocaína de las FARC y se acordó la entrega bajo consignación de aproximadamente 800Kg para el primer embarque.

Campo reconoció fotografías de las reuniones de preparación de la operación admitiendo la realización de las mismas. Flores, por su parte, permaneció en comunicación con los contactos para la realización de la operación luego de las reuniones de coordinación. De los 800Kg del primer embarque, 100  pertenecían al Sr. Flores, 100 al Sr. Campo y el resto a sus dos socios en la operación. Flores además reconoció que esperaban obtener aproximadamente cinco millones de dólares de este primer embarque de los cuales 560.000 le corresponderían.

Ante todos estos casos manifiestan la degradación de la cultura de probidad republicana y de transparencia en Venezuela y alimentan el permanente aumento de la corrupción. Quien apoya este estado de cosas, o simplemente calla, es cómplice. Las instituciones venezolanas que saben esto y no lo denuncian son cómplices.

Un Estado de Derecho daría Justicia a los venezolanos, pero hoy no se juzga la corrupción, te han juzgado a vos por hacer política, pero no han juzgado prácticamente a ningún asesino, salvo mínima excepción, de las 43 víctimas del 2014 que siguen sin tener justicia.

El Referéndum Revocatorio

Como secretario general de la OEA, al invocar de la Carta Democrática para Venezuela y en el extenso informe preparado, sostuve que “toda solución de crisis institucional se resuelve en la legitimidad que otorga el pueblo. Toda polarización de la dirigencia política, que induzca a una crisis, hace necesario consultar a la gente.”

Por ello, no es aceptable en ningún ámbito quitar el poder de las manos de la gente, donde pertenece, y utilizarlo como moneda de cambio. Hacerlo es el golpe final al legado político de Chávez.

Quien apoya este estado de cosas, o simplemente calla, es cómplice. 

En ninguna circunstancia se debe utilizar el poder para otro fin que no sea el que se corresponde estrictamente con el mandato popular y la Constitución. Mucho menos para manejar soluciones impuestas que violentan lo dispuesto por la Constitución. Y mucho menos aún para impedir que el pueblo soberano se exprese.

El mandato popular expresado en una sociedad pluralista, la esencia del sistema democrático no es solo una exigencia moral sino una necesidad política y ciudadana para la paz y el desarrollo de nuestras sociedades. Como dijera Seregni: “el objetivo es transformar ese principio ético en una elección o conducta de vida.”

Reconocer la dignidad de las personas respetando el mandato popular y los derechos humanos es la esencia de la moral y del principio de justicia. Creer en la gente, respetar y defender su dignidad y sus derechos, ese es el objetivo de la democracia. Fallarles solamente corresponde a la degradación moral de los dictadores, del poder que sostiene la corrupción y de la corrupción que sostiene el poder, consolidando un círculo vicioso de miseria, que han pagado los venezolanos con la vida de niños en los hospitales, con miles de muertes violentas en las calles, con hambre.

Reconocer la dignidad de las personas respetando el mandato popular y los derechos humanos es la esencia de la moral y del principio de justicia.

La paz que necesita tu país pasa por reconstituir la confianza política de las ciudadanas y ciudadanos de Venezuela. Hoy Venezuela necesita tanta decencia pública, tanta democracia y democratización, tanta reconciliación y paz, como la que ha anhelaba monseñor Oscar Arnulfo Romero el 6 de agosto de 1978:

“Tengan en cuenta el derecho de participación que todos anhelan, porque cada uno puede aportar algo al bien común de la patria, y que se necesita hoy más que nunca una autoridad fuerte, pero no para unificar mecánica o despóticamente, sino para una fuerza moral basada en la libertad y en la responsabilidad de todos, para que todas esas fuerzas sepan converger, a pesar del pluralismo de opiniones y hasta de oposiciones al bienestar de la patria".

Y quien fue un mártir por la paz en El Salvador concluía:

“Den oportunidad de organizarse al pueblo, deroguen las leyes injustas, den amnistía a quienes han transgredido leyes que no son del bien común, cese el amedrentamiento del pueblo, principalmente en el campo. Haya libertad o consignación a los tribunales de quienes han desaparecido o están presos injustamente. Haya posibilidades de regresar al país para los expulsados o los impedidos de volver por causas políticas”.

Un abrazo. 

Luis Almagro

Luis Almagro es secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)