La justicia militar israelí archiva la investigación de ataques en los que murieron civiles en Gaza

Dos años después del final de la guerra de Gaza —que se cobró la vida de más de 2.200 palestinos (dos tercios de ellos civiles) y de 73 israelíes (de los que 66 eran soldados)— la justicia militar ha archivado por falta de pruebas 13 sumarios por supuestos crímenes de guerra, entre ellos las indagaciones sobre la muerte de población civil, según un comunicado de la oficina del portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel. La policía militar ha investigado las acusaciones presentadas por organizaciones internacionales y por ONG israelíes, como Breaking de Silence, un grupo de exsoldados que prestan testimonio de forma anónima. La fiscalía mantiene aún abiertos seis sumarios penales.

Entre las denuncias que han sido desestimadas figura el ataque ante una escuela de Naciones Unidas en Rafah, al sur del enclave palestino, en el que murieron más de 10 civiles. La justicia castrense israelí considera que el ataque fue “legítimo”, ya que iba dirigido contra tres milicianos palestinos que circulaban en una motocicleta, quienes cambiaron de dirección de forma repentina. “No fue posible desviar la trayectoria del proyectil que ya había sido disparado”, argumenta la fiscalía.

La jurisdicción militar ha examinado 500 denuncias e informes sobre un total de 360 incidentes por supuestas irregularidades de sus tropas durante los 51 días de conflicto en Gaza en el verano de 2014. En 24 casos se han abierto diligencias. La fiscalía consideró que la mayoría eran penalmente irrelevantes y en 80 de ellos hizo recomendaciones sobre “las lecciones operacionales que suponen", según el diario Maariv.

También se ha archivado la denuncia sobre otra intervención israelí en Rafah, donde la aviación bombardeó una casa en la que murieron 15 civiles. La justicia militar destaca que el edificio era una “un centro de mando y control” de Hamás. “Hubo discrepancias entre la información disponible cuando el ataque fue lanzado y los hechos que se confirmaron después”, asevera la fiscalía, que justifica el bombardeo en función de los datos con los que contaban entonces los mandos que lo ordenaron. “La muerte de civiles no implicados en la contienda fue un resultado lamentable”, reconoce el informe.

Entre las indagaciones que siguen pendientes, según el diario Haaretz, se encuentra la del denominado Viernes Negro, en el que tropas israelíes aplicaron en Rafah el código Aníbal, que autorizaba —antes de ser suspendido hace tres meses—, a un uso desproporcionado de la fuerza cuando un soldado ha sido hecho prisionero, incluso a costa de la vida del rehén. Una investigación de Amnistía Internacional asegura que en los cuatro días de la ofensiva del Viernes Negro murieron al menos 135 civiles, entre ellos 75 niños, y fueron destruidas cientos de viviendas e instalaciones.

En junio de 2015, las conclusiones de la investigación de una comisión independiente auspiciada por la ONU apuntaron a la existencia de “indicios creíbles” que acusaban tanto al Ejército israelí como a las milicias gatazíes de haber cometido crímenes de guerra. Israel rechaza la injerencia internacional y asegura que ha investigado la conducta de sus militares durante el conflicto de Gaza. Los responsables palestinos han presentado una acusación contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI). “Tras absolverse a sí mismo Israel de su responsabilidad en los crímenes de guerra, creemos que ya es hora de que intervenga la CPI”, aseguró en un comunicado el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat.

Por ahora, Israel solo ha cerrado con condena un caso sobre la guerra de Gaza, en el que tres soldados fueron hallados culpables de pillaje al haberse apoderado de dinero en la Franja. Sin embargo, un jefe militar que ordenó a varios carros de combate lanzar una andanada contra edificios, en homenaje a un oficial que había muerto en combate, recibió una sanción disciplinaria y no fue encausado.