Correa anima a sus seguidores en redes sociales a hostigar a sus críticos

El humor del viñetista Xavier Bonilla, mejor conocido como Bonil, ha molestado al presidente Rafael Correa en más de una ocasión. El enfado más reciente lo causó una viñeta en la que Bonil calificaba de elefantes blancos a algunas obras emblemáticas del régimen, como el edificio de la Unasur o un aeropuerto en la amazonía que no tiene operaciones. La caricatura fue publicada justo cuando se desarrollaba la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Quito y por esto Correa dijo que había hecho quedar mal al país.

La arremetida contra el dibujante ocurrió durante su comparecencia semanal de actividades, que se transmite por los medios públicos y por las plataformas gubernamentales vía streaming. Allí mostró una foto del caricaturista y pidió a sus simpatizantes que si lo ven por la calle le “reclamen” por sus dibujos.

El caricaturista, pese al acoso sistemático, sigue publicando sus viñetas en el diario El Universo, que por otra parte también ha sido el blanco de los ataques del Gobierno y que actualmente está en resistencia para no pagar el 10% de su facturación trimestral por negarse a rectificar una noticia relacionada con la deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social .

“Yo he continuado haciendo mi trabajo a pesar de este clima coercitivo, en caso contrario habría significado darles una victoria a ellos, al Gobierno”, dice Bonil, pero confiesa que siente cierto resquemor. “Si ha habido momentos en que pienso que un dibujo podría parecerle demasiado atrevido a alguien, ese pensamiento aflora y demuestra que existe un ambiente de presión previa que es generada por la serie de acciones que ha tomado el Gobierno para sancionar, para castigar”.

Bonil fue el primer sancionado por la Ley de Comunicación, en enero de 2014, y tuvo que rectificar un dibujo porque, según la Superintendencia de la Comunicación, faltaba a la verdad. Se trataba del allanamiento a la casa de un periodista y exsindicalista, acusado de hackear cuentas de correo electrónico de la Presidencia y el dibujo ilustraba lo que contó la víctima. El Universo, además, tuvo que pagar 90.000 dólares (el 2% de su facturación trimestral) por no haber censurado a tiempo la caricatura.

A ese proceso le siguieron dos más, uno por señalar que un asambleísta afroecuatoriano del oficialismo no sabe leer bien, y otro por ironizar con la posibilidad de cambiar el género en el documento de identidad. En ambos casos fue acusado por organizaciones sociales afines al Gobierno que dijeron sentirse afectadas por las viñetas. En el primer caso, el Consejo de Regulación de la Comunicación, otro organismo que creó la Ley de Comunicación, dijo que hubo discriminación, y en el segundo lo dejó pasar por alto.

Bonil no quiere hablar de censura en el medio, pero lo cierto es que su trabajo es mirado con lupa desde que llegó la Ley de Comunicación. “Si es verdad que ha habido algunos episodios contados con el dedo, en el que editor ha expresado algunas dudas respecto a algún dibujo, y en alguna ocasión he hecho un giro, pero eso no es censura, sino la reacción de temor, de duda, de que te puede caer un hachazo, pero también ha habido un par de ocasiones que yo no coincidí con ese temor y con mucho respeto yo decidió no publicar nada”, señala.

Ecuador, por segundo año consecutivo, está en la lista de países sin libertad de prensa, según el informe Freedom House. “En Cuba, Venezuela y Ecuador sus gobernantes siguen siendo la principal fuente de presión para los medios”, dice el informe. El acoso a los periodistas más reciente se vivió con los Panamá Papers. Mientras en otros países la investigación removió a altos cargos del Gobierno, aquí se hostigó a los periodistas que participaron en la investigación.

El presidente Correa, a través de las redes sociales, publicó las fotos de los periodistas y pidió a la ciudadanía que les exijan que revelen todo lo que saben, no solo lo que afecta al Gobierno. Los periodistas señalados, que trabajan para El Universo y El Comercio, debían acudir al Consejo de Participación Ciudadana, una entidad encargada del control social, pero se negaron. Ambos medios enviaron cartas y solo entregaron lo que habían publicado y explicaron que el resto de documentos están en manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que dirigió el proyecto.

“Nosotros básicamente informamos si hay temas de interés públicos, documentamos, contrastamos. No pensamos que la respuesta iba a ser ataque, nos preocupa que hayamos sido expuestos de esa forma. Nosotros nos limitamos a cumplir con nuestro trabajo”, señala Arturo Torres, editor general de diario El Comercio.