El nuevo ‘El Dorado’ siembra conflictos en América Latina

Hasta hace ocho años, la minería era un sector poco trascendente en el mundo y también en Latinoamérica. Incluso había perdido peso en países mineros como Bolivia, donde este miércoles murió un obrero en un enfrentamiento para dirimir quiénes explotarán el yacimiento de estaño de Colquiri. Las crisis del petróleo de los años setenta habían depreciado las cotizaciones. Pero a partir de 2004, ante el creciente apetito de China por minerales que den abasto a sus industrias y la actividad de la construcción, los precios del oro, la plata, el cobre, el níquel, el zinc y el hierro comenzaron a trepar tanto que han alcanzado máximos históricos. Y ahí comenzaron los conflictos.

Las empresas mineras, la mayoría multinacionales, han acelerado sus proyectos de exploración y producción en América Latina. Los gobiernos han comenzado a reclamar que tributaran una parte mayor de su renta, los empleados de las compañías han iniciado protestas por mejores nóminas, los mineros independientes y cooperativistas han elevado su voz para explotar también el recurso y muchos pobladores de regiones mineras, en general zonas áridas y pobres, se han puesto en pie de lucha para oponerse a los yacimientos a cielo abierto por el impacto medioambiental que éstos provocan por el uso de agua, cianuro y arsénico.

En toda la región se han desatado unos 161 conflictos entre gobiernos y empresas, por un lado, y ciudadanos que se resisten a la instalación de yacimientos a cielo abierto en sus territorios con el argumento de que, a diferencia de la menos rentable minería subterránea, los nuevos proyectos dañarán su entorno ambiental y sus actividades agrícolas tradicionales. Incluso empresas de aguas, como Danone, o bodegas, como la española O. Fournier, se han opuesto a desarrollos mineros en Argentina. Con lemas como que el agua vale más que el oro, unas 212 comunidades se enfrentan a unos 173 proyectos mineros y reclaman que se las consulte antes de su ejecución. En Perú es donde más conflictos de este tipo se han producido, unos 28, e incluso este jueves la policía reprimió un bloqueo de una carretera que lleva a una mina de oro de la empresa Barrick, canadiense, al igual que muchas de las mineras que operan en la región, y mató a uno de los manifestantes. Ya son 19 los muertos en Perú en protestas por demandas relacionadas con la explotación de recursos naturales (la mayoría mineros, pero también por hidrocarburos) desde que Ollanta Humala asumió la presidencia del país, en julio de 2011.

La resistencia contra la minería a cielo abierto ha llevado a que algunas compañías paralizaran proyectos en Perú y también en Argentina, donde este año la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de una ley que impide la explotación minera y petrolera en zonas de glaciares. Los conflictos mineros por cuestiones ecológicas se extienden por casi toda la región, en unos 16 países. En Costa Rica se han prohibido nuevos proyectos a cielo abierto a partir de 2010.

Otros se pelean por cómo se reparte la tarta cada vez más grande que supone este negocio. Entre 1990 y 2003, la minería suponía el 3,9% del PIB de Bolivia. Entre 2004 y 2009, el 5,7%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La proporción subió también mucho en Chile, del 7,7% al 17,7% (estas estadísticas incluyen también el acotado sector de hidrocarburos); en Ecuador, del 6,9% al 14,7%, y en Perú, del 4% al 8,5%. Latinoamérica produce el 52% de la plata del planeta, el 45% del cobre y el 22% del zinc.

Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales discuten entre sí y con las empresas mineras (además de europeas y norteamericanas, las hay chilenas, mexicanas y brasileñas) para definir cuántos impuestos pagan. Los políticos de izquierdas no han rechazado la minería a cielo abierto sino que le han exigido que tribute una porción mayor de sus beneficios considerados extraordinarios por el alza de las cotizaciones de recursos no renovables que pertenecen a los estados y se concesionan al sector privado (solo Chile cuenta con una minera estatal importante como Codelco). Pero este tipo de disputas no acaban en violencia como los que enfrentan a las compañías con los propietarios de las tierras donde se descubre el mineral y que piden mayores arriendos, o con los trabajadores mineros que piden mejores nóminas. También han acabado mal algunas refriegas de obreros que practican la llamada minería ilegal, sin autorización de los gobiernos, en Perú o Brasil.

La muerte del miércoles en Bolivia ilustra la disputa por la renta minera. En junio pasado, el Gobierno de Evo Morales había nacionalizado la parte del yacimiento de Colquiri que estaba en manos de la suiza Glencore. Pero a partir de entonces comenzó la tensión sobre quién debía explotar el recurso: si la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a la que defienden sus empleados, o los cooperativas mineras, que cuentan con el respaldo de Morales. Cooperativistas protestaron el jueves en la sede del sindicato de los empleados mineros. Murió uno de los asalariados. Otra prueba más que de en Latinoamérica a algunos se les va la vida por la minería.