Los chilenos se rebelan contra su Congreso

En la última encuesta nacional del Centro de Estudios Públicos (CEP), dada a conocer en diciembre pasado, se le realizó la siguiente pregunta a los chilenos consultados: ¿Cuánta confianza tiene usted en el Congreso? La respuesta fue categórica: apenas un 13% dijo aprobar y legitimar la labor de los legisladores. Fue la segunda institución peor evaluada del país junto con los tribunales y solo superó en respaldo a los partidos políticos, que obtuvieron un 7%.

El escándalo que explotó en Chile esta semana no ha contribuido a evitar que el Poder Legislativo siga cuesta abajo en la rodada, al igual que toda la clase política, incluido el gobierno y la oposición. Los 38 senadores chilenos, tras reiteradas gestiones de todos los grupos políticos, recibirán un aumento de 2.000.000 de pesos (unos 3.150 euros) para utilizar individualmente cada mes en sus gastos operacionales. La partida incluye los alquileres de oficinas de sus respectivas zonas, telefonía, papelería, peajes en las carreteras, gasolina, entre otros insumos, y ya tenía un presupuesto asignado de 5.450.000 pesos mensuales (8.530 euros).

El diputado socialista Fidel Espinoza denunció los hechos a través de la red social Twitter: “Que presidente del Senado explique por qué están pidiendo 2.000.0000 de aumento en sus asignaciones parlamentarias. Ya esto es vergonzoso”, escribió el miércoles cuando la iniciativa no era conocida. El mensaje provocó el repudio de la ciudadanía, que según la encuesta CEP está “muy indignada” y “muy enojada” frente a la elite política. La frase del legislador causó también una insólita disputa pública entre la Cámara de Diputados y el Senado, cuyos integrantes, al margen de las tendencias de unos y otros, comenzaron a recriminarse mutuamente y a asumir defensas corporativas.

“No estamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma como se ha solicitado y aprobado este aumento”, indicó el presidente de los diputados, Nicolás Monckeberg, del partido oficialista Renovación Nacional. El líder de los senadores, el socialista Camilo Escalona, salió en la defensa de sus pares y, en medio de la sesión del miércoles, señaló que “todas estas afirmaciones descalificatorias no tienen fundamento alguno y lesionan profundamente la honra del Senado”. El parlamentario, que acaba de asumir la presidencia de la corporación, denunció además que la Ley de Presupuestos de 2012 presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera también contemplaba mayores recursos para la Cámara de Diputados.

Los senadores de todos los partidos políticos solicitaron el año pasado que se elevaran los recursos destinados a sus gastos operacionales. Fue un acuerdo unánime y lo pidieron al Consejo de Asignaciones Parlamentarias, un organismo fiscalizador autónomo creado hace unos meses tras detectarse el mal uso de recursos fiscales. Después de reiteradas peticiones, que continuaron en 2012, el aumento fue aceptado y visado por el ministerio de Hacienda. Uno de los argumentos de los senadores era que, dado que representan circunscripciones extensas, que abarcan amplias zonas geográficas, no podían recibir la misma cantidad de dinero que los diputados.

Algunos senadores han defendido la medida y otros han tomado una prudente distancia de la polémica. “Lamento el espectáculo que estamos dando a los chilenos con la discusión entre la Cámara y el Senado”, señaló el senador Ricardo Lagos Weber, del Partido por la Democracia e hijo del ex Presidente, aunque no criticó el aumento de las asignaciones.

Además de su sueldo de unos 12.000 euros mensuales, los senadores reciben dinero para pasajes aéreos, asesorías legislativas y contratación de personal. Las autoridades, tras el estallido de la polémica, se han apurado en señalar que los nuevos montos estarán sometidos a un control y se deberá justificar su gasto. “Ninguno de estos recursos son para uso personal, ya que todo lo que hagan con ellos debe pasar por una auditoría”, indicó el ex senador demócratacristiano Sergio Páez, presidente del Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Sin embargo, pese a los reclamos ciudadanos, los senadores hasta ayer no echaban pie atrás y seguían adelante con la iniciativa.

Pero el conflicto también se ha expandido a la Cámara de Diputados. Desde enero pasado rige un aumento de 2.000.000 de pesos (unos 3.150 euros) para asesorías legislativas que tenían un monto aprobado de unos 180.000 pesos (unos 280 euros). El problema que es, hasta que estalló la polémica en el Senado, esto no era conocido por la opinión pública. Los diputados, sin embargo, han negado tales imputaciones. “Hago un llamado a los señores senadores a que hablen con la verdad al país”, ha reiterado el diputado Espinoza, que hizo explotar el inédito conflicto en un Parlamento que no se caracteriza por las controversias.

En octubre de 2011, la Cámara aprobó la compra de un Ipad 2 para cada uno de los 120 diputados con el fin de “apoyar la labor parlamentaria”. Tras la indignación de los ciudadanos, la compra finalmente no se realizó. En esa ocasión, al igual que ahora, la gente usó las redes sociales y los medios de comunicación para repudiar los excesos de los parlamentarios. Uno de los principales argumentos esgrimidos por la gente para rechazar los excesos de los congresistas es que en este país el sueldo mínimo equivale a unos 285 euros.

Hasta antes de 2011, el año de los descontentos en Chile, este tipo de situaciones pasaban inadvertidas. Sin embargo, la enorme clase media del país, con mayor consciencia de sus derechos que antaño, ha comenzado a exigir más de la clase política y de los gobiernos.