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336 científicos exigen al Gobierno que acabe con los sobresueldos a dedo en la ciencia

Los investigadores denuncian un intento de control político mediante dinero repartido discrecionalmente

Manifestación en Madrid en contra los recortes en ciencia, en 2014.
Manifestación en Madrid en contra los recortes en ciencia, en 2014.

Internamente la han llamado la Operación Ventilador. Un grupo de 336 científicos, muchos de ellos los mejores de su especialidad, exigen al Gobierno de Mariano Rajoy que acabe con los ilegales sobresueldos a dedo que existen en media docena de organismos públicos de investigación. Los firmantes denuncian retribuciones extraordinarias otorgadas con “amplísima discrecionalidad” por directivos, en función de criterios opacos y muchas veces de carácter político.

Los 336 científicos piden dejar de ser juzgados de manera subjetiva por sus jefes y pasar a ser evaluados de manera externa con criterios internacionales, como se hace desde 1989 en las universidades y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). “Solo estamos pidiendo que nos paguen en función de la calidad de nuestro trabajo científico”, resume Marina Albentosa, del Instituto Español de Oceanografía.

“Solo estamos pidiendo que nos paguen en función de la calidad de nuestro trabajo científico”, resume la ecóloga Marina Albentosa

La situación es una reminiscencia del pasado. Los 60.000 profesores de las universidades españolas y 3.000 investigadores del CSIC someten cada año su trabajo a una evaluación externa del Ministerio de Educación. Esta estrategia de evaluación continua ha significado un aumento de la producción científica de calidad en España. Sin embargo, por detalles burocráticos, cientos de investigadores se quedaron fuera de este sistema de retribución. Como consecuencia, un científico de uno de estos organismos afectados puede cobrar 800 euros menos al mes que otro con el mismo currículo en una universidad. Los incentivos para hacer ciencia puntera no existen.

La Ley de la Ciencia estableció el 1 de enero de 2014 como fecha límite para acabar con esta injusticia, pero el Gobierno incumple la legalidad. En media docena de organismos públicos, los directivos disponen de una bolsa de dinero para repartir discrecionalmente como supuestos complementos de productividad. “Creemos que hay una motivación política para mantener la situación. Las direcciones de los organismos emplean estas asignaciones opacas para controlar a los investigadores”, sentencia Albentosa, una de las cabecillas del movimiento.

“Como sigas así no vas a tener complemento de productividad”, le espetó un día un jefe a Raúl Pérez, del Instituto Geológico y Minero de España, tras dar una opinión contraria a la de sus superiores, según su relato. Pérez lidera expediciones que se introducen en algunas de las simas más temidas del mundo, como la asturiana del Cerro del Cuevón, de 1.600 metros, para buscar indicios que alerten de futuros terremotos. “Yo no quiero que mi sueldo dependa de que le caiga bien al jefe. Quiero que evalúen mi producción científica”, lamenta el geólogo. “No es que queramos ser consejeros delegados de un banco. Yo ganaría unos 200 euros más al mes”, señala.

“Como sigas así no vas a tener complemento de productividad”, le espetó un día un jefe al geólogo Raúl Pérez

Su reivindicación fue enviada en tres cartas a los ministerios de Economía, Educación y Hacienda, el 12 de junio. Entre los firmantes figuran José Alcamí, referencia internacional en la investigación del VIH, y Pedro Anda, que como coordinador de alertas del Centro Nacional de Microbiología hizo frente a la crisis del ébola en España. También firma Julio Díaz, responsable del estudio de las muertes prematuras provocadas por la contaminación, como jefe del Departamento de Epidemiología de la Escuela Nacional de Sanidad. Y Marina Pollán, jefa del grupo que realiza los mapas que muestran la desigual distribución del cáncer en España. Los cuatro pertenecen al Instituto de Salud Carlos III, el principal organismo público de investigación biomédica del país.

Fuentes de la Secretaría de Estado de I+D+i, dirigida por Carmen Vela, reconocen que hay entre 700 y 800 científicos afectados. Sus técnicos han calculado que cumplir la ley costaría alrededor de 1,3 millones de euros al año. Las mismas fuentes aseguran que un Real Decreto ya negociado con los sindicatos arreglará la situación, si se incluye en la Ley de Presupuestos de 2018. Según los científicos, la Secretaría de Estado de I+D+i, dependiente del Ministerio de Economía, ha culpado al Ministerio de Hacienda de bloquear el desarrollo normativo de la Ley de la Ciencia, aprobada en 2011.

Las reclamaciones de los científicos afectados, sin embargo, se remontan a 2001, cuando se creó una escala laboral transversal a todos los organismos públicos de investigación, incluido el CSIC. Desde entonces, han solicitado, incluso en los tribunales, ser evaluados de manera externa, y no de manera subjetiva y opaca por sus jefes. “Llevamos casi 20 años peleando. Ahora estamos ante una ilegalidad y ha habido un efecto contagio entre los investigadores. Hemos dicho que basta ya. Si Carmen Vela no es capaz de hacer que se cumpla la ley, que dimita”, clama Albentosa.

“El ministro de Hacienda es catedrático. Él no toleraría que su sueldo dependiera de caerle simpático al decano”, sentencia el investigador del CSIC Luis V. García

La científica es una ecóloga marina especializada en la contaminación de los océanos. Su marido comenzó hace 30 años una carrera paralela a la suya, pero en la universidad. “La brecha salarial con mi marido es de 800 euros cada mes y no es por machismo. Es porque yo trabajo en un organismo público de investigación no homologado”, subraya. El PSOE y Ciudadanos, aplaude, han presentado a lo largo de 2017 proposiciones no de ley instando al Gobierno a que cumpla la normativa.

Según las cuentas de la Secretaría de Estado de I+D+i, el sueldo de dos científicos con la misma trayectoria varía unos 900 euros anuales en función del centro público en el que trabajen. Pero el ecólogo Luis V. García, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, calcula que la diferencia puede llegar a ser “hasta una tercera parte del sueldo”, como en su caso. Él es uno de los 60 investigadores del CSIC que también están afectados por la ilegalidad del Gobierno, como Belén Pintado, experta en ratones transgénicos y expresidenta de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio.

“El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Cantabria. Como buen catedrático, no toleraría que su sueldo dependiera de caerle simpático al decano. Nosotros exigimos lo mismo”, sentencia García.

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