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El viejo truco del Gobierno para ocultar sus recortes en ciencia

El Ejecutivo infla los créditos a devolver, una partida que en gran parte no llega a utilizarse, para tapar un descenso en subvenciones en I+D

El ministro de Economía, Luis de Guindos, junto a la secretaria de Estado de I+D+i en una fotografía de archivo
El ministro de Economía, Luis de Guindos, junto a la secretaria de Estado de I+D+i en una fotografía de archivo

La epidemia de los hechos alternativos también afecta a España, en particular a la política de I+D del Gobierno. En su presentación del proyecto de presupuestos para 2017, se afirma que “la inversión realizada en los últimos años en la política de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) ha permitido aproximar los recursos públicos del sistema de I+D+i a la media comunitaria”. Un rápido vistazo a las estadísticas oficiales, del Banco Mundial o de la UE, muestran que si se compara el porcentaje del PIB dedicado a I+D, la media española desciende mientras la comunitaria ha crecido en los últimos años.

Los presupuestos de 2016 mostraron un incremento significativo respecto al año anterior, con un aumento de 269,64 millones de euros de presupuesto no financiero, las subvenciones, que son la gasolina imprescindible para el sistema científico. Sin embargo, si se comparaba el progreso desde 2009, el techo histórico de inversión en ciencia y tecnología en España, el presupuesto del año pasado solo era el 66% de aquel máximo.

Este año, pese a las previsiones de crecimiento del PIB español cercano al 3%, la inversión real del país en I+D (si se mantiene este proyecto de presupuestos) no solo no crecerá a un ritmo similar sino que descenderá. En el documento, se afirma que “la política de I+D+i se incrementa un 4,1% hasta los 6.029 millones de euros, aproximando los recursos públicos del sistema de I+D+i a la media comunitaria”. La realidad es que ese aumento se debe a un incremento del presupuesto financiero, créditos que, aunque a un interés muy bajo, las entidades beneficiarias deben devolver.

Por el tipo de actividad de las universidades o los centros de investigación, que no están diseñados para hacer negocio, no pueden hacer uso de unos créditos que no serán capaces de devolver. Eso explica que, año tras año, la mayoría del presupuesto financiero quede sin utilizar y en los resultados finales, los que luego se reflejan en las estadísticas europeas, no se observe esa convergencia con el resto de países europeos de la que presume el Gobierno.

Pese a las previsiones de crecimiento para España cercanas al 3% las subvenciones para I+D se recortarían un 2,1%

Aunque se podría argumentar que los créditos blandos, además de para maquillar las cifras presupuestarias, son interesantes para incentivar la inversión en empresas innovadoras o en determinados proyectos académicos, existiría margen para cubrir las necesidades del sistema sin incrementarlos. Valdría solo con lograr colocar la mitad del dinero dedicado a esa partida que, aproximadamente, no se aprovecha cada año. En 2012, por ejemplo, quedaron sin ejecutar más de 2.000 millones de esta parte del presupuesto.

Pese a estas cifras, el Gobierno no pierde el optimismo y en el proyecto de este año ha incrementado esta partida un 9,2%, alcanzando los 3.583 millones de euros. La parte no financiera, que sí se gasta en su mayoría, desciende sin embargo un 2,6% respecto a 2016 y se queda en 2.446 millones. Este recorte hace que, pese a que España crece en todos los indicadores, el presupuesto del CSIC, la gran institución científica del país, caiga un 0,9%, o el del Instituto de Salud Carlos III, el principal financiador de la investigación biomédica, descienda un 0,8%.

Otro aspecto curioso de los presupuestos es el espacio ocupado por uno de sus proyectos estrella. La Red Cervera de I+D+i, una red de institutos tecnológicos propuesta por Ciudadanos para acercar el trabajo de los científicos a las empresas, recibirá 500 millones de euros, la mitad de lo propuesto inicialmente por el partido de Albert Rivera. La intención, expresada desde hace años por los representantes políticos, consiste en crear redes de transferencia tecnológica para que la investigación que realiza el sector público pase al sector productivo. Lo que puede resultar problemático es que, según se plasma en el proyecto, 480 de esos 500 millones son créditos que las instituciones deberían devolver y solo 20 millones subvenciones. 

Fuentes cercanas a centros tecnológicos dudan de que las empresas o las instituciones académicas estén en condiciones de utilizar esos créditos que luego deberán devolver. Algunos recuerdan incluso las similitudes que podría tener este plan con el conocido como parquetazo, los créditos blandos que recibieron parques científicos y tecnológicos asociados a universidades a través de una convocatoria de 2000 lanzada por el Gobierno de José María Aznar. La devolución de los préstamos, que en buena medida no lograron los objetivos fijados, sigue coleando más de 15 años después.

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