Alternativas a un modelo migratorio roto

“Hoy nuestro sistema de inmigración está roto, y todo el mundo lo sabe. Las familias que entran en nuestro país de forma adecuada y cumplen las reglas, ven cómo otros se las saltan. Los empresarios que ofrecen a sus trabajadores salarios decentes y beneficios sociales ven cómo su competencia explota a inmigrantes indocumentados pagándoles mucho menos. […] Y los inmigrantes indocumentados que buscan desesperadamente cumplir con sus responsabilidades no ven más opción que permanecer en la sombra o arriesgarse a ver a sus familias rotas”.

Barak Obama constituye un paradójico pero poderoso detractor del sistema migratorio norteamericano. Durante sus casi ocho años de presidencia las deportaciones de inmigrantes indocumentados han alcanzado niveles récord, y la gestión de crisis como la de 2014, en la que cerca de 70.000 menores no acompañados accedieron a su país por la frontera Sur, podría haber sido firmada por cualquiera de los belicosos candidatos republicanos a las primarias. Sin embargo, su estrategia declarada ha sido cumplir a rajatabla las leyes existentes hasta demostrar su inoperancia, empezando por la rigidez de un sistema que mantiene a 11 millones de hombres, mujeres y niños en la ilegalidad. A pocos meses de abandonar la presidencia, la reforma de este modelo “roto” ha dejado de ser un eslogan electoral para convertirse en un testamento político.

Estados Unidos —como Europa, Australia y cualquier otra región desarrollada del planeta— se enfrenta a la necesidad de embridar un sistema fuera de control en el que la obsesión de los gobiernos por determinar quién entra, para qué y por cuánto tiempo choca con la naturaleza de un fenómeno que escapa en buena medida a su control. El resultado es una combinación de ineficiencia económica, crueldad institucional y desgobierno que no deja satisfecha a ninguna de las partes involucradas y amenaza con dinamitar derechos internacionales adquiridos como la protección de quienes huyen de la guerra y la persecución. La búsqueda de alternativas se ha convertido en un ejercicio de interés propio tanto como en una obligación ética.

Más de 240 millones de personas viven fuera de sus países de origen como emigrantes. Cerca de 150 millones son considerados estrictamente emigrantes económicos

De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, más de 240 millones de personas viven fuera de sus países de origen como emigrantes. De estos, cerca de 150 millones son considerados estrictamente emigrantes económicos y una cantidad similar se ha establecido en los países desarrollados. Las cifras mundiales de movilidad humana se han multiplicado por dos a lo largo de la última década, consolidando un proceso que nos definirá como sociedad global en el siglo XXI. Frente a los mitos que rodean a este fenómeno (“buscan nuestras ayudas sociales”, “no podemos acoger a tantos”), la observación objetiva de los hechos demuestra el beneficio económico neto de la inmigración y explica sin ambages la ecuación detrás de este fenómeno: desigualdad de ingreso en origen, transición demográfica en las economías de destino y multiplicación de factores de inestabilidad como los conflictos y los desastres naturales.

Cada una de estas variables tiende a ganar intensidad, más que lo contrario. Los economistas del Center for Global Development Michael Clemens y Lant Pritchett han descrito una realidad en la que el simple desplazamiento a los EE UU permitiría a un boliviano de formación media multiplicar sus ingresos reales por 2,7, y a un nigeriano por 8,4. En el caso de los desplazamientos forzosos, el Consejo Noruego para los Refugiados advertía recientemente de que los fenómenos naturales extremos derivados del cambio climático podrían provocar en los próximos años un éxodo equivalente al número total de refugiados que existen hoy en el planeta. Para decenas de millones de individuos que han caído en el lado equivocado de la desigualdad y conocen a través de sus redes lo que pueden esperar en destino, la emigración constituye una vía rápida y eficaz de cruzar la brecha, por arriesgada que parezca.

¿Sirven para algo los controles migratorios? La respuesta simple que dan los estudios realizados hasta ahora es que no

Ante este panorama, la respuesta de las regiones de destino ha sido multiplicar y sofisticar los mecanismos de control, como demuestra el ejemplo europeo. De acuerdo con un estudio, dos tercios de las 92 reformas migratorias introducidas por los países miembros de la UE entre 1990 y 2009 iban destinadas a restringir la capacidad de movilidad y residencia de los nacionales de países terceros. Pero la tentación defensiva de Europa ha alcanzado niveles de histeria a lo largo de la crisis de refugiados, donde todas las líneas rojas se han desdibujado. El Gobierno de Dinamarca, que comenzó publicando anuncios intimidatorios en los periódicos libaneses y limitó después al mínimo la recepción de refugiados, ha terminado confiscando sus ahorros en frontera con la connivencia de la oposición socialdemócrata. Mientras los gobiernos de Francia y el Reino Unido han convertido los asentamientos de Calais en un infierno del que mantenerse lejos, Hungría enarbola la bandera de la identidad religiosa y las muertes de 15 inmigrantes subsaharianos en la playa ceutí del Tarajal siguen impunes dos años después de la tragedia. El Estado de excepción migratorio responde a la lógica del sistema y contamina a instituciones, gobiernos y partidos más allá de sus retóricas habituales.

El efecto real de esta deriva sobre la llegada de nuevos inmigrantes es muy cuestionable, sin embargo. Hace solo unos días, el prestigioso think tank británico Overseas Development Institute (ODI) presentaba un estudio realizado en Londres, Manchester, Berlín y Madrid (en este último caso, en colaboración con la Fundación porCausa) que trata de contestar una de las preguntas fundamentales de este debate: ¿sirven para algo los controles migratorios? La respuesta simple es que no. Como ya han demostrado investigaciones anteriores acerca de las motivaciones de los individuos para embarcarse en un proyecto migratorio, las respuestas de los inmigrantes dejan clara la irrelevancia de las medidas de control y la restricción de beneficios sociales en destino. Lamentablemente, la respuesta de los países de acogida no se sostiene sobre la base de sus resultados prácticos, sino de sus riesgos electorales. Como señaló el Director del ODI Kevin Watkins durante la presentación del informe, “las buenas políticas deben incorporar una combinación de evidencia y valores, y es difícil encontrar un área en la que las acciones de los gobiernos estén menos dirigidas por la evidencia y más por los prejuicios”.

Dos tercios de las 92 reformas migratorias introducidas por los países miembros de la UE entre 1990 y 2009 iban destinadas a restringir la capacidad de movilidad y residencia de los nacionales de países terceros

Frente a esta situación, el único acuerdo no declarado entre observadores y políticos de todo el espectro ideológico es que el sistema actual no nos sirve. A diferencia de otros símbolos de la globalización como el comercio de bienes y servicios, el cambio climático o la responsabilidad penal internacional, las migraciones carecen de un marco institucional sólido que facilite la cooperación entre las partes sobre la base de un interés común. El espectáculo al que estamos asistiendo en Europa es en realidad un microcosmos de un fenómeno global que se repite con variaciones en cada una de las regiones desarrolladas del planeta.

La tarea titánica de proponer una alternativa a este galimatías ha recaído sobre los hombros de Peter Sutherland, un veterano político irlandés designado por el Secretario General del la ONU como su representante para la reforma del modelo migratorio. “Cuando me eligieron, John Bolden [el polémico embajador de George W. Bush ante la ONU] me llamó y me dijo: ‘Olvídalo. Este es un asunto de soberanía nacional. Nunca aceptaremos nada.’ Pero Bolden se fue, y llegó una nueva Administración y las posiciones variaron. Las cosas cambian”. Desde que fuera nombrado en 2005, el posibilismo impenitente del señor Sutherland le ha permitido ir posicionando la reforma migratoria en la agenda internacional. Los Foros Globales sobre Migraciones pasaron de agrupar esporádicamente a un puñado de expertos y defensores de los derechos humanos a convertirse en una referencia anual de las mejores ideas reformistas, destacando su contribución al progreso común. Por primera vez, la idea de “facilitar la emigración segura, ordenada y regular de las migraciones” ha sido incluida como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que definirán la agenda global hasta 2030.

El simple desplazamiento a los EE UU permitiría a un boliviano de formación media multiplicar sus ingresos reales por 2,7, y a un nigeriano por 8,4

Pero el hito político más relevante tal vez sea la cumbre sobre las migraciones convocada en Nueva York para el 19 de septiembre de este año, donde se espera que Obama y Ban Ki Moon definan su legado en este ámbito. La cumbre coincidirá con la presentación del informe de recomendaciones que Sutherland ha ido elaborando con ayuda de su equipo, y que celebró su reunión consultiva más reciente la semana pasada en Londres.

¿Qué se puede esperar de este proceso? Las alternativas sobre la mesa son diversas y toman muy en serio las dificultades políticas de abordar la flexibilización de fronteras. En algunos casos adoptan un carácter casi quirúrgico que busca construir lentamente la confianza entre las tres partes involucradas: los países de origen y destino, pero también los propios inmigrantes. Michael Clemens, por ejemplo, ha promovido un Partenariado Global de Capacidades que consiste en el acuerdo de empleadores y/o gobiernos con los países de origen para formar y traer personal especializado en aquellos sectores donde es más necesario para los países desarrollados, como el de la enfermería. Al igual que en el caso de una propuesta similar centrada en la concesión de visas de trabajo temporales para los haitianos castigados por el terremoto de 2005, esta idea va dos pasos más allá del trazo grueso con el que se debaten las políticas de inmigración laboral en nuestras sociedades. Los acuerdos bilaterales deben considerar aspectos tan prácticos como el coste de la contratación de trabajadores, la posibilidad de intentarlo de nuevo después del primer retorno (migraciones circulares) o la compensación a los países en origen por el coste de la formación de sus emigrados (la denominada fuga de cerebros).

Las cifras de movilidad humana se han multiplicado por dos a lo largo de la última década

Otras ideas se apoyan en experiencias previas de construcción institucional —como la Organización Mundial del Comercio— para desarrollar mecanismos regionales o plurilaterales de cooperación migratoria. La UE constituye en sí misma el experimento histórico más relevante, y algunas regiones como el Mercosur o la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao, por sus siglas en francés) facilitan la movilidad interna de sus ciudadanos. Pero el verdadero reto consiste en establecer acuerdos entre regiones desarrolladas y en desarrollo, un ámbito en el que todo está por experimentar. En este sentido, el Proceso de Rabat —un espacio de diálogo que cubre el corredor migratorio de África occidental hasta Europa y en el que España ha jugado un papel protagonista— constituye un experimento primitivo pero prometedor en el que países de origen y destino podrían establecer cuotas predecibles de emigración sobre la base de derechos y obligaciones compartidas.

El hecho de que el Fondo Fiduciario de 1.800 millones aprobado por la UE en respuesta a la crisis migratoria ponga menos interés en estas ideas que en programas tradicionales de desarrollo que buscan ‘retener’ a la gente en sus países demuestra hasta qué punto no han entendido nada.

Ningún esfuerzo tendrá éxito mientras los países ricos insistan en una estrategia unilateral que incumple la ley, contradice sus valores y perjudica sus intereses económicos. En palabras de Peter Sutherland —que tiende a expresarse en un lenguaje poco habitual para los círculos diplomáticos—, la respuesta europea a la crisis de refugiados es “inepta y xenófoba”, pero también peligrosa: “¿Qué es la soberanía? Incluso en su definición más estricta, esta solo puede ser preservada por la vía de la cooperación, y debilitada por la falta de ella. El tipo de respuestas que estamos presenciando contradicen la idea de sociedades liberales que costó 70 años construir”. En otras palabras, el problema es ignorar que la obsesión por el control de las fronteras desencadena riesgos que amenazan lo que queríamos preservar en primer lugar. Entender y calibrar estos riesgos es el primero paso para inocularnos frente a ellos.

Gonzalo Fanjul es cofundador de la Fundación PorCausa de periodismo e investigación.