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El Supremo de Pakistán juzga por desacato al primer ministro

Entre la espada de los militares y el martillo de los jueces. El primer ministro de Pakistán, Yusuf Raza Gilani, se defendió ayer ante el Tribunal Supremo de la acusación de desacato a la autoridad judicial que podría inhabilitarle para seguir en el cargo. Gilani fue citado hace cuatro días para que explicara por qué su Gobierno había ignorado el veredicto por el que se deroga la amnistía aprobada en 2007 para políticos con causas abiertas ante la justicia -la mayoría por corrupción-, incluido el presidente Asif Alí Zardari.

Gilani expresó su respeto al máximo órgano de justicia de Pakistán, pero insistió en que Zardari, como jefe de Estado, goza de inmunidad total. "No será un buen mensaje enjuiciar a un presidente que ha sido elegido por una mayoría de dos tercios", declaró.

El tribunal sostiene que, una vez anulada en 2009 esa amnistía, el Gobierno debía haber pedido a Suiza que reabriera un caso por corrupción contra Zardari y su esposa, la asesinada ex primera ministra Benazir Bhutto. Un tribunal suizo declaró a ambos culpables en rebeldía en 2003, por blanqueo de millones de euros en empresas suizas mientras estaban en el Gobierno.

El objetivo es Zardari

Tras el atentado contra Benazir, en diciembre de 2007, el viudo y exministro heredó el liderazgo del Partido Popular de Pakistán (PPP), que ganó elecciones y gobierna en coalición. Zardari es el objetivo último del Supremo.

Gilani siempre se ha negado a solicitar a Berna la reapertura del caso contra Zardari, pero ayer su abogado, Aitzaz Ahsan, dejó la puerta abierta a un cambio de postura. "No hay nada malo en escribir una carta a las autoridades suizas", afirmó. "El presidente tiene inmunidad total contra cualquier procedimiento judicial", dijo el abogado al insistir en que el primer ministro "no es culpable de desacato". Si Gilani es hallado culpable, puede enfrentarse a una pena de cárcel y a la inhabilitación para cargo público.

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La audiencia duró una hora, y el caso fue pospuesto hasta el próximo 1 de febrero.

Los militares, que han gobernado Pakistán más de la mitad de sus 64 años de historia, están también enfrentados con Gilani por el denominado memogate, una serie de documentos secretos que supuestamente revelan que el Ejecutivo pidió ayuda a EE UU para frenar un posible golpe de Estado.

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