Francia cuestiona por primera vez la nuclear como pilar energético

Francia, el país más nuclearizado de Europa, ha reabierto a fondo el debate sobre la energía atómica tras la catástrofe nuclear de Fukushima, desencadenada por el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo en Japón. Los socialistas y los ecologistas, favoritos para las presidenciales de mayo, han firmado esta semana, pese a algún desacuerdo de última hora, un pacto electoral que les compromete ante la ciudadanía a cerrar para 2025, 24 de los 58 reactores en servicio, que generan el 75% de la electricidad que consumen los 65 millones de franceses. El átomo se convierte así en uno de los grandes temas -junto al empleo y el poder adquisitivo- de la próxima batalla electoral, que llega en un momento muy delicado para la economía nacional, cada vez más tocada por la crisis de la deuda que recorre Europa.

Sarkozy cree "irresponsable" la propuesta por los daños a la industria

El IRSN, el organismo que reúne a los expertos en protección de la radiación y en seguridad nuclear, reveló ayer que Francia necesita proteger mejor las funciones vitales de todas sus centrales actuales y de la que se construye en Flamanville (Normandía), con el fin de evitar una catástrofe ante un eventual desastre natural. Las pruebas de esfuerzo realizadas tras el accidente de Japón han determinado que será necesaria una gran inversión en mantenimiento y seguridad y varios años de obras.

La noticia no pareció cambiar la opinión del presidente francés, Nicolas Sarkozy, que ayer criticó el acuerdo alcanzado por la izquierda y aseguró que no permitirá que se cuestione un sector que calificó como "una baza excepcional" para el país. "Abandonar esta energía o reducir de forma autoritaria su peso en nuestra producción energética sin tener soluciones alternativas (...) significaría daños considerables para la industria francesa", advirtió durante un discurso en el que atacó al candidato socialista, François Hollande, subrayando que todos los presidentes del país han defendido el poder nuclear porque es uno de los sectores punteros.

Las centrales francesas son hoy un modelo para muchos países, que envidian la independencia energética gala (cosa discutible, porque la fisión del átomo de uranio solo genera luz) y una creciente pujanza exportadora que le ha llevado a firmar acuerdos relacionados con el átomo con países como Argelia, Libia, Jordania, Marruecos, Túnez, Emiratos Árabes, China, India y Brasil.

El gigante nuclear Areva -de mayoría pública, y con participación de la alemana Siemens- suele recordar que Francia y Suecia son los miembros de la UE que emiten, en proporción, menos CO2, y está ahora construyendo dos nuevas centrales de tercera generación, en Finlandia -Olkiluoto- y Flamanville, que deberían empezar a funcionar en 2012.

Pero, siguiendo el ejemplo de Alemania y de Italia, que han decidido frenar en seco sus programas nucleares (Berlín por decisión de su canciller, Angela Merkel, y Roma tras un referéndum), los Verdes franceses han intentado convencer a los socialistas de que lo mejor sería abandonar del todo esta energía.

Hollande, haciendo gala de su imagen moderada y presidencialista, solo ha transigido en reducir el peso relativo del átomo desde el 75% hasta el 50% en las dos próximas décadas. El acuerdo no ha sido fácil, porque el socialista no ha querido comprometerse a parar las obras de Flamanville en la costa de Normandía, viejo caballo de batalla ecologista, y ha chocado con los Verdes al negarse a suprimir la producción de MOX, combustible elaborado a partir del reciclaje del plutonio que alimenta a los reactores.

Areva, que produce el 95% del MOX que se usa en el mundo, se inmiscuyó en la negociación al advertir de las consecuencias que tendría esa decisión para el empleo. En este momento hay en Francia 5.000 personas cuyo trabajo depende de la producción de MOX en La Hague y Marcoule.

Ayer, el PS y los ecologistas acordaron poner en marcha un "plan de reconversión" del sector, a medida que se vayan cerrando las centrales, y sustituirlo con "centros de excelencia en el tratamiento de residuos y el desmantelamiento de reactores". La izquierda se compromete, además, a no exigir la retirada de este combustible antes de 2017 para no perjudicar a la economía nacional.