Navarra abre un registro de sanitarios que objetan al aborto
Un año después de su polémica aprobación en el Parlamento foral, el Gobierno de Navarra, ahora de coalición UPN-PSN, ha puesto en marcha el registro de profesionales sanitarios que objetan al aborto. La norma, pendiente de un recurso que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional -a su juicio crea "una lista negra"-, afecta solo a los trabajadores del Servicio Navarro de Salud directamente implicados en estas intervenciones: ginecólogos, anestesistas, obstetras, enfermeras y matronas.
Los profesionales que no quieran realizar dicha intervención por razones de conciencia deberán manifestarlo anticipadamente y por escrito, según recoge la ley, impulsada en la anterior legislatura por el PSN y aprobada (con enmiendas de NaBai e IU) con los votos en contra de UPN y CDN. De hecho, la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina (UPN), que tomó posesión de su cargo en julio, ya se ha manifestado en varias ocasiones en contra de esta iniciativa, pero según ha recalcado, su Ejecutivo "debe cumplir todas las leyes, aunque no le gusten".
El objetivo que persigue esta norma es recoger las declaraciones de conciencia para, con esta información, conocer los centros públicos en los que se puedan practicar abortos.
Primera clínica privada
En la actualidad, no existen en la comunidad foral centros públicos donde se realicen interrupciones de embarazo y el Ejecutivo sigue derivando las intervenciones a centros de comunidades vecinas, a la espera de la apertura de una clínica privada en Ansoáin, prevista para principios de año. Este centro, el primero de estas características en Navarra, ya ha obtenido la autorización del Gobierno y la licencia de apertura del Ayuntamiento, según sus promotores.
La creación de este registro "es un paso importante" para acabar "con las excusas que durante años ha puesto UPN, que aseguraba que no existían ginecólogos dispuestos [a practicar abortos] en Navarra", dice la portavoz del PSN, María Chivite, satisfecha, como Nabai, de que a las navarras se les "garantice este derecho en igualdad de condiciones".
Los profesionales especificar en su declaración de objeción de conciencia cuáles de los supuestos recogidos en la ley objetan: la interrupción libre en las primeras 14 semanas, o hasta las 22 siempre que exista grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o riesgo de anomalías.
