Una mafia de proxenetas y policías reinaba al otro lado de las escuchas

"Si estás interesado en conocer la Coslada de Lugo, llámame y te presentaré a unas personas que te pueden informar". Esta frase pronunciada al oído de un agente de la Guardia Civil en la barra de un pub de Lugo a principios de diciembre de 2008 fue el detonante de la Operación Carioca, una ardua investigación que ha sacado a la luz la presunta mafia policial que, durante años, ha amparado la explotación sexual de cientos de mujeres en una de las provincias aparentemente más tranquilas y seguras de España. Entre los más de 60 imputados por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, inducción al aborto u omisión del deber de perseguir delitos, figuran una veintena de agentes y mandos de la Policía Local y Nacional y de la Guardia Civil, así como el coronel José Herrera García-Lora, máximo responsable de la Comandancia de Lugo entre 2000 y 2009, y el exsubdelegado del Gobierno en Lugo Jesús Otero. Decenas de testigos, fotografías, vídeos y escuchas telefónicas dibujan una supuesta trama de agentes del orden compinchados con proxenetas, que chantajeaban, maltrataban y abusaban de prostitutas extranjeras mientras sus superiores en el cuerpo miraban para otro lado. Se investiga, incluso, si pudo haber asesinatos.

Los compañeros hicieron el vacío a las dos guardias que destaparon la trama

El jefe de la comandancia destruyó una nota de asuntos internos

Un incidente en un piso de acogida para mujeres hizo saltar las sospechas

El equipo de fútbol de la policía recibía el patrocinio del jefe de un burdel

En el vértice de esta pirámide de corrupción policial, de la que supuestamente fueron testigos jueces, empresarios y políticos, está el cabo Armando Lorenzo, un guardia muy popular en Lugo que, según los testimonios recogidos por la juez Pilar de Lara, cultivaba amistades poderosas tanto en los despachos como en los antros de la ciudad. Un magistrado jubilado declaró que el guardia, al que define como "servicial", tenía "muy buenas relaciones" con "todos" los jueces de Lugo y "también con la fiscalía". "Soy policía y no me va a pasar nada. A ti no te van a creer porque eres extranjera y prostituta. Yo tengo muchas influencias", presumía el agente imputado, según una de las víctimas.

El cabo Lorenzo se movía a sus anchas entre los malhechores de los burdeles y, a su vez, era el responsable del Emume lucense, el equipo de la Guardia Civil dedicado a asistir a mujeres en peligro, incluidas las prostitutas que huían de los malos tratos y abusos de esos mismos proxenetas. Fueron las sospechosas maniobras de este agente en su condición de responsable de esta unidad las que propiciaron, en 2005, unas denuncias internas ignoradas por los mandos de la Guardia Civil y presuntamente ocultadas por el socialista Jesús Otero, en aquel entonces subdelegado del Gobierno en Lugo y ahora imputado en la causa.

En la primavera de 2005, el cabo Lorenzo protagonizó un grave episodio en uno de los pisos secretos en los que se refugian mujeres maltratadas. El guardia envió a la madama de un club de alterne a una de estas viviendas para que fuese a repescar a dos prostitutas huidas y alojadas allí. Ante la negativa de las responsables del piso de acogida a abrirle la puerta a la enviada del agente, fue el propio Lorenzo el que cogió a las internas y se las llevó al club Luxor.

Ante la gravedad de los hechos, trabajadoras sociales del Ayuntamiento y de una ONG acudieron a la concejala de Bienestar Social de Lugo, la socialista Carmen Basadre, que a su vez alertó al entonces subdelegado del Gobierno, Jesús Otero. En una reunión en su despacho, Otero, ahora acusado de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, prometió investigar al cabo Lorenzo, pero pidió discreción a la edil por las buenas relaciones que el agente tenía con la máxima autoridad en la Comandancia de Lugo, el teniente coronel José Herrera García-Lora, también imputado. Cuatro años después, el guardia Lorenzo fue detenido en la Operación Carioca.

La denuncia llegó también a mandos de la Guardia Civil. Fue a través de estas mismas trabajadoras sociales, que relataron los hechos a dos agentes del Emume, compañeras de Lorenzo. Para ellas era la gota que colmaba el vaso, tras meses intuyendo irregularidades y oyendo rumores sobre las prácticas del cabo, por lo que se negaban a firmar diligencias en las que ellas no hubieran estado presentes. Decidieron entonces presentar un informe a su superior, el capitán Andrés Manuel Velarde, con todo lo que sabían o sospechaban.

El escrito está firmado el 4 de junio de 2005 por las dos compañeras de Lorenzo. Expone el caso del piso protegido y el testimonio de las trabajadoras sociales y abogadas que recurrieron a ellas. Una letrada les comentó su extrañeza por la forma de trabajar de Lorenzo. Siempre que el guardia remitía a prostitutas extranjeras a los servicios sociales, las chicas acudían con la errónea creencia de que eran testigos protegidas cuya situación iba a ser automáticamente legalizada. Esto se suma, según el relato de las agentes, a lo que ya le habían comunicado al capitán de forma verbal: "El contacto con las testigos protegidas es el cabo de forma personal y exclusiva; casi todas las investigaciones relacionadas con la prostitución fueron iniciadas por el cabo Armando y durante los horarios de oficina ninguna prostituta fue a presentar denuncia, salvo cuando el cabo estaba solo; resulta extraño que todas las intervenciones se realizaron en determinados clubes, nunca en otros". El informe continúa durante tres páginas con las supuestas irregularidades que detectaron en el comportamiento de Lorenzo.

Las dos agentes relataron que tras estudiar el informe, el capitán Velarde las llamó a su despacho y les dijo: "Yo no he visto nada". Les indicó que si querían presentar denuncias lo hicieran por un conducto oficial y que, si lo hacían, al primero que daría cuenta es al propio cabo, lo que ellas entendieron como una amenaza. En su declaración como imputado, Velarde esgrimió que los hechos denunciados por sus subordinadas formarían parte, si eran ciertos, de la vida "particular" del cabo Lorenzo. No recuerda si se las trasladó a su superior, el entonces teniente coronel Herrera, hoy coronel jefe del centro de coordinación regional de Canarias.

Tras presentar este texto, el ambiente en la oficina se volvió hostil contra las dos agentes. Lorenzo les retiró el saludo y otros compañeros les "torcían la cara", por lo que entienden que el capitán difundió el escrito, que más tarde presentarían también a asuntos internos de Madrid. Entre los comentarios de sus compañeros, uno de los imputados, el brigada Julio Baquero, llegó a decir de ellas que eran "unas legalistas y quisquillas", según aseguran las guardias.

El incidente con el cabo Lorenzo en los pisos de acogida llegó también a oídos del entonces teniente coronel Herrera a través de una nota de asuntos internos. El máximo responsable de la Comandancia de Lugo aseguró que se limitó a preguntar "genéricamente" en el cuartel "cómo iban las cosas" en la unidad a la que estaba adscrito el agente y, al no recibir ninguna queja, se olvidó del asunto y destruyó el escrito.

Ya solo por lo que los propios agentes han admitido ante la juez, se sabe que las relaciones entre los matones de los prostíbulos y las fuerzas de seguridad eran muy estrechas. El equipo de fútbol de la policía recibía el patrocinio de uno de los jefes de los burdeles y los clubes de alterne eran lugares habituales de juerga cuando los efectivos masculinos se iban de cena. Un inspector de la Policía Local ha confesado que en su tiempo libre se encargaba de gestionar seguros y alquileres de prostíbulos.

Los informes de asuntos internos incluidos en el sumario sostienen que detrás de este compadreo entre agentes y proxenetas se esconde una auténtica mafia que abusaba de la "especial situación de desamparo" en la que se encontraban cientos de mujeres extranjeras, explotadas sexualmente en los prostíbulos bajo la amenaza de muerte a sus familias y obligadas a pagar deudas prohibitivas para sus bolsillos. Policías y guardias civiles están acusados en Lugo de garantizar protección a los encargados de los burdeles a cambio de no pagar ni los servicios sexuales ni las copas, de avisar a los proxenetas cuando iba a haber alguna redada y de amañar trámites burocráticos en Extranjería para frenar o impulsar deportaciones de prostitutas en función de los intereses de los amos de las barras americanas.